A pesar de su estruendoso fracaso, la "guerra contra las drogas" sigue vigente. Si bien su espacio preferencial de despliegue ha sido la periferia -uno de cuyos epicentros es América latina-, su manifestación es global. La draconiana legislación federal en Estados Unidos, la cantidad (la mayor de Occidente) de personas encarceladas en ese país por delitos vinculados al negocio de las sustancias psicoactivas ilícitas, el hincapié de Washington en políticas de combate interno contra las drogas centrado en la reducción de la oferta, la limitación de derechos civiles por motivo de una cruzada antinarcóticos doméstica muestran que la dinámica "guerrera" contra las drogas no se ha circunscripto al Sur. El vigor de la cruzada ha estado presente en distintos continentes con diferentes tradiciones institucionales, políticas y culturales. Por ejemplo, durante el mandato del conservador primer ministro John W. Howard (1996-2007), Australia conoció la política de
Tough on Drugs (Duro con las drogas) modificando la de reducción de daños que había imperado durante años. En 2003, Rusia lanzó su propia cruzada antinarcóticos, que en 2011 adquirió la denominación de "guerra total contra las drogas", en la que los traficantes son definidos como "asesinos seriales".
Varias naciones de Africa Occidental, afectadas por el tránsito de cocaína de América latina a Europa, así como por el consumo de drogas y el avance de bandas criminales, han emprendido su versión de la "guerra contra las drogas". Suecia se ha caracterizado por sostener activas posturas de "mano dura" en la materia, tanto internamente como en foros internacionales. En 2000, los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, junto con China iniciaron el Accord (
Asean and China Cooperation Operations to Response to Dangerous Drugs ) con el propósito de tener una Asean y una China "libres de drogas" en 2015, propósito inalcanzable. El 15 de abril de 2005, el Comité Central del Partido Comunista de China -con la presencia del presidente Hu Jintao- emprendió la
People's War on Drugs (guerra popular contra las drogas). Cabe agregar que existen 32 jurisdicciones que tienen la pena de muerte para esos delitos; 13 de ellos con sentencias obligatorias de pena de muerte. De acuerdo con la International Harm Reduction Association, Irán ejecutó por lo menos 96 personas en 2008; 172, en 2009, y aproximadamente 590, en 2010.
En la "guerra contra las drogas" prevalece la decisión política -burocrática, electoral o ideológica- de continuar el curso de acción trazado a pesar de los fracasos y frustraciones. Si se conciben paliativos -por ejemplo, algo de desarrollo rural alternativo junto a la erradicación forzada de cultivos- es, primordialmente, para hacer más eficaz la tarea punitiva y, en segundo término, para contener el rechazo social que produce la coerción. En síntesis, el mensaje es que la "guerra contra las drogas" no se puede ni se debe detener.
Ahora bien, para los países de la periferia -en especial para América latina- la encrucijada estratégica derivada de la "guerra contra las drogas" es dramática.
Primero, con convicción o por conveniencia, en un momento histórico dado los gobiernos de la región aceptaron la "guerra a las drogas"; segundo, las respectivas sociedades, por desconfianza (hacia el Estado) o complacencia (frente a los cuantiosos dividendos del narcotráfico) o pavor (ante las confrontaciones entre aparatos militares oficiales y parainstitucionales), no les otorgan suficiente respaldo ni esperanza a las políticas públicas antidrogas; tercero, independiente de lo anterior Estados Unidos (principalmente) y la Unión Europea (recientemente) han ido identificado el fenómeno de las drogas como un problema de seguridad asociado a la criminalidad organizada y al terrorismo transnacional. En consecuencia, si los Estados periféricos abdican, son estigmatizados como desertores de dos "guerras" (contra las drogas y contra el terrorismo); por esta razón, se ven obligados a persistir en esa cruzada, pero con menor apoyo ciudadano, mayor ilegitimidad doméstica y más exigencia externa. Así, la "guerra contra las drogas" se perpetúa: en verdad, la encrucijada parece ser una trampa de la cual sería muy difícil salir.
Sin embargo, la fatiga, el empuje, el realismo y la convicción de muchos frente a una fútil cruzada han ido generando un cierto clima mundial y continental para reevaluar el alcance de la "guerra contra las drogas". Así, los principales centros de investigación y los expertos más reputados reclaman estudios basados en evidencia sobre los resultados de la lucha contra los narcóticos. Organizaciones tales como la International Drug Policy Consortium, el European Coalition for Fair and Effective Drug Policies, el TNI (Transnational Institute)/WOLA (Washington Office on Latin America) Drug Law Reform Project, el Asian Harm Reduction Network, la Menahra (Middle East and North Africa Harm Reduction Association), el Centre for Research and Information on Substance Abuse (localizado en Nigeria), y la DPA (Drug Policy Alliance) y la CSDP (Common Sense for Drug Policy) ubicados en Estados Unidos han venido demandando un debate más franco y frontal sobre los costos y desventajas de una guerra sin futuro.
En algunos casos, se observan avances y logros en un sendero menos punitivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, iniciativas refrendadas localmente a través del voto y leyes aprobadas por los legislativos estaduales han avalado el uso de la marihuana para fines medicinales y han conducido a reformas en el tratamiento (menos encarcelamiento y más rehabilitación) de los consumidores. En Europa, la descriminalización de las drogas emprendida por Portugal en 2001 no produjo el auge del uso de drogas o un incremento de la criminalidad organizada. En la India, el establecimiento de ciertas áreas para el cultivo legal de amapola ha mostrado que la regulación en vez de la prohibición puede funcionar adecuadamente.
Pero ha sido en América latina donde se observan los mayores cambios y quizás el fenómeno de más alto impacto respecto a la "guerra contra las drogas". Por una parte, decisiones en el ámbito judicial o legislativo han reflejado un espíritu menos prohibicionista, al tiempo que países como México tienen programas de intercambio de jeringas descartables y de terapia sustitutiva en el caso de opiáceos, mientras todos los miembros de Mercosur tienen el segundo tipo de programas, y Colombia, el primero.
Por otra parte, ha crecido en cantidad y calidad la polémica política que cuestiona la estrategia vigente en materia de lucha antinarcóticos. En 2008, el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, propuso la legalización de las drogas. En 2009, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió la despenalización de la hoja de coca. En ese año, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo y compuesta por 17 personalidades, concluyó que la "guerra contra las drogas" ha sido una "guerra perdida", con nocivos efectos para toda la región. En 2012, tanto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el de Guatemala, Otto Pérez, han expresado la importancia de abrir un debate profundo sobre la despenalización y la legalización de las drogas.
En varios gobiernos de América latina se observó un mayor interés para que la VI Cumbre de las Américas, por celebrarse el mes próximo en Colombia, abordase el tema: Washington, a regañadientes, aceptó la discusión, pero para expresar que "no es la manera de enfrentar el problema", según palabras del subsecretario de Estado para Asuntos Públicos, Michael Hammer.
Recientemente, y a raíz de la concreción del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, en el marco de la Unasur (Unión de las Naciones Suramericanas), se anunció que en el cónclave de mayo próximo en Cartagena los ministros sudamericanos conversarán sobre el estado de la lucha contra las drogas y las opciones alternativas para afrontar el asunto.
En resumen, una ventana de oportunidad parece abrirse en el horizonte de las relaciones continentales. La "guerra contra las drogas" no ha tenido ni va a tener, éxito alguno. Es momento de iniciar su desmantelamiento.
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