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Tema: Modelo basico de recurso

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    Modelo basico de recurso

    Aquí dejo un modelo que solo hay que cambiar según que circunstancias si las hubiere y ya esta espero que os sirva en las FAQ tenéis mas incluso una guía para según que pasos dar.




    MODELO DE RECURSO DE MULTA POR TENENCIA DE HACHIS/MARIHUANAA LA ATENCIÓN DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN .................................................. EXP número -----------------------------------, mayor de edad, con domicilio en ----------------, con D.N.I. número.----------------, Comparece ante esta Administración y, como mejor proceda enderecho, DICE:Que habiéndose me notificado acuerdo de incoación de procedimiento sancionador en el expediente al margen referencia do, y dentro del plazo legalmente conferido para ello, comparezco en el mismo y formulo las siguientes:

    A L E G A C I O N E S

    PRIMERA.- Debo discrepar totalmente de la calificación que la administración da a los hechos imputados al referir en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador la comisión del siguiente hecho: "tenencia ilícita de droga tóxica o estupefaciente el día ------------------------".Tal imputación es arbitraria puesto que no existe ningún elemento que permita manifestar que la tenencia de dicha sustancia (hachís/marihuana) fuese ilícita,aportando sin embargo esta parte acreditación de la licitud de la tenencia por cuanto que la misma viene motivada por su uso terapéutico, recogido por el Tribunal Supremo cuando, en sentencia de 4 de febrero de 1987, afirma que el bien jurídico protegido en abstracto por el delito contra la salud pública es precisamente la salud pública puesta en peligro por el consumo de estupefacientes con fines no científicos o médicos.A pesar de que dicha sentencia es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana donde se pretende dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de los medios necesarios para proteger y prevenir el interés general, es evidentemente no puede pasar inadvertido que precisamente en dicha Ley se sanciona la tenencia ilícita, admitiendo por tanto la existencia de una tenencia lícita, como ya había sido puesto de manifiesto por la jurisprudencia penal existente, siendo dicha tenencia lícita la destinada a fines médicos o científicos.No se puede obviar que el interés general cuya protección se pretende mediante la Ley de Seguridad Ciudadana tiene dos vertientes:1º.- La paz pública. La sanción de conductas como "el consumo en lugares,vías, establecimientos o transportes públicos" pretende proteger la paz pública

    que podría verse alterada por la exhibición u ostentación del consumo desustancias en lugares públicos, evitando así la inferencia de la actuación de un ciudadano en la conducta de otros ciudadanos que se encuentran en lugares públicos (y ello sin que en ningún caso pueda pretenderse que tal sanción pretenda evitar que se favorezca el consumo a terceros por cuanto que dicha actuación ya está debidamente sancionada en el ámbito penal).2º.- La salud pública. La sanción de "la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas", al ser una conducta únicamente conocida por el propio poseedor y que no supone exhibición ni ostentación de la posesión de dichas sustancias(por cuanto que si existe exhibición la sanción vendrá determinada por haber consumido o hecho ostentación de dicha sustancia en lugares públicos), viene a proteger la salud pública, pero en este caso la salud pública del propio tenedor en una actuación de lo que se conoce como estado-padre (es evidente que sólo puede protegerse la salud pública del propio consumidor por cuanto que en el caso de pretender la protección de la salud pública de terceros volveríamos a estar ante una inferencia en el ámbito de la protección penal), perdiendo todo su sentido esa pretendida protección de la salud pública del propio poseedor cuando la tenencia pretende precisamente un uso científico, médico o terapéutico destinado a mejorar la salud del mismo, desapareciendo la ilicitud dela tenencia y convirtiéndose entonces en una tenencia perfectamente lícita.En el supuesto aquí presente nos encontramos con una persona que ni consumía en público ni hacía ostentación de la sustancia tóxica, poseyendo la lícitamente con fines terapéuticos según se acredita documental mente, por lo que la intervención y aprehensión de la sustancia efectuada en las presentes actuaciones carece de soporte legal, siendo preceptiva la devolución de la misma a los efectos terapéuticos y de protección de la salud de quien suscribe.


    SEGUNDA.- Tiene recordado el Tribunal Supremo (sentencia de 16 de diciembre de 1986 y 30 de marzo de 1998) que uno de los principios cardinales del Derecho Penal -sustantivo y procesal- contemporáneo es aquel que proclama la presunción de inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada, todo ello según la definición ofrecida por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Este principio, incorporado en lugar preferente al art. 24 CE, produce una inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la prueba al acusador y, en el caso de la potestad sancionadora, a la Administración pues, como bien ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, aunque el Artículo 24 de la C.E. no alude ex-presa mente al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, las garantías procesales establecidas en dicho precepto son de aplicación en los procedimientos administrativos sancionadores. Ello implica,naturalmente, que, para sancionar, será necesario acreditar el supuesto de hecho al que el ordenamiento liga la consecuencia jurídica que la Administración

    pretende imponer. La presunción de legalidad del acto administrativo desplaza sobre el administrado la carga de accionar para evitar la producción de los efectos propios de la figura del acto consentido, pero, una vez accionado, es decir, una vez se oponga o recurra la sanción o acuerdo de sanción, la carga dela prueba ha de someterse a las reglas generales que, en materia sancionadora,son las anteriormente e-puestas (sentencia 21 de abril de 1989); y, oponiéndose el que suscribe a la in coacción del procedimiento sancionador, dicho procedimiento viene obligado a cumplir con lo dispuesto en el Art. 24 de la CE en cuanto a garantías procesales y presunción de inocencia.Por otra parte, es evidente que existe una calificación pública sobre los hechos realizada por personas cuyo testimonio goza de una presunción de veracidad, debiéndose diferenciar respecto al alcance del valor de los mismos entre el testimonio ofrecido por los agentes de la guardia civil sobre hechos cuya fijación viene predominantemente asimilada por vía sensorial y sobre aquellos otros cuya representación se alcanza mediante presunciones o juicios de inferencia (sentencias de 7 y 11 de mayo de 1992), presunciones o juicios de inferencia que deberán someterse, en todo caso, al juicio ponderado obtenido a partir del contraste de dichos testimonios con los otros elementos de conocimiento concurrentes (sentencia de 8 de octubre de 1990, y sentencia76/1990), lo que supondrá la quiebra de la presunción de veracidad de los citados testimonios respecto a las presunciones o juicios de inferencia precisamente por la existencia de elementos subjetivos concurrentes.Así las cosas tenemos que, si bien existiría presunción de veracidad en las manifestaciones de los agentes en cuanto a la existencia de la sustancia en el interior del vehículo -por cuanto tal e-tremo pudo ser apreciado de forma sensorial y directa-, la calificación de dicha tenencia como ilícita se alcanzaría mediante presunciones o juicios de inferencia sobre los cuales ya no sería aplicable tal presunción, debiendo imperar en dicho momento lo dispuesto en nuestro Artículo 24 de la Constitución Española. Y ello porque el Artículo 25,1 dela Ley de Seguridad Ciudadana sanciona la tenencia ilícita, no la mera tenencia y será de cargo de quien acuse probar la ilicitud de dicha tenencia, sin que se haya realizado por parte de la administración actividad alguna tendente a probar tal e-tremo y sin que quepa, precisamente por aplicación del Art. 24 de la Constitución Española, la posibilidad de otorgar presunción de ilícita a cualquier tenencia, má-ime cuando, como sucede en el presente supuesto, la tenencia es debida a motivos terapéuticos.Es un derecho fundamental de todas las personas acceder a todas aquellos tratamientos que estén a su alcance para paliar afecciones físicas o psíquicas sin que pueda en ningún caso entenderse que sea de interés general el limitar dicho acceso como ocurriría en el supuesto de entender como ilícita la tenencia de una sustancia cuyo uso terapéutico está reconocido y aceptado.



    TERCERA.- El artículo 25.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana dice que constituyen infracciones graves el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituyan infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. Por su parte,el artículo 20 de la citada Ley dispone en su punto 1 que "los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad"ahora bien, en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en el referido precepto toda vez que, según se desprende de la propia denuncia de la Guardia Civil, el expedientado, ni estaba consumiendo droga, ni tan siquiera llevaba visible la ínfima cantidad de sustancia que se le intervino, ni menos aún hacía ostentación de la misma; por el contrario, debieron los agentes proceder al cacheo de los ocupantes del vehículo y al registro del mismo para encontrar dicha sustancia en la guantera delantera del coche.


    Incluso el Tribunal Supremo, en sentencia de 24-2-97, ha considerado discutible la legitimidad del cacheo, como sometimiento a las normas policiales de vigilancia e investigación, en defensa de la legalidad, del orden y de la seguridad ciudadana, agregando que es un acto "en el que la arbitrariedad y la proporcionalidad se constituirán en definidores de la cuestión...". Y en este concreto caso se aprecia una total arbitrariedad por cuanto se procedió a la detención del vehículo sin más, porque sí, sin que existiera indicio ni motivo que diera pie a pensar que se estuviera cometiendo un ilícito de ningún tipo, ni siquiera una infracción de tráfico, existiendo una total falta de proporcionalidad entre el servicio que efectuaba la pareja de la Guardia Civil y el "registro" que se hizo al vehículo ocupado como acompañante por quien suscribe y a los propios ocupantes sin aparente causa que lo justificase.


    CUARTA.- Que en la fecha y lugar de los hechos se celebraban las Fiestas Patronales de la localidad, donde se encontraban mas de 200 personas, la mayoría jóvenes que, como él, asistían a un concierto musical con la misma actitud "sospechosa". Que no existió indicio de prueba alguno que motivara el registro -o cacheo- realizado por los funcionarios policiales, que no tuvo otro motivo o justificación que las sospechas despertadas por la indumentaria y aspecto del sancionado, razones que por su mismo carácter discriminatorio demuestran por sí mismas, la in constitucionalidad e ilegalidad de dichos registros (al no haber "hecho delictivo, causante de grave alarma social" no se pretende "descubrir y detener" a los autores). (Explicad las circunstancias reales si es preciso y favorecen al caso).


    QUINTA.- Quiero resaltar que en ningún momento me resistí a los requerimientos de la Policía y que portaba la sustancia al considerar que no cometía ninguna infracción porque me dirigía a mi casa donde pensaba consumirla ya que soy consumidor habitual de dicha sustancia. Sabiendo que el consumo de drogas que no causan grave daño a la salud no es delito entendía que podía circular con ella por la calle, ya que acababa de comprarla y me dirigía a mi casa cuando fui parada por los Policías para que me identificase. Al entender, que según reiterada Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo los actos integrantes de autoc-onsumo (entre los que se encuentra el llevarla a mi domicilio) son atípicos y, por lo tanto, impunes, y subsistiendo dicha impunidad incluso después de la promulgación de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de Febrero sobre protección de la Seguridad Ciudadana, no puedo comprender la existencia de este procedimiento sancionador, ya que no comprendo que el auto-consumo sea lícito pero la tenencia para dicho auto-consumo no lo sea, debiendo aplicarse en el presente caso el principio de " in dubio pro libertate" y, dado que por la mera tenencia no se afecta a un bien jurídico en concreto, no está justificada la in criminación de mi conducta, al no poderse producir una limitación a mi libertad individual. Es decir, en la dialéctica libertad-salud, el legislador sacrifica en materia de drogas el primer derecho o bien jurídico en pro del segundo. Por ello,el daño eventualmente ocasiona ble por la droga en la salud ha de ser significativo. En aquellos casos en que no se haya constatado científicamente que el consumo de una sustancia causa un daño, el principio "in dubio prolibertate" y el de la ponderación de bienes exige la no incriminación de conductas como esta.


    Esta parte pretende hacer uso de los siguientes MEDIOS DE PRUEBA que en este acto propone:- Testifical con examen de los siguientes testigos:- D. ------------------, con domicilio en ---------------------------------, quien conducía el vehículo donde fue encontrada la sustancia y a quien también se sometió a cacheos y registros.- D. ------------------, psicólogo que viene tratando al que suscribe a fin de acreditar el uso terapéutico de dicha sustancia.- Documental consistente en dar por reproducidos los documentos acompañados a este escrito y que acreditan el uso terapéutico de la sustancia intervenida consistentes en informe emitido por el psicólogo Sr. ------------------ y diversos artículos de investigación publicados, impugnando expresamente el documento en el que se recoge la pericial impugnada que dio lugar al presente expediente sancionador.Por todo ello a V.I. SOLICITO que teniendo por presentado este escrito se

    sirva admitirlo con los documentos y copias que lo acompañan, tenga por evacuado en tiempo y forma el trámite conferido y por efectuadas las alegaciones que en el mismo se contienen, así como por propuestos los medios de prueba que se detallan, acordando su práctica y, previos los trámites pertinentes, dicte en su día resolución por la que se acuerde no haber lugar imposición de sanción alguna y devolver a quien suscribe la sustancia incautada indebidamente.Todo ello por ser de Justicia que pido en ------------------, a ----------------- de


    Si veis que se puede añadir o quitar algo también lo comentareis ok,como si vais andando en coche esta es un caso con cohe.





    Aquí otro:


    A LA ATENCION DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN
    (quien corresponda)

    D. mayor de edad, con domicilio en de provisto de D.N.I. núm. , y en relacion con el Expediente Nº ante esta Administración comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

    Que habiéndoseme notificado acuerdo de incoación de procedimiento sancionador en el expediente referenciado y, dentro del plazo legalmente conferido para formular alegaciones, comparezco en el mismo y solicito que, previamente a la formulación de las mismas, me sea facilitada la documentación que luego detallaré en base a las siguientes:
    A L E G A C I O N E S:




    PRIMERA.- En la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recoge entre otros mi derecho constitucional a la mejor defensa posible, entendiendo a tal fin que no es suficiente con la notificación de la incoación del procedimiento sancionador sino que además es preciso que se me ponga en conocimiento los hechos concretos objeto de la denuncia y el resultado del análisis que dio lugar a la incoación del presente procedimiento por cuanto que la versión recogida en el escrito que me ha sido notificado dista mucho de la realidad según se podrá comprobar.

    SEGUNDA.- En Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 15-9-98 se decía literalmente: 3La posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sancionadora se configuran en un estatuto jurídico de garantías que comprende también el derecho de defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la atracción del artículo 24 de la Constitución. La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo.
    Ciertamente, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial.
    En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 pone de relieve la independencia del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo, de modo que la indefensión que en aquél se cause no siempre cabrá subsanarla en la vía judicial, señalándose que: "La resolución administrativa debe dictarse, respetando el sistema de garantías establecido en las normas rectoras del procedimiento, sistema de garantías cuyo designio final es la defensa del administrado frente a la Administración. Si este sistema no se respeta, el acto administrativo resulta viciado. La defensa posible ante la Jurisdicción no elimina la realidad y significación jurídica de la indefensión producida ante la Administración, so pena de confundir los papeles de ésta y aquélla, no le corresponde a la Jurisdicción imponer las sanciones, de ahí que las garantías legales para su imposición no puedan cumplirse ante ella, cuya misión se reduce a controlar si tales garantías se observa ron o no por la Administración".
    La Ley 30/92 ha retenido el derecho constitucional de defensa -artículo 24- como derecho a alegar y probar en el marco del procedimiento administrativo sancionador -artículo 136-. Por tanto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del expediente sancionador.

    TERCERA.- Se reputa en consonancia con la cita jurisprudencial transcrita- que es pertinente y lícita la solicitud de documentos que ahora se realiza pues ya se anuncia que ni los hechos sucedieron como se relatan ni la sustancia intervenida es la que se dice analizada, conculcándose en caso de no obrarse así el derecho que tengo a impugnar el análisis efectuado y a proponer un nuevo análisis de la sustancia intervenida en el que se me dé la posibilidad de tomar parte habida cuenta que en el análisis practicado a instancias policiales no se me dio siquiera la posibilidad de intervenir.
    Es por todo lo expuesto que intereso que me sean remitidos a la mayor brevedad los siguientes documentos:
    a) FOTOCOPIA de la denuncia formulada por el Cuerpo correspondiente (G.C., Policía Nacional,etc.)
    b) FOTOCOPIA del escrito del área funcional de Sanidad, remitiendo informes analíticos.
    c) INFORME analítico con la composición química exacta de la sustancia incautada.
    d) FOTOCOPIA de la recepción de la sustancia decomisada donde quede especificada ,la localizacion de la sustancia incautada durante la tramitación del expediente.

    Manifestándole desde ya que, de no serme remitidos dichos documentos, se podría estar vulnerando mi derecho de defensa y el derecho a la igualdad de partes y se podría exigir la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

    Es por lo expuesto que a V.I. SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y declare la nulidad del procedimiento y acuerde el archivco de las actuaciones, o en otro caso me facilite la documentación indicada a fin de formular en debidas condiciones el correspondiente escrito en el que se recojan todas las alegaciones que ya anuncio haré en mi propio descargo.
    Todo ello por ser de Justicia que pido en:

    __________ a___de________de 20






    Salu2
    Última edición por escubidoo; 15/05/2012 a las 13:56
    No + MULTAS.

    El fascismo avanza si no se le combate.

  2. Los siguientes 12 Usuarios dan las gracias a escubidoo por este Post:

    ailad83 (04/09/2012), Albainos (06/08/2013), cannalopez (26/05/2012), ChodaBoy (19/11/2012), Cochise (16/07/2012), iMpOSiBoL (07/03/2013), kembol (23/11/2012), Mix (20/09/2012), patric (15/06/2012), Rap&Ganjah (06/02/2013), siempreleale (19/07/2012), ^_^-FOOSE-^_^ (13/02/2013)

  3. #2
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    Re: Modelo basico de recurso

    Aparte de lo expuesto en el recurso básico ¿se puede alegar la inexistencia de ningún tipo de ingresos? ¿Podrían imponer otro tipo de sanción? Por ejemplo, servicios a la comunidad. Acaba de llegar una denuncia por tenencia y consumo ilícito de drogas de forma reiterada, 2 veces, las cantidades de marihuana y hachis son de un máximo de 1,27 gr. Gracias.

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