El pueblo a joderse, los banqueros a seguir robando (rescate, bankia...)

[Zacarias]

Sin embargo no hay ninguna movilización exigiendo que los bancos malos, tipo bankia, si se han de extinguir por su mala gestión, que lo hagan; solo está el empecinamiento de que hay que salvarlos a todos, y todos no pueden ser. Claro, que muchas de esas deudas que tienen ese banco/esos bancos, son de prestamos concedidos a los diferentes partidos de diferentes vertientes, y por eso no se ponen de acuerdo las fuerzas politicas en dejar que se hundan, se descubririan demasiados chanchullos en los que estan metidos diversos ayuntamientos y cabildos, como tambien delegaciones provinciales, a los que dejaron prestamos para obras faraonicas y otros proyectos que implicaban mucho viajitos a cuerpo de rey, que ahora no pueden devolver a las diferentes entidades.

[endorfina]

El Ministerio de Hacienda blinda a los bancos para evitar que las autonomías les pongan impuestos

Hacienda crea este tributo para que las comunidades autónomas no puedan poner uno propio sobre depósitos bancarios. Llega después del respaldo del Constitucional al impuesto que tiene Extremadura y que otras autonomías planean ponen en marcha.

EUROPA PRESS Madrid 30/11/2012 12:11 Actualizado: 30/11/2012 14:57



Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria AEBEFE.




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El Ministerio de Hacienda ha creado un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio, dado que dos administraciones no puede gravar el mismo hecho imponible, según confirmaron fuentes del departamento de Cristóbal Montoro.
Las mismas fuentes añadieron que la creación de este nuevo tributo a partir del 1 de enero de 2013 supone que las comunidades que ahora aplican este impuesto (Extremadura, Canarias y Andalucía) deben dejar de hacerlo y, por ello, deberán ser compensadas por el Estado por la pérdida de recaudación de acuerdo con la ley de financiación de la comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional acaba de avalar el tributo extremeño, que recurrió en su día el Gobierno de José María Aznar.
Según Hacienda, la creación del nuevo impuesto estatal, que se ha introducido mediante una enmienda del PP a la ley de medidas tributarias que está debatiendo el Senado, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, "potenciar y garantizar" la unidad de mercado, según indica el Gobierno. De esta forma, el Ejecutivo se asegura que no hay diferencias entre unas comunidades autónomas y otras a la hora de gravar los depósitos bancarios, pero como el objetivo no es recaudatorio establece un tipo de gravamen del 0%. Además, exime a las entidades financieras de presentar la autoliquidación correspondiente si la cuota íntegra, como es el caso, es cero.
A pesar de que en la práctica no recaudará nada ni penalizará fiscalmente a las entidades de crédito, la enmienda establece que se trata de un tributo de carácter directo, cuyo hecho imponible es el mantenimiento de fondos de terceros por entidades de crédito o sucursales que operen en territorio español, incluidas las sucursales en territorio español de entidades de crédito extranjeras. Así, el tributo lo deben pagar las entidades financieras, pero estarán exentos de este impuesto el Banco de España, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo y el Instituto de Crédito Oficial.
Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron que este impuesto no tiene nada que ver con el estudio que está llevando a cabo el Gobierno sobre la creación de un tributo sobre transacciones financieras según lo acordado con el resto de países de la UE, que gravaría a las entidades bancarias. De momento, el Ejecutivo quiere aplicar en España algo similar a lo que está haciendo Francia, que ha creado un impuesto que grava la compra de acciones de empresas con un volumen alto de capitalización bursátil.



El Gobierno eleva al 7% el impuesto eléctrico

El Grupo Popular en el Senado ha presentado varias enmiendas en la Cámara Alta a la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, entre las que figuran un aumento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad y una revisión de los distintos gravámenes a los combustibles fósiles. Entre las enmiendas, se incluye una reducción de cargas fiscales al gas natural que se utilice con fines industriales, pero no al usado para cogeneración o producción eléctrica. De esta forma, se atienden parcialmente las reinvidicaciones de la industria, que teme una fuerte subida de sus costes energéticos. El PP también propone elevar las cargas fiscales al carbón y poner un límite de 500 millones de euros a los ingresos de las subastas de CO2 que anualmente podrán transferirse desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la tarifa eléctrica.
Sobre el aumento al 7% del impuesto a la producción eléctrica, el PP considera "necesaria" la medida tanto para ajustarse a la finalidad de la ley como a los análisis realizados. Este impuesto podrá ser trasladado al consumidor final por parte de las empresas que produzcan y comercialicen electricidad, pero no por parte de la mayor parte de los productores de renovables. La recaudación de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda se transferirá de los PGE a la tarifa eléctrica conforme a una estimación de la recaudación. A esta transferencia se sumarán las estimaciones de los ingresos de las subastas de CO2, con un máximo de 500 millones.
Junto a esto, se incluye una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de "incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear". Las enmiendas también incluyen un compromiso de concertación de los nuevos impuestos con el País Vasco y con Navarra con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de la norma.



http://www.publico.es/dinero/446682/...ngan-impuestos


H.p. plutócratas, hay que q. o que se vayan ya a tomar por culo, hasta del país

[endorfina]

"Las agencias de calificación, como el timo de la estampita pero más sinvergüenza"


La Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid presentan un informe demoledor sobre Fitch, Moody's y S&P.



EUROPA PRESS Madrid 03/12/2012 18:57 Actualizado: 03/12/2012 19:13







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Las agencias de calificación han constituido "un oligopolio que impide la entrada en el mercado de nuevas firmas"; además tienden al "catastrofsmo y omiten responsabilidades al defender que sólo emiten opiniones que no deben sustituir al análisis del inversor".
La crítica, demodelora, proviene de un informesobre las agencias de calificación titulado Las hijas de Elena: La triple A que ha sido elaborado por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y que ha sido presentado esta tarde en Madrid.

Por todo ello, sus autores piden la constitución de una entidad que evalúe y supervise a las agencias de rating "para garantizar que el inversor recibe la mejor información posible".
En el informe, los especialistas coinciden en la "necesidad" de crear mecanismos de control para estas agencias, de aumentar la transparencia en su proceso evaluador y de conseguir un acceso "igualitario" a la información por parte de cualquier inversor.
Según pone de relieve el estudio, que se centra en las agencias Moody's, Standard & Poor's (S&P) y Fitch, estas entidades emiten opiniones "disfrazadas con ropajes y pseudoavales científicos que luego tienen un peso decisivo a la hora de facilitar o dificultar que las empresas, instituciones y organismos puedan financiarse en los mercados de capitales".
Las tres principales agencias de rating constituyen "un oligopolio que impide la entrada en el mercado de nuevas agencias"
Entre las principales críticas que vierte el informe a las tres principales agencias de calificación destaca la creación de "un oligopolio que impide la entrada en el mercado de nuevas agencias".
"Sólo el 4% del mercado de las calificaciones esta en manos de otras agencias", señala el estudio. "Hay muchas agencias por el mundo, pero el oligopolio que ejercen estas tres les esta dificultando entrar en este mercado y que éstas, a su vez, tengan competencia", ha afirmado el profesor de la Udima Juan Alfonso Lara durante la presentación del informe.
Para el experto, esto puede estar causado por las personas "tan poderosas e influyentes que están detrás de ellas, que son sus accionistas".
En concreto, Lara ha expuesto que Warren Buffet está detrás del accionariado de Moody's, Bill Gates es miembro de su consejo de administración y que también cuenta con el apoyo de la "poderosa" familia Rockefeller.
En el caso de S&P, "la entidad cuenta con el respaldo de un importante 'lobby', McGraw Hill, mientras que el 60% de Fitch lo tiene el dueño de marcas tan importantes como Renault y L'Oreal".



"Abusos de poder"

Asimismo, la Udima ha denunciado "abusos de poder" por parte de estas agencias traducidos en calificaciones no solicitadas "destinadas a mantener un mercado cautivo", o un "oscurantismo metodológico, ya que no se conocen los principios, leyes, parámetros, variables, ecuaciones y datos que utilizan para evaluar".
Otro de los aspectos que resalta el estudio es que las agencias de 'rating' tienden al "catastrofismo, pues siempre operan a favor del vaticiador". Además, los especialistas que han elaborado el informe creen que existe una omisión de responsabilidades por parte de estas entidades, "ya que defienden que ellas solo emiten opiniones y que éstas no deben sustituir al análisis del inversor".
"Esto se debe a que las agencias de 'rating' están inscritas como agencias de información, por eso se dedican a emitir opiniones de las que no se hacen responsables", ha indicado Juan Alfonso Lara, quien ha recalcado que estas opiniones "tienen unos efectos enormes en los mercados".
"No se conocen los principios, leyes, parámetros, variables, ecuaciones y datos que utilizan las agencias de rating para evaluar", señala el informe

"Las agencias son como el timo de la estampita pero de forma más sinvergüenza", ha aseverado el catedrático de la UPM Juan Pazos, para el que lo único que hacen las agencias es enunciar la profecía autocumplida, "que por el simple hecho de enunciarse, se cumple". Según el experto, "esto ya es suficiente para sospechar de estas entidades".
Para Pazos, lo que hacen las agencias "es peor de lo que hacían los adivinos en la Antigüedad", además, considera que "no son muy originales".
El catedrático no entiende "como alguien no les mete el diente" y por qué los gobiernos "aguantan sus opiniones sin rechistar".



http://www.publico.es/dinero/446819/...e-la-estampita









Cuaderno de depresión: 10

Albert Recio Andreu


Bankia: un fracaso sistémico

I

La crisis de Bankia, como a su escala lo fue la de Lehman Brothers, representa un importante salto cuantitativo en nuestra particular crisis local. El plan de salvación diseñado por el Gobierno aumenta en un 17,5% la ayuda pública al sector financiero (avales, compra de activos y ayudas directas) y supone más de la mitad de todas las ayudas directas realizadas hasta ahora al sector bancario. Representa nada menos que la quiebra encubierta de la tercera entidad financiera del país. Y, al poner al descubierto el entramado contable con el que se había sostenido la ficción de la solidez de la banca española, obliga a ponerse en alerta sobre el conjunto del sistema. Al fin y al cabo, las auditoras que habían certificado su salud y la inspección del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que las había dado por buenas, son las mismas entidades que han supervisado todo el sistema. No hay ninguna seguridad en cuanto a que también hayan fallado en otros casos. Más que un fracaso local, el crac de Bankia constituye un fracaso sistémico del modelo de regulación financiera.

II

El caso de Bankia es ejemplar no sólo por su magnitud, sino también por el proceso al que se ha llegado. El conglomerado Bankia-Banco de Finanzas y Ahorro se constituyó como parte del saneamiento del sistema financiero español (y también, en parte, con la voluntad de crear un gran grupo financiero directamente controlado por el Partido Popular). Se sabía desde el principio que las cajas más importantes que se plantearon la fusión (Cajamadrid y Bancaja, y su filial Banco de Valencia) estaban entre las más endeudadas del país. Cosa por otra parte esperable al tratarse de dos de las entidades que más habían financiado la burbuja inmobiliaria (aunque no estaban solas; otras entidades igualmente en apuros como Catalunya Caixa, la CAM o las cajas gallegas habían seguido una trayectoria parecida). Cualquier regulador sensato habría reforzado los controles y realizado una evaluación de máximo rigor antes de favorecer una fusión que convertía al nuevo grupo en una bomba de relojería potencial para el conjunto de la economía, y antes de autorizarle su salida a bolsa. No parece que nada de ello se hiciera en su momento, y ahora se descubre de repente que el agujero es cinco veces superior al inicial (y algunos analistas piensan que se puede duplicar); una buena muestra de la capacidad creativa de la contabilidad en tiempos neoliberales para enmarañar la evaluación de riesgos y situaciones empresariales. El proceso de fusión y la posterior salida a bolsa eran dos buenos momentos para chequear en serio su salud. O hubo una dejación de control, o simplemente se prefirió crear una entidad suficientemente grande para no dejarla caer.

III

La historia reciente de Bankia (y de sus cajas creadoras) deja ya muchas victimas. En primer lugar, todos aquellos que han resultado afectados por una burbuja inmobiliaria en la que los bancos jugaron un papel central. No sólo como financiadores de dicha burbuja sino como creadores de la misma, al dar por buenas unas tasaciones totalmente disparatadas sobre las que se montaba todo el sistema de crédito (en el caso de Cajamadrid contaba directamente con su propia tasadora, Tasamadrid, vendida a principios de este año). Unas víctimas que, cuando no han podido pagar, han padecido el doble sufrimiento del desahucio y la retasación a la baja de la vivienda, dejándoles una deuda impagable. En segundo lugar, todos aquellos pequeños ahorradores que fueron finalmente estafados con la colocación de títulos preferentes y acciones, y que ahora ven sus inversiones convertidas en papel mojado. Y, en tercer lugar, el conjunto de la población, que ahora deberá soportar el impacto de la nacionalización de la deuda, nada menos que un 2% del PIB (que puede ser un 4% si al final se materializan las peores expectativas), algo que por sí solo añade casi un 33% al plan de ajuste de cuatro años anunciado por el Gobierno, y que se puede complicar aún más en temas como la prima de riesgo, las nuevas exigencias de los socios comunitarios, etc. En toda esta historia hay víctimas individuales y colectivas.

IV

Bankia y todos los que han favorecido el proyecto son responsables de un daño privado y de un daño colectivo. Deberían ser objeto de un procesamiento judicial y una condena, aunque no parece que las leyes actuales vayan a facilitarlo. Ya se sabe que los grandes delitos económicos están mal definidos jurídicamente, son difíciles de probar y tienden a enmarañarse en el complejo sistema procesal. De lo que no se les debe eximir es de su responsabilidad política. Tanto a los gestores de las cajas y los bancos quebrados como a los responsables de las instituciones reguladoras. ¿Cómo puede explicarse que el gobernador del Banco de España, siempre tan preocupado por denunciar los privilegios de los trabajadores corrientes, no hiciera nada para cortar de raíz los elevados emolumentos, los contratos blindados y las generosas dotaciones a planes de pensiones que se autoconcedieron Rodrigo Rato y sus muchachos? No hace más de un mes que el propio Banco de España autorizó, con algún recorte, un nuevo plan de “bonus” para setenta altos directivos. ¿Es que en ese momento aún estaba en la inopia?
Las víctimas, privadas y públicas, tenemos todo el derecho a abrir todos los procesos judiciales posibles contra estos responsables. Y a encararnos con los que tratan de encubrirlos. La nómina de responsables es larga. En primer lugar, los consejeros y directivos de las cajas y del nuevo grupo Bankia, y también muchas personas ligadas a los partidos, mayoritariamente del PP, dado el poder que el mismo tenía en varias de las regiones de las cajas de origen (Madrid, País Valencià, Castilla-León, la Rioja, Canarias), pero no exclusivamente, como alguna lista incompleta de consejeros que circula por la red parece indicar. En Bankia también tenía representación el PSOE, de la mano de Virgilio Zapatero, e Izquierda Unida, con la presencia de Antonio Moral Santín, catedrático de Economía, y con una larga trayectoria como representante “de izquierdas” en Cajamadrid (y durante un tiempo también en Telemadrid). Son evidentes las relaciones de la gente del PP, y hasta del PSOE, con los poderes financieros (varios de ellos incluyen en su currículum haber trabajado en “prestigiosos” grupos financieros como Goldman Sachs, Merrill Lynch, etc., incluida la presidencia de Rato en el FMI). Pero desde la izquierda tenemos también el deber de exigir responsabilidades de alguien que sólo podía justificar que estaba allí para evitar los desmanes de las finanzas. Y por esto considero que Moral Santín y el sector de Izquierda Unida que lo avaló deben asumir sus responsabilidades. En segundo lugar, las empresas auditoras que dieron por buenas cuentas falseadas, una situación que se repite en cada gran crisis empresarial, al menos desde la quiebra de Enron. Y en tercer lugar, pero de forma relevante, los responsables del Banco de España, de la CNMV y de los gobiernos que han permitido una actuación dolosa o insensata que al final ha generado un enorme coste social.
Todos ellos deberían pagar judicial, económica y políticamente, aunque seguramente va a ser difícil llevarlo a cabo.

V

Juzgar a los responsables es justo pero no impide el mal. Es hora de plantear propuestas en dos sentidos: minimizar daños y exigir reformas. A la hora de evaluar los daños hay que ser realistas —algunos son ya inevitables—, así que de lo que se trata es de minimizar sus efectos y hacer que sean justos. En este sentido, considero que no deben tener el mismo nivel de protección los impositores de ahorros que los accionistas del banco. Vale la pena subrayarlo porque ya ha ocurrido en el Banco de Valencia: hay que impedir que con la coartada de preservar a los accionistas se tolere una nueva variante de contabilidad creativa que reproduzca la situación. De la misma forma que el saneamiento de las inversiones inmobiliarias debe permitir la creación de un verdadero parque público de vivienda que permita empezar a resolver otro de los grandes estropicios de la gestión neoliberal.
En el campo de las reformas, es evidente que hay que plantearse una regulación a fondo del sistema financiero. Una posibilidad es la de construir una banca pública a partir de los restos del naufragio (Bankia, Catalunya Caixa, etc.), pero en esto no podemos ser cautos. Este país tiene una larguísima tradición de endilgar “muertos” económicos al sector público que tienden a “resucitar” y ser privatizados una vez saneados. Lo público puede ser una condición necesaria pero no suficiente (de hecho, las cajas fallidas eran de titularidad pública); tan importante como establecer la propiedad es fijar los criterios y pautas de actuación de una entidad financiera pública. Y seguramente ello requiere también un cambio profundo en toda la regulación del sistema financiero, en el papel de la regulación público-privada que ha constituido una parte sustancial de todo el desastre.
La economía de la autorregulación financiera y las instituciones dirigidas por expertos nos han llevado hasta aquí, y para darles el patadón hacen falta ideas y fuerza. Una campaña para exigir responsabilidades debe servir para desarrollar ambas cosas, incluso para tipificar comportamientos delictivos mucho más peligrosos para la colectividad que los pequeños hurtos, que tanta alarma social generan.





No te preocupes del corralito, preocúpate de tus derechos

I

Anda el personal preocupado por la amenaza del “corralito”. Hace al menos un año que circula por doquier la amenaza inminente de un cierre de cajas. El escándalo de las preferentes y el batacazo de Bankia no han hecho sino reforzar la propagación del rumor. Muchas personas cercanas, la mayoría gente de izquierdas, activa, me han expresado abiertamente sus temores. Que un ministro del actual Gobierno haya negado tal posibilidad no ha hecho sino hinchar las velas del rumor, puesto que entre las características básicas de este Gobierno está el llevar a la práctica aquello que dice que nunca hará. Pero en este caso estimo que las posibilidades del corralito son, a corto plazo, bajas.
Los cierres de oficinas bancarias tienen lugar para evitar que una salida masiva de dinero provoque la quiebra bancaria. Para evitar que estos pánicos colectivos conduzcan a la aplicación reiterada de esta medida se crearon los bancos centrales, que actúan como financiadores en última instancia de los bancos y que habitualmente les conceden una liquidez casi ilimitada para evitar problemas de caja a corto plazo. Cuando el problema se ha concentrado en el banco, la respuesta es conocida: se ha cerrado por un corto periodo, se ha intervenido el banco, se han garantizado los depósitos de la mayoría de la gente y, al poco tiempo (uno o dos días), el banco ha vuelto a operar. Ésta es la pauta que ha tenido lugar en nuestro país desde la crisis de los años ochenta, desde el caso Banesto hasta las crisis bancarias actuales (Cajasur, Banco de Valencia, CAM…). Un cierre generalizado de oficinas bancarias sólo ocurre en caso de un colapso general. Un colapso que está asociado a la inminencia de un cambio económico radical.
En la mayoría de los casos, este colapso está asociado a la salida de los ahorros hacia otros mercados financieros más seguros. Éste fue el caso de Argentina bajo el régimen de la paridad peso-dólar. Cuando mucha gente se convenció de que esta paridad no era sostenible, de que el peso acabaría por devaluarse frente al dólar, la respuesta fue una salida masiva de pesos para convertirlos automáticamente en dólares y colocarlos fuera del país. Como el proceso afectaba a todos los bancos, no hubo otra posibilidad de frenar la sangría que cortar el flujo. En España esta situación podría darse en el supuesto de una salida inminente del euro (en parte es lo que ocurre en Grecia), y la evidente devaluación de la nueva moneda seguramente generaría una salida masiva de ahorros que provocaría el colapso del sistema. Quizá si Grecia sale del euro se produciría un fenómeno parecido que podría asolar gran parte del sistema financiero europeo. Por esto me parece que, en las altas esferas europeas, nadie está demasiado convencido de que lo mejor sea expulsar a Grecia del euro. Más bien tengo la sensación de que se está jugando una partida de póquer con Grecia para que acepte un ajuste más o menos duro. Una partida en la que la mejor baza griega es posiblemente la del probable efecto devastador que tendría para el resto su salida (es la baza que parece haber entendido Syriza cuando, en lugar de la salida —que sin duda tendría un elevado coste para la población griega—, propone la renegociación de los acuerdos y el cambio de las políticas).
Bueno, existe otra posibilidad de que finalmente el sistema se derrumbe: simplemente, que el rumor del corralito alcance tanta fuerza que provoque una salida tan masiva de depósitos que las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo resulten insuficientes. En favor de esta estampida han colaborado los propios bancos y cajas con el tema de las preferentes o el fiasco de las salidas a bolsa. Pero vale la pena señalar que dicha estampida puede acabar en un desastre colectivo. Los comportamientos individuales dominados por el cálculo egoísta o por el miedo suelen provocar más efectos negativos indeseados o impredecibles que otra cosa (el viejo tema de la “falacia de la composición”), y corremos el riesgo de que, una vez más, los rumores y los miedos adelanten la generación de un desastre incierto.

II

Este miedo respecto del futuro de nuestros ahorros es comprensible. Una buena parte de las decisiones de ahorro tienen que ver con motivos de seguridad (de hecho, hay alguna evidencia empírica de que la avaricia y el egoísmo predominan en personas con poca seguridad personal). Y se entiende por tanto que, si peligran, se diluya nuestra esfera de seguridad. Pero para la mayoría de las personas los ahorros significan una red de seguridad muy liviana. Basta con hacer el cálculo de en cuántos meses agotaríamos nuestros ahorros si sólo contáramos con ellos como ingresos. O, en el caso de personas de edad avanzada, cuánto tiempo pueden comprar servicios de cuidados con sus ahorros.
Sin negar su carácter de seguro, resulta evidente que nuestro verdadero colchón vital no son los ahorros, sino las fuentes de renta permanente (salarios y pensiones) y las provisiones públicas que nos permiten acceder a servicios básicos (sanidad, educación, dependencia, cultura, etc.). Son estas fuentes de seguridad básica las que están mas cuestionadas por las reformas y las políticas actuales. Las que deberían concitar nuestra atención, puesto que si estos derechos sociales acaban por caer, nuestros ahorros van a resultar, en la mayoría de los casos, totalmente insuficientes para garantizarnos condiciones de vida realmente dignas. Evitar la demolición de derechos sociales, la reducción sustancial de los salarios y las pensiones, constituye el elemento básico de defensa de nuestra seguridad económica. Defenderlos, potenciar reformas que los refuercen es la mejor vía para evitar, también, el colapso financiero. La prueba es que la aplicación de políticas de austeridad, teóricamente diseñadas para restablecer la confianza y la fiabilidad del sistema financiero, simplemente ha contribuido a agravar una situación económica dramática.
Cuando hay un grave peligro se aconseja mantener la cabeza fría. El corralito acabará siendo inevitable si actuamos en manada en respuesta al miedo y a los rumores. Lo que necesitamos es un cambio de rumbo económico, de políticas. Y ello sólo será posible si exigimos una verdadera seguridad económica, basada en buenas instituciones que garanticen derechos y rentas, que posibiliten una economía sostenible a largo plazo, en el plano económico, ambiental y social. Mientras nos obsesione el corralito no vamos a ser capaces de pensar y actuar a favor de otro tipo de salidas. Nuestro miedo es el mejor aliado del desastre y de sus beneficiarios.


30/5/2012



http://www.mientrastanto.org/boletin...e-depresion-10










Las agencias de rating y la crisis financiera



Diversas informaciones recientes aparecidas en el Financial Times parecen poner de manifiesto que las agencias de rating fueron cómplices y no víctimas del engañoEl tema de la crisis financiera relacionada con las hipotecas subprime es muy complejo de entender para un lego. El mejor análisis que he leído al respecto es la nota editorial publicada en el nº 103 de mientras tanto y firmada por Albert Recio. Es un artículo claro, a pesar de la dificultad del tema y aborda de forma muy sintética prácticamente todos los aspectos relevantes del problema. Este texto pretende sólo ser una apostilla a aquél en relación con el papel jugado por las agencias de rating en la crisis. Pues diversas informaciones recientes aparecidas en el Financial Times parecen poner de manifiesto que las agencias de rating fueron cómplices y no víctimas del engaño.
ABN Amro, un banco holandés que opera a escala mundial (recientemente comprado por el Santander) fue uno de los que diseñó los bonos que han causado la crisis. Su propósito era ofrecer unos títulos con un tipo de interés superior al de los bonos del estado norteamericano y con el mismo grado de seguridad. Para ello necesitaba que una agencia de rating les concediese la calificación AAA o su equivalente (que quiere decir máximo grado de liquidez y mínimo riesgo).
A fin de conseguir este propósito entró en contacto con la agencia Standard & Poors, una de las dos más importantes del mundo. Ambas entidades mantuvieron conversaciones que se desarrollaron durante varios meses para poner a punto el producto. Parece difícil creer que en ese periodo de tiempo tan dilatado Standard & Poors fuera incapaz de descubrir que detrás de los bonos estaban las famosas hipotecas subprime. Resulta más plausible pensar que la agencia, en lugar de cumplir con su obligación de conceder a los bonos una calificación baja (alto riesgo y baja liquidez), aconsejó al banco cómo diseñar el producto para que fuera lo más opaco posible. Luego le concedió la calificación AAA. Unos bonos con ese rating y un interés superior en dos puntos al de los bonos estadounidenses se vendieron como churros, tal como era de esperar. Fue una especie de timo de la estampita, sofisticado, pero timo al fin y al cabo.
La actuación de las agencias de rating en este caso plantea un problema de fondo sobre el que es necesario reflexionar detenidamente. Se trata del proceso de privatización de las tareas de regulación y control que antes realizaba el estado y que ahora han pasado a manos de empresas o asociaciones privadas. Estas entidades están floreciendo en todos los ámbitos. Están, p. ej. las agencias de normalización (como la española AENOR o la internacional ISO), entidades privadas que dictan normas técnicas por delegación expresa o tácita de los estados. Y en el ámbito financiero, tenemos desde el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria en el ámbito internacional, hasta la FASB, la entidad privada que dicta las normas de contabilidad en Estados Unidos, pasando por las empresas auditoras.
Por lo que respecta a las agencias de rating, se trata de entidades privadas que evalúan la solvencia de quienes quieren acceder a los mercados de capitales. Estos pueden ser empresas y bancos, o entidades públicas (ayuntamientos o estados que quieren emitir deuda, p. ej.). Hoy en día estas agencias controlan de facto el acceso a estos mercados y el interés que los solicitantes de crédito van a tener que pagar a sus acreedores (mayor cuanto mas baja sea la calificación). Y dos de ellas monopolizan prácticamente el mercado financiero internacional y muchos mercados nacionales: Moody’s y Standard & Poors.
Las agencias de rating ejercen también facultades normativas por delegación implícita. Así, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional se permite que los bancos tengan en bonos las reservas de capital a que están obligados, siempre que dichos bonos estén calificados con un rating alto por determinadas agencias (entre las que se encuentran las dos citadas). Esto puede explicar por qué tantos bancos se han visto pillados por los títulos garantizados por hipotecas subprime. Así, pues, las agencias de rating ejercen tanto funciones de regulación como funciones de control en los mercados financieros.
Una cosa que pone de manifiesto la actual crisis financiera (como pasó también en el caso Enron) es que un sistema normativo en el que la regulación y el control se convierten en negocio no puede funcionar. Así, en el actual sistema, las agencias de rating cobran de aquéllos a los que tienen que calificar. Y el deslizamiento desde las tareas de control a las de asesoramiento es muy fácil. Y de asesorar sobre cómo cumplir los requisitos a hacerlo sobre cómo saltarse los controles no hay más que un paso. De hecho, en 2005, a preguntas de un investigador universitario, los representantes de Standard & Poors declararon que ellos no asesoraban a los clientes ni mantenían contactos informales con ellos. Se limitaban a recibir información objetiva y emitir la correspondiente calificación. Ahora lo que dicen es “los bancos vienen a nosotros con una propuesta de transacción y nosotros les explicamos cómo pueden ser calificados de acuerdo con nuestros criterios (…) No hay nada siniestro en este proceso” (“How S&P put the triple A into CPDO”, en Financial Times, 17 mayo, 2007). Eso es lo que dicen. ¿Qué será lo que hacen durante todos esos largos meses de conversaciones?
La actividad de las agencias de rating y la de la mayor parte de las entidades privadas de regulación y control plantean graves problemas de legitimidad. El principal es su falta de responsabilidad. Así, las agencias de rating son virtualmente invulnerables a pesar de la trascendencia de sus decisiones. No sólo los estados son incapaces de exigirles responsabilidades (Japón lo intentó sin éxito), sino que ellas controlan la actividad de los estados por medio de sus calificaciones. Una medida de política económica inadecuada puede llevar a la degradación de la calificación de un estado, con consecuencias desastrosas para su solvencia financiera (así pasó con Tailandia y Corea). Y todo ese inmenso poder está absolutamente fuera de control. Ni siquiera se ha conseguido que las agencias hagan públicos los criterios que utilizan para conceder sus calificaciones. Tampoco han perdido un solo caso por negligencia, pues los tribunales norteamericanos consideran la actividad de rating como la formulación de una “opinión”, protegida por la Quinta Enmienda.
A la vista de este panorama, parece claro que uno de los problemas con el que nos enfrentamos quienes creemos que otro mundo es posible es el de reabsorber ese inmenso caudal de poder decisorio que se ha delegado a instituciones privadas para ponerlo en manos de instituciones públicas sometidas a control democrático (y no independientes como el Banco Central Europeo). Se trata de una cuestión sobre la que debemos reflexionar, crear conciencia y elaborar propuestas, porque si no, toda nuestra crítica y nuestra actividad pueden dirigirse en una dirección equivocada, dejando de lado los lugares donde realmente está el poder de tomar decisiones.



José A. Estévez Araujo, Mientras Tanto




http://www.attacmadrid.org/d/9/080109135826.php