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Tema: Crónica de la Guerra Contra las Drogas I

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    Crónica de la Guerra Contra las Drogas I

    por DRCNet Thursday, Jul. 21, 2005 at 10:21 AM
    drcnet@drcnet.org

    Crónica de la Guerra Contra las Drogas Edición #395 – 15 de Julio, 2005 “Creando Conciencia sobre las Consecuencias de la Prohibición”

    Phillip S. Smith, Editor, psmith@drcnet.org
    David Borden, Director Ejecutivo, borden@drcnet.org
    Martin Aranguri Soto, Traductor, traducidio@riseup.net

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    ¡ESCRIBA AL JUEZ DAMRELL EN APOYO AL ACTIVISTA PRO MARIHUANA MEDICINAL BRYAN EPIS!


    1. DRCNet Entrevista: Proveedor de Marihuana Medicinal de California, Bryan Epis


    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...ryanepis.shtml


    El residente de Alta California, Bryan Epis, es una persona directamente afectada por la decisión desfavorable de la Suprema Corte en el caso Raich, en que ella sostuvo que el gobierno federal puede arrestar y procesar a personas que usen o provean marihuana medicinal aun en estados en que ella es legal. En un caso que llamó la atención nacional, Epis, que estaba cultivando para sí mismo con cuatro otros pacientes, con las sobras yendo a un dispensario local, fue uno de los primeros proveedores de marihuana medicinal de California a ser condenado por delitos de drogas según la ley federal. Después de cumplir aproximadamente un cuarto de una sentencia de 10 años de prisión federal, Epis fue puesto en libertad de la prisión el año pasado por un tribunal federal de apelaciones que esperaba el resultado de Raich. Epis está aguardando una nueva condenación y se enfrenta a la posibilidad de regresar a la prisión para terminar su sentencia. La Crónica de la Guerra Contra las Drogas conversó con él el Jueves para saber dónde él ha estado, por qué situaciones ha pasado y qué va a suceder a seguir.


    Crónica de la Guerra Contra las Drogas: ¿Cómo usted se involucró con el movimiento pro marihuana medicinal?

    Bryan Epis: Yo sufría dolor crónico de un accidente automovilístico de mucho tiempo atrás. Yo estaba yendo a especialistas ortopédicos para fracturas compuestas de la vértebra y ellos prescribían cosas como codeína, Vicodin, pero esa cosa me dejaba en un estado de letargia e incoherencia. Yo me quejé con mis médicos que yo no podía vivir como quería bajo sus medicaciones para el dolor y ellos dijeron que todos los analgésicos convencionales harían lo mismo. Esto pasó en los años 80, antes de la Proposición 215 y todo eso. Uno de mis médicos me recomendó que probase marihuana. Él dijo que no podía prescribirla, pero que funcionaba un poco diferente y no me dejaría amodorrado todo el tiempo. Él tenía razón. Funcionó bien con el dolor y yo no estaba tan amodorrado ni letárgico ni incoherente. Seguí usándola y cuando la ley de marihuana medicinal de California entró en vigor en 1996, yo pensé, “Oh, esto es bueno”, salí y conseguí la recomendación de un médico.
    Pero una cosa que percibí cuando visité algunos dispensarios era que ellos estaban cobrando el mismo precio que el de las calles - ¡$50, $60, hasta $80 por un octavo! Yo no veía por qué los pacientes deberían tener que pagar todo eso. Al final, la ley había cambiado, ¿no es cierto? Tuve la idea loca de bajar el precio. Pensaba en abrir un dispensario y cobrar $10 por un octavo. Estaba viviendo en Chico y vi en el periódico que alguien iba a abrir un dispensario allí. Al mismo tiempo, vi que San José – mi mamá estaba viviendo cerca en el Valle del Silicio – había creado algunas reglas y reglamentaciones para los dispensarios. Escribí a San José sobre eso, pero nunca empecé un dispensario allí. En vez de eso, conocí al hombre de Chico y nosotros decidimos empezar uno allí juntos.
    Estaba muy ocupado. Yo también estaba en mi tercer año en la facultad de derecho, y al mismo tiempo, estaba quedándome realmente intrigado con la Internet y estaba aprendiendo lenguajes de programación para quedar listo para construir una página web para reservas de hoteles. [Ahora, él ya ha hecho eso - http://www.bestlodging.com es la página.]

    Crónica: ¿Qué pasó en Chico?

    Epis: No era como en San José. San José decía “Sí, mándenos una propuesta, nosotros trabajaremos con usted”. Ellos estaban obedeciendo al espíritu de la ley. Yo pensaba que en Chico sería la misma cosa, pero ellos eran hostiles a la idea de la apertura de un dispensario. Ellos nos amenazaron y dijeron que podrían llamar la DEA. Yo fui arrogante. Yo pensé que estaba seguro porque estaba obedeciendo la ley estatal. Estaba fiándome razonablemente en la decisión de un juez de San Francisco de que la ley de California permitía el funcionamiento de dispensarios sin fines lucrativos. Eso no le importaba a la DEA y ellos acabaron allanándome a mí.

    Crónica: Usted fue acusado de conspiración para manufacturar más de 1.000 plantas y se enfrentó a una sentencia obligatoria federal de 10 años de prisión si condenado como traficante de drogas en tribunal federal. ¿Qué pasó en el juicio?

    Epis: Todas mis defensas fueron negadas. El juez decidió que nosotros no podíamos usar una defensa de necesidad medicinal. Tuvimos negada una defensa decisiva. Intentamos debatir que los tribunales federales no tenían jurisdicción según la cláusula comercial. Eso no funcionó.
    La única forma por la cual las palabras “marihuana medicinal” entraron en el juicio fue porque el fiscal, el Subfiscal de los EEUU de Sacramento, Samuel Wong, llevó una página de mi propuesta a las autoridades de San José y la usó para retratarme como traficante de drogas ganancioso. Como dije, estaba pensando en cobrar $10 el octavo por botones de cannabis de calidad cinco estrellas. Como parte de mi propuesta para un dispensario en San José, mientras garabateaba, hice una hoja con un cálculo preliminar demasiado ambicioso, con el dispensario yendo de 20 miembros para 100.000 nueve meses después. El resto de la propuesta de 17 páginas hablaba sobre cómo era sin fines lucrativos, sobre como mitad de todo iría para organizaciones de caridad y buenas causas, pero no nos permitieron entrar en las otras 16 páginas porque el juez no quería que el jurado oyese sobre los clubes de cannabis en San José.
    Fui acusado de cultivar plantas en mi casa, no distribución, pero el gobierno lo mezcló todo. Chico Medical Marijuana Caregivers era totalmente separado del dispensario de San José, que ni existía excepto como propuesta. Usando la hoja de una página, ellos afirmaron que nosotros estábamos cultivando marihuana suficiente en mi sótano para 100.000 personas! En verdad, yo estaba cultivando con cuatro otras personas allí, y les permití que ellos cultivasen allí sólo porque era una persona buena. Ellos no tenían ningún otro lugar más ir y estaban enfermos. Dos de ellos están muertos ahora. El fiscal sabía que lo que sus testigos estaban diciendo era una mentira y ellos pudieron mentir al jurado. El juez les permitió que subiesen allá y mintiesen, pero él no nos dejó mencionar los clubes de cannabis. El jurado me condenó por conspiración para cultivar más de mil plantas, aun a pesar de que nunca lo hice, y fui condenado a 10 años de prisión por conspiración por seguir la ley de marihuana medicinal de California. Yo cumplí 25 meses y 26 días antes que fuese puesto en libertad esperando la apelación. Las cárceles municipales eran las peores; ellas eran horrendas. Pasé casi diez meses en las cárceles municipales entre irme a Limpoc y de ahí a la Prisión Federal de Terminal Island.

    Crónica: Debe haber sido estupendo ser un hombre libre nuevamente.

    Epis: Fue tan bueno. Mike Gray de Common Sense for Drug Policy y Don Duncan y Stacey Swimme de Americans for Safe Access me recogieron. Nos fuimos a la casa de Mike, tomamos una cerveza, vino, nueces, queso y de ahí salimos para comer sushi. Yo no había comido nada de eso durante dos años.

    Crónica: Usted ha conseguido mucho apoyo durante estos años. Hubo manifestaciones en su nombre, personas han sido arrestadas haciendo desobediencia civil por su causa, hubo la campaña de carteleras. ¿Por qué usted piensa que su caso ha resonado tan profundamente?

    Epis: Yo fui uno de los primeros a ir a juicio en vez de aceptar un acuerdo de confesión. Antes de Wong, había un fiscal distinto, y él me ofreció un acuerdo de seis meses de prisión domiciliar. Yo podía haber aceptado eso, pero de ahí él se fue y Wong llegó y súbitamente en vez de seis meses de prisión domiciliar fueron cuatro años de prisión. Yo pensé: ¿por qué debería confesarme culpable por eso, especialmente cuando yo sé que no soy culpable de nada? Entonces, cuando fui sentenciado a diez años por cultivar marihuana para pacientes, la gente se quedó realmente enfadada. Ahí fue cuando la campaña de los carteles con mi hija surgió, ella sujetaba una pancarta que decía “Mi Papá No Es un Criminal”. Era muy bueno saber que se tenía este tipo de apoyo.

    Crónica: Ahora, usted se enfrenta a la perspectiva de cumplir más tiempo. ¿Cuándo usted tiene que regresar al tribunal?

    Epis: 01 de Agosto. El 9º Circuito de los EEUU remandó mi caso al tribunal distrital federal en Sacramento esperando la decisión de Raich. Estábamos realmente esperando una victoria en Raich; ellos la podían haber aplicado a mi caso. Ahora que Raich ha sido decidido y nosotros perdimos, el fiscal dice que ya es hora de resentenciar. Es posible que sea postergado, porque nosotros estamos debatiendo que el 9º Circuito dijo primero que yo debería ser resentenciado de acuerdo con las decisiones de condenación de Blakely y Booker, a pesar de que ellos cambiaron eso después para “ley vigente aplicable a la condenación”. Si ellos aplican Blakely y Booker, eso anularía mi sentencia mínima obligatoria y yo podía ser resentenciado según las orientaciones. Nosotros también estamos debatiendo que el juez no debería haber decidido que yo era un “gerente” o “supervisor” al sentenciarme. Estamos pidiendo tiempo cumplido. Yo creo que eso ya es más que suficiente. Los fiscales quieren la misma sentencia de diez años.

    Crónica: ¿Qué pueden hacer las personas para ayudar en este punto?

    Epis: Ellas pueden escribir al juez. Si son pacientes, pueden hablar sobre cómo la marihuana les ayuda con sus dolencias. Si son proveedores, pueden hablar sobre cómo ellas ayudan a un paciente. Si me conocen, pueden decirle como yo soy buena gente [risas]. Si no, pueden decirle que han oído sobre mi caso y piensan que la condena es excesiva y que yo debería ser condenado a tiempo cumplido. Cuanto más cartas, mejor. Será necesario un montón de cartas.

    Pero no se trata solamente de mí. Las personas necesitan involucrar a todos los que puedan hacer algo, como escribir al Congreso – es con ellas que se puede cambiar esta situación.
    A SEGUIR ESTÁ LA APELACIÓN DE DRCNET POR BRYAN ENVIADA A NUESTRA LISTA A PRINCIPIOS DE ESTA SEMANA:
    Muchos lectores de DRCNet conocen el caso de Bryan Epis, un paciente y proveedor de marihuana medicinal que fue sentenciado a diez años después de ser condenado en tribunal federal en 2002. Bryan fue puesto en libertad el año pasado, esperando una nueva condenación, después de la decisión en Blakely de la Suprema Corte de los Estados Unidos. DRCNet participó de una gran manifestación en Sacramento el día de su condenación y nosotros también hemos conocido a Bryan personalmente después que él fue puesto en libertad, dos años después, esperando la nueva condenación después que las decisiones de la Suprema Corte en Blakely y Booker empezaron a cambiar la forma por la cual la condenación federal funciona.
    Una victoria en el reciente caso Raich de marihuana medicinal habría dado a Bryan un nuevo juicio, durante el cual él supuestamente habría podido presentar pruebas de que estaba proveyendo marihuana medicinal a pacientes en obediencia a la ley de California. Desafortunadamente, eso no pasó. Pero ahora las decisiones de la Suprema Corte dan al Juez Frank Damrell el poder de dar a Bryan una sentencia más corta esta vez, en la cual los dos años que Bryan ya ha pasado tras rejas contarían. El Juez Damrell pronunciará su nueva sentencia el 01 de Agosto, a las 09:30. El Fiscal Samuel Wong ha pedido que la misma sentencia de diez años sea impuesta nuevamente.
    Nosotros estamos escribiéndole a usted para pedirle que envíe cartas al Juez Damrell en apoyo a Bryan – especialmente aquellos de ustedes que tienen enfermedades para las cuales la marihuana medicinal es un tratamiento eficaz, aquellos de ustedes que han visto a sus entes queridos con enfermedades dolorosas que han conseguido algún alivio con la marihuana medicinal y aquellos de ustedes que conocen a Bryan personalmente y pueden atestar con ejemplos concretos que él es una persona buena y bondadosa. La abogada de Bryan cree que el Juez Damrell probablemente no cree que la marihuana sea un medicamento legítimo y sus testimonios personales pueden ayudar a persuadirlo de lo contrario.
    A pesar de lo que ustedes tengan a decir, por favor, asegúrense que sus cartas sean respetuosas. El Juez Damrell tiene el poder de condenar Bryan hasta diez años o poco como el tiempo ya cumplido. Éste no es un momento en que la cólera, apesar de justificada, ayudará a nuestra causa – ahórrela para la próxima vez cuando sea necesaria. El mismo pedido se aplica a cualquiera de ustedes que comparezca a la audiencia para mostrar apoyo personalmente y que debe usar ropa formal. Las cartas deben ser dirigidas a:
    The Honorable Frank C. Damrell, Jr.
    US District Court
    501 I Street, Suite 4-200
    Sacramento, CA 95814
    Éstas deben tener en el sobre y al tope de la carta: “Re: Condenación de Bryan Epis, #97-381”. Por favor, envíenos copias de su carta a drcnet@drcnet.org o por fax al (202) 293-8344 y a la abogada de Bryan, Brenda Grantland, al (415) 381-6105 o brenda1@fear.org. Además, si usted está interesado puede leer el Memorando de Condenación de Bryan en http://www.bestlodging.com/sentencing.pdf en la red.
    Gracias por considerar este pedido para ayudar a un compañero activista que aceptó un gran riesgo y ha pagado un gran precio.

    2. Reportaje: Ley de “Tratamiento en Vez de Cárcel” de California Se Enfrenta a Nuevo Ataque de Viejos Enemigos
    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...5/prop36.shtml

    La Proposición 36 de California, la Ley de Prevención al Abuso Químico y a la Criminalidad [Substance Abuse and Crime Prevention Act], pasó con la aprobación abrumadora de los votantes en 2002. Desde entonces, el estado ha asignado $120 millones por año para proveer tratamiento en vez de tiempo de cárcel o prisión a los infractores por drogas no-violentos primarios o secundarios. Los defensores del programa lo aclaman como éxito, pero los mismos grupos que se oponían a la medida en primer lugar, a saber las organizaciones del aparato judiciario-legal y de los tribunales de drogas, ahora están respaldando un proyecto que remoldaría el programa para parecerse más con los tribunales de drogas tradicionales, en que los jueces, no los profesionales de la medicina, toman por último las decisiones de tratamiento.
    Según la Prop. 36, millares de usuarios de drogas han podido librarse de las drogas y los contribuyentes están ahorrando casi $250 millones por año en costos de encarcelamiento, dijeron los abogados. De acuerdo con un estudio de la UCLA de la Prop. 36 el año pasado, 34% de los participantes del programa lo completaron exitosamente. Pero aunque los defensores aclamen ese dato como una señal de suceso, los críticos señalan que el índice de suceso es más alto en los tribunales de drogas estructurados más rígidamente y que 31% de los participantes de la Prop. 36 fueron arrestados nuevamente.
    Con la financiación de la Prop. 36 programada para expirar en 2006, aquellos críticos ven una oportunidad para alterar el programa ahora. El Proyecto del Senado 803 [Senate Bill 803], defendido por la Senadora estatal Denise Ducheny (D-San Diego), que ya se ha aprobado en el Senado en una votación de 36-2, permitiría que los jueces botasen a los clientes de la Prop. 36 en la cárcel por períodos cortos si ellos no consiguen obedecer a los programas de tratamiento.
    El proyecto aumentaría los índices de observancia, dijo Ducheny al Oakland Tribune. “Nosotros no estamos diciendo de ningún modo que las personas deberían ser presas por la condenación por drogas”, dijo Ducheny. “Lo que nosotros estamos diciendo es que es necesario tener una forma de ponerlo a usted en el programa de vuelta si usted lo descumple”.
    “Nosotros, junto con los jueces del tribunal de drogas, nos opusimos a esto desde el principio”, dijo Ronald Brooks, director del programa Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas de San Francisco y presidente de la National Narcotics Officer Associations Coalition. “Nosotros sentimos que no estaba estructurado, entonces hubo sanciones suficientes para forzar a las personas al tratamiento. Nosotros hemos defendido durante largo tiempo una estrategia de tres pilastras de prevención, tratamiento y represión a las drogas, pero la Prop. 36 no tiene la fuerza que necesita para ser eficaz. Si se estudia realmente las estadísticas, está claro que no está funcionando”, dijo Brooks a DRCNet.
    Pero funcionó para Paul Colbert, un residente de Sacramento con una dependencia de 22 años de la metanfetamina y múltiplas prisiones no exitosas y desistencias del tratamiento bajo su cinturón. El Lunes, en una teleconferencia organizada por los defensores de la Prop. 36, Colbert dijo que el programa era lo que él necesitaba. “Yo veo gente con la cual yo solía tomar drogas y ellas dicen que no pueden creer que esté sobrio”, dijo Colbert, añadiendo que él había estado libre de las drogas durante 3 años y medio.
    “La Prop. 36 no prometió una bala de plata”, pero está logrando resultados, dijo Glenn Backes, director de políticas de salud de la Drug Policy Alliance. Más de 10.000 personas completaron el tratamiento en el primer año del programa y 12.000 en el segundo año, dijo él, citando el estudio de la UCLA.
    El programa está logrando resultados para los contribuyentes de California también, dijo Backes. “El gabinete de los analistas legislativos estimó $150 millones por año en ahorros por no enviar las personas a la prisión y medio billón de dólares en ahorros por no abrir dos prisiones. Nuestra estimativa imprecisa es que nosotros habremos ahorrado un billón de dólares en los primeros cuatro años de la Prop. 36”, dijo Backes.
    No se meta con nuestro éxito, advirtió él. “Nosotros queremos que el gobernador y la asamblea participen y financien la Prop. 36 para proveer tratamiento adecuado en vez de encarcelamiento”, dijo él en la teleconferencia. “El proyecto de Ducheny intenta hacer con que la Prop. 36 funcione de acuerdo con los deseos de aquellos que perdieron en 2002”.
    El apoyo a la encarnación actual de la Prop. 36 se extiende hacia más allá de los reformadores de la política de drogas para incluir a organizaciones de medicina y grupos cívicos y religiosos. “La dependencia química es un problema médico y de salud pública que exige una solución apropiada”, dijo Lisa Folberg de la Asociación Californiana de Medicina durante la teleconferencia. “Según el proyecto [de Ducheny], los jueces estarían tomando las decisiones sobre el tratamiento apropiado de la adicción. Nosotros creemos que ellas necesitan ser hechas por personas que entienden de tratamiento”.
    “Es raro en la vida pública promulgar algo que tenga bastante sentido común y sentido moral. Eso es lo que este programa hace”, dijo el Rev. Peter Laarman de la Progressive Christians Uniting sedeada en Los Ángeles durante la teleconferencia. “Nosotros estamos simplemente con el corazón partido por ver esta resistencia a la Prop. 36 por personas que nunca la comprendieron o la aceptaron y que no quieren dejar el modelo carcelario. Nosotros no queremos ver la socavación de la Prop. 36”, dijo él.
    El proyecto de Ducheny es un “truco de prestidigitador” para deshacer la Prop. 36, dijo el Dr. Peter Banys, profesor de psiquiatría de la Universidad de California, San Francisco, director de los programas de abuso químico en el Veterans Administration Medical Center de San Francisco y representante de la California Society of Addiction Medicine. “Nuestra organización está muy preocupada con este proyecto. Nosotros nos oponemos a ello en los términos más fuertes posibles como esfuerzo para anular la voluntad del pueblo”, dijo él. “Está siendo anunciado como mejoramiento de la Prop. 36 al crear un llamado tribunal-modelo de drogas, pero revierte y erosiona los elementos definidores de la Prop. 36”.
    Aunque el “encarcelamiento inmediato” pueda ser atrayente para los tipos del aparato judiciario-legal, no funciona, dijo Banys. “Como organización fundamentada en pruebas, hemos examinado este concepto y virtualmente no hay pruebas para apoyar a eso. Pero cuando nuestra única herramienta es un martillo, todo empieza a parecerse con un clavo. Los votantes de California están al frente del aparato judiciario-legal y aun de los políticos en esto. Ellos perciben que las personas que son adictas necesitan ayuda médica y eso es lo que nosotros estamos intentando proporcionar”.
    Aunque los opositores de la Prop. 36 sean capaces de hacer que el proyecto de Ducheny pase por el senado, ello ha tenido un pasaje más duro en la Asamblea. La oposición en el Comité de Salud de la Asamblea lo retuvo durante la mayor parte de Junio, pero salió de aquel panel la semana pasada y ahora está pendiente ante el Comité de Seguridad Pública. Pero el esfuerzo para defender a la Prop. 36 ahora está vivo y activo y los defensores están listos para entrar en batalla en la Asamblea.
    Aun si el proyecto fuese aprobado, hay una buena chance de que sea declarado inconstitucional según la ley estatal. De acuerdo con un fallo de autoría del gabinete del Consejo Legislativo el 30 de Junio, el proyecto “alteraría directamente el alcance y el efecto” de la Prop. 36, que se volvió ley vía una iniciativa aprobada por los electores. Según la ley de California, apenas los votantes pueden alterar una ley así, sugestiona fuertemente ese fallo.

    3. Reportaje: Cortes en Subvenciones Para HIDTA y Destacamentos en el Presupuesto de Drogas de Bush Buscan Ser Restaurados

    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...neshidta.shtml

    En un intento limitado de tratar del enorme déficit en el presupuesto federal, esta primavera el gobierno Bush anunció que estaba reduciendo drásticamente el gasto en dos programas federales de represión a las drogas bien visibles, pero cuestionablemente eficaces, el programa Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas o High Intensity Drug Trafficking Area y el programa de Subvenciones de Asistencia a la Justicia o Justice Assistance Grants (JAG), anteriormente conocido como el programa Byrne de subvenciones al aparato judiciario-legal. Pero las propuestas han ido de encuentro a un zumbido de oposición bien orquestada del aparato judiciario-legal y una coalición bipartidaria en el Congreso, y parece ahora que ambos programas sobrevivirán.
    El programa HIDTA fue introducido en 1990 para objetivar al grande tráfico de drogas en las costas y fronteras del país, con los cinco HIDTAs originales armados en las “puertas de entrada” de Los Ángeles, Houston, Nueva York y Nueva Yérsey, Florida Sur y la frontera mexicana. El área de Baltimore-Washington se volvió el sexto HIDTA en 1994 y, desde entonces, el programa se ha diseminado por metástasis en 28 HIDTAs que cubren a un cuarto de la población, incluyendo a germinales del tráfico de drogas como la parte rural de Dakota del Sur y la Virginia Occidental apalachiana.
    El programa JAG, anteriormente bautizado con el nombre de Edward Byrne, un oficial de la policía de la Cidad de Nueva York muerto en el deber en 1988, el año en que empezó, financia a los destacamentos federales antidroga alrededor del país con centenas de millones de dólares por año. El año pasado, el programa fue presupuestado en $646 millones. Según el programa, las municipalidades contribuyen con un dólar para cada tres contribuidos por los federales.
    Con el director de la Oficina de Política Nacional de Control de las Drogas o Office of National Drug Control Policy (ONDCP), John Walters, como señalado, el presupuesto del gobierno Bush para 2006 buscó eliminar la financiación del JAG completamente y reducir la financiación del HIDTA en más de la mitad, de $226 millones este año para $100 el próximo año. También buscó mudar el programa de la ONDCP para el Destacamento de Crimen Organizado y Represión a las Drogas del Departamento de Justicia.
    Ambos programas han quedado bajo fuego de los críticos, incluyendo algunos desde adentro del gobierno Bush. Los destacamentos antidrogas financiados por el programa JAG se han descontrolado varias veces, más infamemente en Tulia, Texas, pero también por todo el país. Sólo el año pasado, hubo investigaciones de abusos o malas acciones de destacamentos en nueve estados.
    El programa HIDTA fue citado por la Oficina de Administración y Presupuesto o Office of Management and Budget en un estudio de dos años atrás que descubrió que no podía probar que logró algo; la Herramienta de Desempeño y Evaluación o Performance and Assessment Tool (PART) de la OMB clasificó al HIDTA como “resultados no demostrados”. Hace dos meses, en el medio de la pelea en el congreso por restaurar la financiación del programa, el grupo observador del contribuyente, Citizens Against Government Waste, hizo eco de ese fallo mientras lanzaba un informe mordaz sobre el desperdicio dentro de la oficina del secretario antidroga, destacando al HIDTA con mención especial.
    “Designado principalmente para disminuir el tráfico de drogas por todas las fronteras de Estados Unidos, el programa se ha vuelto una financiación de prevención a las drogas para-todos para políticos ávidos de poder que quieren llevar la carne a sus distritos a expensas de los contribuyentes y ha disminuido el aparato judiciario-legal en áreas en que ello es críticamente necesario”, descubrió el grupo.
    La ONDCP estuvo de acuerdo, por lo menos inicialmente. “El HIDTA no ha sido capaz de demostrar resultados”, dijo el secretario antidroga John Walters al Congreso en Febrero.
    Pero bajo el fuego político debilitado del aparato judiciario-legal y sus aliados en el Capitolio, la agencia estaba retractándose un poco a fines del mes pasado. “Toda la cuestión aquí es que las personas no dudan de la eficacia del programa”, dijo Jennifer DeVallance, vocera de la ONDCP. Pero aunque la oficina hubiese bajado la voz sobre la eficacia del HIDTA, todavía se estaba agarrando a la propuesta presupuestaria de Bush. “Nosotros creemos que el programa debería regresar a su misión original y el presupuesto será suficiente para lograr sus metas originales”, dijo ella al Baltimore Sun en un artículo contando con las quejas del aparato judiciario-legal sobre los cortes.
    DeVallance y sus colegas en la secretaria de prensa de la ONDCP no contestaron a siete llamadas de la Crónica de la Guerra Contra las Drogas que buscaban comentarios sobre el problema en las últimas tres semanas.
    “Si se está acostumbrado a recibir algo, a nadie le gusta desistir de ello”, dijo Tom Schatz, presidente de Citizens for Government Waste. “El gobierno estaba intentando hacer algo razonable en términos de reducir la financiación en términos de intentar volver el HIDTA de vuelta a lo que se pretendía originalmente que fuera. Pero cuando el programa federal se expande, es muy difícil reducirlo de tamaño. Hay más votos a favor de eso porque más estados están recibiendo el dinero. No importa qué problema sea”, dijo él a DRCNet.
    El Congreso tiene tanta culpa como cualquiera, dijo Schatz. “No hay nada más fácil que gastar el dinero ajeno y son los miembros del Congreso que han expandido el alcance y cobertura del programa. No hay nada restringiéndolos ahorita, pero aun si el Congreso no consigue comprender, los conservadores fiscales ven que esto hace sentido”.
    “La otra cuestión, claro, es la eficacia total de la guerra contra las drogas. ¿Qué ustedes han logrado? La ONDCP ni ha hecho lo que era para haber hecho”, añadió Schatz.
    Pero un oficial de la ley de represión a las drogas altamente posicionado ofreció una defensa fuerte del HIDTA, aun mientras admitía que ha sufrido de dolencia de misión. “El HIDTA probablemente ha migrado de su propósito original, pero con el problema de las drogas, especialmente la proliferación de la metanfetamina y de la manufactura de metanfetamina por todo el país, se necesita tener una forma de asistir los aparatos judiciario-legales estatal y municipal”, dijo Ronald Brooks, presidente de la Coalición Nacional de las Asociaciones de Oficiales de Narcóticos o National Narcotics Officers Associations Coalition, que representa a 43 asociaciones estatales de oficiales de narcóticos y a unos 60.000 oficiales de narcóticos. Brooks también es director del HIDTA de Alta California. “A veces, hay un sentimiento de que esto es una habilitación, pero cuando nosotros echamos un vistazo en la inversión, las agencias compañeras estatales y municipales gastan cerca de $40 para cada dólar del dinero federal del HIDTA. Hay una influencia muy fuerte de dólares federales”, dijo él a DRCNet.
    Para Brooks, buena parte del valor del HIDTA deriva de su papel en establecer la cooperación entre la DEA y el aparato judiciario-legal estatal y municipal. “El HIDTA es apenas una forma de ayudar a reunir los aparatos legales estatal, municipal y federal. Siempre que se puede hacer con que el aparato judiciario-legal participe junto así, da mucho trabajo”, dijo él. “Cuando empecé a trabajar como oficial de narcóticos, nosotros trabajábamos solos, las agencias protegían su territorio y sus aprehensiones, pero con estos HIDTAs y los destacamentos multijurisdiccionales reuniendo a los ejecutivos del aparato judiciario-legal, simplemente no tenemos más eso”.
    Él también amarró el HIDTA a la amenaza terrorista. “Cuando se echa un vistazo en el informe de la Comisión del 11 de Septiembre, la queja más importante era que el aparato judiciario-legal federal, la comunidad de la inteligencia y el Departamento de Defensa no se comunicaban”, dijo Brooks. “Eso no sucede en la represión a las drogas. Entre los destacamentos y los HIDTAs, no hemos tenido ese problema durante 20 años. Las subvenciones Byrne y el incentivo de financiación del HIDTA mezclaron a los destacamentos – esa es la belleza de ello e esa es una cosa difícil de estimar en precio”.
    Brooks estaba confiado que la financiación del HIDTA será restaurada. “Tenemos una carta firmada por 57 senadores que apoyan a la financiación total y a la retención del HIDTA en la ONDCP”, dijo él. “Nuestro grupo auspició a una conferencia de prensa en el capitolio en que los Senadores Burns (R-MT) y Baucus (D-MT) y los diputados Steny Hoyer (D-MD) y Elijah Cummings (D-MD) se presentaron allí y dijeron que el HIDTA será completamente financiado y que se quedará en la ONDCP”.
    Un reformador de la política de drogas que observa de cerca al Capitolio estuvo de acuerdo. “Bush estaba intentando mudar el HIDTA para la Justicia con menos financiación, pero yo no creo que eso ocurra”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Ha probado ser demasiado popular, con Republicanos y Demócratas afines. Ya ha sido financiado por la Cámara y aunque el proyecto de reautorización de la oficina del secretario antidroga justo haya sido presentado, tiene un dispositivo que permite el HIDTA dentro de la ONDCP. El Senado no ha tratado de eso todavía, pero ellos dan consistentemente más dinero, entonces yo dudo de que ellos cortarán el programa”, dijo él a DRCNet.
    Brooks expresó preocupación, sin embargo, con el destino del programa JAG. “Byrne me preocupa”, dijo él, refiriéndose al nombre original del programa. “Es críticamente importante y afecta al país entero. El Byrne y el HIDTA son complementares, y nuestra creencia, basada en una revisión de nuestra membresía alrededor del país, es que la pérdida tanto de las financiaciones del HIDTA como del programa Byrne podía eliminar 80% de los destacamentos estatales y municipales”, dijo él.
    Y Byrne tenía que ser no sólo salvado sino financiado próximo al nivel del año pasado de $634 millones, insistió Brooks. El Senado ha votado para financiarlo en $625 millones, pero la Cámara votó en una cantidad mucho menor. “La Cámara lo marcó en $348 millones, pero en $348 millones nosotros debemos simplemente eutanizarlo”, dijo él. “Nosotros tenemos a 179 diputados que vana firmar una carta a los conferencistas del comité en la conferencia Senado-Cámara instándolos a por lo menos cumplir con la cifra del Senado”.
    Aunque parezca que la irresistible fuerza indestructible de la guerra contra las drogas rode por acciones de restricciones fiscales y políticas sensibles durante otro año, Piper, veterano de las batallas en el Capitolio, tocó una nota de optimismo cauteloso. “El esfuerzo para desfinanciar y mudar el HIDTA no me parece que será exitoso este año, pero éste es el primer año que Bush ha intentado hacer esto. Ellos probablemente regresarán el próximo año y el año siguiente. Si se echa un vistazo en su objetivo de eliminar las subvenciones Byrne, él ha estado cortando sus fondos lentamente durante cuatro años”. De hecho, hace justo algunos años, el programa Byrne de subvenciones estaba financiado en $1.5 billón.
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    Re: Crónica de la Guerra Contra las Drogas

    4. Reportaje: Mucho Ruido y Pocos Pirulíes – los Dulces con Sabor de Marihuana, el Cáñamo, los Políticos y los Medios http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...choruido.shtml
    En los últimos meses, por lo menos dos empresas, Chronic Candies y ICUP, han presentado dulces y pirulíes con sabor de marihuana. Aunque los fabricantes afirmen razonablemente que tienen en vista al mercado adulto amigo de la marihuana, los políticos por todo el país se han levantado para denunciarlos como una trama demoníaca designada para seducir los niños al mundo sombrío de la drogadicción. Las acciones están en andamiento en varias municipalidades desde Atlanta hasta la Ciudad de Nueva York y desde Connecticut pasando por Michigan y Missouri hasta Texas para prohibir los productos. Chicago ya lo ha hecho, aprobando un decreto el 30 de Junio para prohibir las confecciones.
    El alborto por los dulces ha atraído naturalmente la atención de la prensa, pero en muchos casos, los vehículos mediáticos han entendido mal los hechos cruciales – y la industria del cáñamo podía ser la víctima de errores involuntarios de la prensa, de acuerdo con los voceros de la industria.
    Los dulces con sabor de marihuana son hechos con el aceite esencial de la flor del cannabis, que imparte el aroma fragrante de los botones frescos y que contiene trazos de THC, el ingrediente psicoactivo primario en la marihuana, pero no suficiente para dopar a nadie. El aceite esencial de la flor del cannabis viene de los cultivadores en Suiza y de otros países europeos.
    El aceite esencial de la flor del cannabis es completamente distinto del aceite de semilla del cáñamo, que es protegido según la Ley de Sustancias Controladas o Controlled Substances Act y que forma la base de muchos productos alimentares a base de cáñamo. Ésa es una distinción demasiado refinada para algunos miembros de la prensa. En su artículo sobre el decreto de Chicago, la Associated Press escribió que “los dulces son legales porque son hechos con aceite de cáñamo”. Reuters salió con una formulación similar. El Chicago Tribune se refirió a ellos como “dulces con sabor de cáñamo”. Aun Jordan Smith, el reportero de drogas del Austin Chronicle, se refirió a la “locura de los dulces de cáñamo”.
    El mismo fenómeno ocurrió cuando el furor irrumpió por primera vez a principios de este año en Inglaterra. La prensa inglesa puede ser algo perdonada por referirse erróneamente a los dulces como “conteniendo extracto de cáñamo y no cannabis”, como dice el Evening Star, porque algunos de los fabricantes europeos de los dulces los rotularon como siendo hechos con cáñamo.
    Pero cualquiera que fuere el motivo para los informes imprecisos de la prensa, ellos necesitan ser corregidos, dijo Tom Murphy, director nacional de contactos de la Vote Hemp, un grupo de presión de la industria. “Hay proyectos para prohibir estos dulces en Michigan y en Nueva Yérsey que mencionan explícitamente cáñamo o aceite de cáñamo. Nosotros no queremos ver a los estados intentando prohibir el aceite de cáñamo por causa de esto. No es que nosotros nos opongamos a los dulces como que nosotros no queremos que los dulces sean identificados como cáñamo o con sabor de cáñamo. Digan marihuana o cannabis y nos quedamos felices”, dijo él a DRCNet. “Nosotros simplemente no queremos que los alimentos de las industria de cáñamo sean manchados con esta cuestión general”.
    No es que la gente del cáñamo sea supersensible, dijo Murphy; se trata de negocios. “Cuando se tiene a toda esta legislación en juego, tenemos que tener gente monitoreando, escribiendo cartas, consiguiendo enmiendas para proteger al aceite de cáñamo. Puede salir bien caro. En vez de concentrarnos en el nuevo proyecto de cáñamo en el Congreso, estamos apagando incendios”.
    La corrida para legislar en contra de los dulces por parte de los legisladores que saltan para salvar a los niños de la condena con sabor de marihuana no es apenas tonta, sino probablemente innecesaria, dijeron los voceros de la industria del cáñamo. Por eso ellas son ilegales según la Ley de Sustancias Controladas.
    “Los pirulíes y dulces con sabor de cannabis no deberían ser considerados un alimento a base de cáñamo según la exención en la Ley de Sustancias Controladas”, dijo Joel Sandler, el abogado de la Asociación de las Industrias del Cáñamo o Hemp Industries Association que la guió a la victoria en su acción judicial por los esfuerzos de la DEA para ejercer control sobre el cáñamo y los productos de cáñamo. “A pesar de que los dulces con sabor de cannabis no causen probablemente un efecto psicoactivo y contenga trazos significativos de THC, ellos serán considerados ilegales en cuanto que ellos incluyen a una fragancia o sabores derivados de la resina con trazos no-exentos de los tallos de cáñamo u otras partes de la planta del cannabis”.
    Pero ni todos piensan que el problema es tan corto y seco. “Éste es un producto para adultos. Yo no pretendo y yo no quiero que los niños lo coman”, dijo Tony Van Pelt, presidente de un fabricante, Chronic Candy. “Hay 78 millones de fumantes de marihuana (en los Estados Unidos)… A estos yo estoy persiguiendo”, dijo él a la AP. “Yo creo que esto es una locura. No hay nada de ilegal en ello. La libertad de opción está siendo atacada”, dijo él.
    Van Pel dijo al Austin Chronicle que los dulces no contenían THC, así como Matthew Huijgen, dueño de Cannabis Candies, otra empresa que vende dulces de extracto de la flor de cannabis. Van Pelt dijo que la Food and Drug Administration había confirmado que sus dulces no contenían THC y que él recibió la aprobación de facto de sus cargas extranjeras del FBI, que investigó por causa del fuerte olor que viene de las cajas de pirulíes.
    Nada de eso, dijo Murphy de la Vote Hemp. Si las autoridades federales del aparato judiciario-legal han permitido que tales productos entren en los Estados Unidos es porque ellos no han estado prestando atención, dijo él. “Estos pirulíes son, en los ojos de la ley, marihuana en un palito, y no deberían de ningún modo ser asociados con los alimentos nutritivos a base de cáñamo, no más que la fragancia controlada de aceite esencial de opio debería ser confundida con las semillas exentas de amapola consumidas en los bagels todos los días”. Todo el humo y la bulla por aprobar leyes para penalizar los dulces son poco más que la adopción de una postura, dijo él. “Todo este alboroto no es nada sino un show. Si realmente se quería hacer algo sobre eso, que se llamase a la DEA o a la policía local y hacer con que la confisquen”.
    Chronic Candy, que afirma que embarca 100.000 piezas por mes, sigue vendiendo los productos. Otro vendedor, ICUP, que vendía los pirulíes de la marca Pot Sucres, ha anunciando que ya no lo está haciendo. Era una decisión simple de negocios para una empresa de varios niveles, dijo el abogado de la ICUP en una declaración.
    Entonces, sigue el gran debate. Los dulces definitivamente no son cáñamo, pero tampoco son marihuana en verdad, y la libertad de opción está siendo negada definitivamente, por ningún motivo sólido aun en los términos de la guerra contra las drogas. Los dulces son ilegales según la ley federal o las Sras. Lovejoys por todas partes necesitan tomar las calles gritando “¿Y los niños?”



    5. Semanal: Las Historias de Policías Corruptos de Esta Semana

    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...asemana1.shtml

    Como el Conejo de Energizar, la cola de policías corruptos sigue andando. Esta semana nosotros tenemos a un Guardia que cambió de lado, un alto policía de Minnesota con un vicio asqueroso en cocaína, un adjunto de Florida con el mismo problema, un comandante de un destacamento antidroga de Luisiana paciendo con el familiar equivocado y un agente penitenciario de Nuevo México que usa su cargo para conseguir bienes.
    Antes que nos vayamos a ello, vale la pena señalar el propósito de este reportaje. No es para reírse de los policías tontos y gananciosos. La Crónica de la Guerra Contra las Drogas no se glorifica con nadie siendo mandado a la prisión por acusaciones por drogas – aun la policía. Tampoco es nuestro propósito alentar el aparato judiciario-legal a que intente excavar más la corrupción entre sus hileras. El aparato judiciario-legal no necesita de tal alentamiento; su apetito hambriento de la guerra contra las drogas puede ser fomentado por sus propios miembros así como por los civiles. Nosotros tampoco sugestionamos que alguien que usa drogas lúdicamente está descalificado de alguna forma para ser un oficial de la policía, a pesar de que nosotros sí hallamos que la noción de que un oficial te pueda arrestar por hacer algo que él está haciendo en casa en su tiempo libre sea un poco preocupante.
    En lugar de eso, este reportaje intenta demostrar el efecto corrosivo continuo de la prohibición de las drogas sobre el aparato judiciario-legal. Cada oficial de la policía que cae presa de los insipideces del dinero fácil a través de la corrupción relacionada con la guerra contra las drogas es tanto una víctima como un síntoma de las consecuencias amorales de la prohibición. Como la tortura china con el agua, la gota, gota, gota de incidentes interminables de la corrupción del aparato judiciario-legal solo sirve para rebajar más la posición de la policía e ilustra la corrupción interminable que produce la guerra contra las drogas. Para parafrasear un antiguo refrán, la guerra contra las drogas ya es mala lo suficiente; la guerra contra las drogas procesada por policías corruptos es peor.
    Ahora, vamos a ello:
    En Baltimore, un Guardia Costero entrenado para interceptar a contrabandistas de drogas fue sentenciado el 09 de Junio a 17 años y medio de prisión federal por orquestar una carga de cocaína por el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington, anunció el Gabinete del Fiscal de los EEUU en Maryland. El suboficial Wendy Bens, 27, fue condenado por acusaciones de distribución de cocaína, conspiración y acusaciones relacionadas con drogas y armas después que él y otro Guardia Costero, Jonathan Louis DeCarlo, realizaron un negocio con drogas. De acuerdo con los registros judiciales, en Enero de 2004 Bens pagó al ex Guardia Costero de Grenada para viajar a Curazao y regresar con una maleta llena con 5,4 libras [aprox. 2kg45g]. El entregador fue arrestado por los oficiales de las aduanas en BWI. Bens y DeCarlo, mientras tanto, viajaron desde Boston armados y vistiendo chalecos a prueba de balas de la Guardia Costera y pretendiendo encontrarse con su entregador. En vez de eso, ellos se encontraron con los agentes de Inmigraciones y Aduanas (ICE), con el personal de la Guardia Costera y con la policía de Baltimore, que los arrestaron en su cuarto de hotel con la maleta – ahora llena de sustancias falsas designadas para parecerse con cocaína. DeCarlo fue sentenciado antes a cuatro años de prisión. El entregador se ha declarado culpable, pero todavía no ha sido sentenciado.
    En St. Paul, Minnesota, el ex supervisor del Buró de Aprehensiones Criminales de Minnesota, David Petersen, 46, cumplirá algunos meses de prisión después de ser condenado por robar dos libras [908g] de cocaína de un armario e insertarla en su nariz durante un período de meses. El Juez Salvador Rosas lo sentenció a un año de cárcel el 09 de Julio, pero dijo a Petersen que él podía salir en tres a seis meses si se comportase bien. Rosas también impuso a Petersen una sentencia de siete años de prisión, pero suspendió esa sentencia esperando la finalización de los 30 años de libertad vigilada de Petersen. Las orientaciones para condenación de Minnesota piden que Petersen cumpla siete años, y los fiscales pidieron eso, pero él no los recibió, informó la Associated Press. Petersen tuvo una experiencia bien suave desde el principio, cuando los fiscales le permitieron declararse culpable por una única acusación de tenencia simple de drogas.
    En Plaquemine, Luisiana, el comandante de la Law Enforcement Against Drugs Narcotics Task Force fue arrestado el Martes bajo acusaciones de que él estaba involucrado en el robo del cuartel-general del destacamento y que de ahí intentó incendiar el edificio, informó la Associated Press. El Ten. Gerald Jenkins, comandante del destacamento y veterano de 20 años del aparato judiciario-legal fue acusado de improbidad en el cargo, obstrucción de la justicia, robo con allanamiento de morada, robo, tentativa de incendio criminoso, tentativa de incendio criminoso con intención de defraudar, tenencia de cocaína con intención de distribuir y puesta de material combustible en una estructura. Las acusaciones ocurren después de un allanamiento de Lunes por la mañanita en el cual dinero, drogas y un arma fueron vendidos, artículos de la oficina fueron vandalizados y gasolina fue derramada por todas las oficinas. Los investigadores que respondieron al llamado vieron dos vehículos cerca y arrestaron al primo de Jenkins, Joseph Jenkins en uno de ellos, junto con los artículos relacionados con el robo. Ellos relacionaron rápidamente el Ten. Jenkins con su primo y ahora los dos están en la cárcel.
    En Albuquerque, el agente penitenciario Scott Richter, 50, fue arrestado el 09 de Julio bajo acusaciones de tomar providencias ilegales para cambiar el resultado de los exámenes toxicológicos, informó el Albuquerque Tribune. Él también es acusado de proporcionar un “aparato artificial” para pasar en los exámenes toxicológicos. Y él es acusado de acariciar a la enamorada de un preso; la acusación es de contacto sexual criminoso. Richter, empleado del Centro de Detención de Albuquerque Metropolitana, no trabajaba en la cárcel, sino en el programa comunitario de correcciones, donde él monitoreaba los resultados de los exámenes toxicológicos. Informada por alguien asociado con un detenido, la Oficina del Sheriff de Bernalillo County (Albuquerque) investigó a Richter durante nueve meses antes de arrestarlo y acusarlo con cinco acusaciones de solicitar o recibir sobornos en cambio de resultados limpios en los exámenes toxicológicos, una acusación de extorsión relacionada con las denuncias de que él solicitaba sobornos y la acusación de contacto sexual criminoso. Él fue encarcelado bajo $100.000 de fianza y está siendo sujetado en un área “modificada” de la cárcel por causa de “preocupaciones de alto riesgo con su seguridad”, dijo una vocera de la oficina del sheriff.
    En Naples, Florida, el Sheriff-Adjunto de Lee County, Mark Muldoon, 27, fue despedido a fines de Junio después de admitir tener un vicio en cocaína, informó el Naples News. Convocado para un examen toxicológico después que los supervisores recibieron denuncias anónimas sobre su uso de drogas, Muldoon confesó haber usado la droga, diciendo a sus superiores que él fracasaría en el examen toxicológico. Él fue despedido al mismo día. Muldoon dijo que había estado usando coca durante los últimos tres años y que su consumo había aumentado recientemente. Un vocero de la oficina del sheriff dijo que Muldoon no se enfrenta a acusaciones criminales. Los casos en los cuales Muldoon estaba involucrado están siendo revisados ahora por el gabinete del Fiscal Estatal local para ver si su testimonio es crítico. Si sí, algunos casos pueden ser retirados.


    6. Marihuana Medicinal: Activista de California que Se Enfrentaba a Tiempo de Prisión Federal Comete Suicidio, Vigilias Conmemorativas Programadas Para el Martes

    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...williams.shtml


    El paciente, proveedor y activista pro marihuana medicinal de largo tiempo de San Diego, Steven McWilliams, se suicidó en la noche del Lunes. McWilliams había estado combatiendo acusaciones federales por cultivar 25 plantas en su jardín para el Abrigo del Colectivo Store y se enfrentaba a una sentencia venidera de seis meses de prisión federal. Desde esa detención en 2002, McWilliams, que sufre de dolor crónico por una serie de accidentes de auto, estaba incapacitado de usar su analgésico preferido, la marihuana medicinal, por miedo de ser encarcelado.
    “Steve había estado deprimido y sintiendo dolores terribles y había sido hospitalizado la semana pasada”, dijo su amigo David Bronner de Dr. Bronner’s Magic Soaps. “La depresión de Steve fue aparentemente una combinación de temor de ir a la cárcel teniendo en cuenta a Raich [la reciente decisión de la Suprema Corte que permite el proceso criminal federal de pacientes y proveedores de marihuana medicinal en estados en que ella es legal] y su salud en deterioración”. “Él había postergado nuestras últimas dos citas par cenar por causa del dolor y él se iba LLAA para ver un especialista para cambiar su régimen farmacéutico”, dijo Bronner a DRCNet.
    “Steve fue un combatiente corajoso por la causa y será extrañado dolorosamente. Nuestros más profundos pésames a su compañera, Barbara mackenzie”, dijo el director de la NORML California, Dale Gleringer, en una declaración breve.
    McWilliams era un activista altamente comprometido. Además de dirigir el colectivo de pacientes, que fue reconocido como legítimo y en obediencia a la ley estatal por la ciudad de San Diego, él era un miembro vital del destacamento cuyas recomendaciones llevaron a San Diego volverse la ciudad más grande en el país a establecer orientaciones de marihuana medicinal.
    “Steve fue un verdadero héroe en la lucha, poniendo su cuerpo y alma en la oposición a la máquina, intentando abrir espacio y libertad para todos”, dijo Bronner. “Él era profundamente consciente y bondadoso, era corajoso y furioso en su activismo contra los apologistas de la porquería del status quo societal. Desde lejos, él más que nadie hizo con que las orientaciones sucediesen en San Diego, conservadora y grande como ella es, bien en la frontera con todos tipos de oposición federal. Él estaba constante y literalmente cara-a-cara con el consejo municipal y el departamento de la policía, exigiendo que ellos mantuviesen la voluntad del pueblo e implementasen la 215. Él estaba involucrado en todas las luchas progresistas”.
    Su última detención, en Septiembre de 2002, apestaba a retribución por su activismo. En ese mes, McWilliams lideró a una entrega pública de marihuana medicinal de pacientes en el ayuntamiento. Poco tiempo después, la Oficina del Fiscal de los EEUU en San Diego le advirtió que destruyese el jardín del colectivo o se enfrentase a proceso criminal. En esa misma semana, él fue allanado por la DEA. Al mes siguiente, él fue arrestado y se enfrentó a 40 años de sentencia federal por cultivo de marihuana y acusaciones de distribución. Él se confesó culpable de una acusación menor y fue condenado a seis meses, pero ha quedado en libertad esperando una apelación – una que había sido sujetada mientras las cortes esperaban la decisión en Raich.
    Su trabajo en San Diego también le consiguió el respeto de los funcionarios municipales. “Steve era un hombre realmente compasivo que trabajó duro por la gente que estaba muy enferma. Yo nunca dudé de su sinceridad”, dijo la Regidora Municipal, Tony Atkins, que lo describió una vez como “héroe” por sus esfuerzos. “Yo creo que es muy, muy triste”, dijo ella al San Diego Union Tribune.
    La organización de defensa de marihuana medicinal, Americans for Safe Access or ASA está convocando a los activistas municipales por todo el país que organicen vigilias para conmemorar la vida de McWilliams y el honor a su trabajo el próximo Martes, 19 de Junio. Si usted está interesado, envíe un correo-e a Rebecca Saltzman del ASA al rebecca@safeaccessnow.org o llame al (510) 251-1856.
    La organización también está pidiendo a los simpatizantes que escriban cartas a la compañera de McWilliams, Barbara mackenzie, a la siguiente dirección: 4763 Wilson Avenue, San Diego, CA 92116.


    7. Marihuana Medicinal: ACLU y DPA Amenazan Procesar a Schwarzenegger por Suspender Programa Californiano de Marihuana Medicinal

    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...onmarmed.shtml

    Hace una semana hoy día, los oficiales de la salud de California anunciaron que estaban suspendiendo inmediatamente un programa-piloto de tarjetas de identificación con foto emitidas por el estado, citando temores de que los funcionarios del estado y los portadores de las tarjetas pudiesen estar sujetos a proceso federal en el despertar de la decisión en Raich de la Suprema Corte. En aquel caso, la corte sostuvo que el gobierno federal puede procesar pacientes y proveedores aun en estados en que la marihuana medicinal es legal. Pero los defensores de la marihuana medicinal objetaron inmediatamente y esta semana las objeciones se transformaron en amenazas, con la American Civil Liberties Union y la Drug Policy Alliance advirtiendo que procesarán si la suspensión no se termina.
    “Estoy preocupada con las consecuencias involuntarias en potencial de emitir tarjetas de identificación de marihuana medicinal que podían afectar a los usuarios de marihuana medicinal, a sus familias y al personal del Departamento de Servicios de Salud de California”, dijo la directora de servicios de salud de California, Sandra Shewry, en una declaración el Viernes pasado anunciando la suspensión.
    La oficina del Fiscal General de California, Bill Locklyer, dijo que respondería lo más pronto posible al pedido del Departamento de Servicios de Salud para determinar si la tarjeta de identificación del programa podía volver a los empleados y pacientes susceptibles de proceso federal porque los identifica como obteniendo marihuana o ayudando a facilitar su uso. Pero el Departamento de Salud dijo que aun después que reciba la revisión legal, hará su propio decisión sobre si seguirá el programa.
    El programa incipiente empezó en tres comarcas rurales de Alta California en Mayo y hasta ahora tiene apenas 123 pacientes, dijeron oficiales del estado. Estaba programado para expandirse por todo el estado el próximo mes, pero aquellos planes ahora están suspensos. El programa de tarjetas es designado para proteger a los pacientes y proveedores de la detención al proporcionarles una identificación reconocida en todo el estado. Algunas ciudades, incluyendo a San Francisco, Oakland y Santa Cruz, tienen sus propios programas de tarjetas de identificación. Ellas no son afectadas por la decisión del Departamento de Salud.
    “La decisión parecería ser una tragedia y espero que la reviertan lo más pronto posible”, dijo el director ejecutivo de la DPA, Ethan Nadelmann, al Los Angeles Times el Viernes pasado.
    El Martes, su organización y la ACLU habían parado de esperar y empezado a insistir. En una carta a la directora de los Servicios de Salud, Shewry, y su jefe, el Gob. Arnold Schwarzenegger, los dos grupos explicaron que el Fiscal General Locklyer ya había clarificado que los funcionarios del estado “… no pueden rehusarse a observar las disposiciones de la Ley de Uso Compasivo sobre la base de que esta Ley entra en conflicto con la ley federal”. La carta explicaba después que la constitución del estado y el tribunal más alto del estado prohibe explícitamente al poder ejecutivo de ignorar la ley estatal, aun si cree que entra en conflicto con la ley federal.
    “Todavía hay mucha incertidumbre entre el público respecto del impacto de la decisión en Raich. Las emociones están a mil y pacientes enfermos y convalecientes junto con sus médicos están comprensiblemente preocupados con sus estatus legales. Bajo estas circunstancias, los oficiales del gobierno de California tienen el deber de mejorar, no exacerbar, el miedo y la confusión del público. En vez de eso, las acciones impropias del CDHS han asustado y confundido inmoderadamente los pacientes de marihuana medicinal de California”, escribieron la DPA y la ACLU. “Nosotros exigimos que ustedes suspendan inmediatamente la suspensión del programa de marihuana medicinal y la emisión de tarjetas de identificación”.
    Esté atento.

    8. Ciencia Loca: Comité de la Cámara Aprueba Teste de Micoherbicida en Intento de Eliminar Cultivos de Drogas

    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...ncialoca.shtml

    El Departamento de Estado no quiere tocarlos. La CIA se aparta de ellos. La DEA ha lavado sus manos. El secretario antidroga se burla de ellos. Nadie en el gobierno federal quiere envolverse con los micoherbicidas, los hongos patogénicos que pueden ser aplicados en teoría a los cultivos de coca en los Andes, los cultivos de opio en Afganistán o a cualquier otro cultivo, si es que se puede decir. Pero los ardientes guerreros antidrogas en la Cámara de los Diputados han forzado un dispositivo que ordena la renovación de la pesquisa del uso de micoherbicidas dentro del proyecto de apropiaciones de la Oficina de Política Nacional de Control de las Drogas (ONDCP), y ellos han vencido su primera batalla con la aprobación del proyecto en el Subcomité de Relaciones Internacionales Sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara el 16 de Junio.
    Una ronda anterior de entusiasmo entre los guerreros antidrogas por la victoria a través de la guerra biológica se chocó contra el suelo mientras los costos potenciales de fiarse en micoherbicidas, como el fusarium, se volvieron conocidos. El Presidente Clinton abandonó la idea de usarlo contra la coca colombiana por causa del posible desastre de relaciones públicas que los micoherbicidas representan.
    En respuesta a una propuesta de los oficiales antidrogas en Florida para usar los micoherbicidas allí, el director del Departamento de Protección Ambiental de Florida, David Struhs, trató de los peligros de micoherbicidas como el fusarium en una carta al entonces secretario antidroga del estado, Jim mcdonough: “La especie fusarium es capaz de evolucionar rápidamente. La mutación genética es desde lejos el factor más perturbador en intentar usar una especie fusarium como bioherbicida. Es difícil, sino imposible controlar la diseminación de la especie fusarium. Los hongos mutados pueden causar enfermedades en grandes números de cultivos, incluyendo a tomates, pimientos, flores, maíz y vides y son normalmente considerados una amenaza a los agricultores como peste, en vez de pesticida… La especie Fusarium es más activa en suelos calientes y puede quedarse viviendo en el suelo durante años. Su longevidad y el aumento de su actividad bajo las condiciones de Florida son preocupantes, ya que esto puede llevar un aumento del riesgo de mutación genética”.
    Nada de eso preocupó al director del comité, el Dip. Dan Burton, (R-IN), que fue autor de la enmienda de micoherbicidas al proyecto de apropiaciones, o su secuaz de la guerra contra las drogas, el Dip. Mark Souder (R-IN), que defendió a la acción. “Nosotros gastamos millones de dólares todos los años en esfuerzos contranarcóticos, incluyendo la erradicación e interdicción de cultivos, especialmente en nuestros esfuerzos conjuntos en Colombia, Afganistán y en otros lugares, pero el flujo de narcóticos ilegales y letales sigue siendo un gran problema en nuestro país”, dijo Burton en un comunicado de prensa sobre la medida. “El advenimiento de los micoherbicidas y otras alternativas contranarcóticos nos ofrecen la posibilidad de acabar con la fuente de estas drogas literalmente en sus raíces”.
    “Si se prueba exitoso, el micoherbicida puede revolucionar nuestros esfuerzos de erradicación de drogas”, dijo Souder. “La pesquisa con micoherbicidas necesita ser investigada y nosotros necesitamos empezar a testarlos en los campos. El beneficio potencial de estos hongos es tremendo. Mi colega de Hoosier debería ser aplaudido por avanzar esta iniciativa y yo estoy satisfecho que fue adoptado en el proyecto”.
    Si la enmienda sigue intacta durante el resto del proceso de apropiaciones, el dispositivo Burton requerirá que el secretario antidroga presente al Congreso dentro de 90 días un plan de acción para una revisión de la ciencia de los micoherbicidas como medio de destruir los cultivos de drogas. También pide el teste científico controlado de micoherbicidas en un gran país productor de drogas.
    “Estoy bien esperanzado que con la pesquisa y el teste científicos apropiados, los micoherbicidas pueden ser utilizados como herramienta eficaz para ayudar a erradicar los campos de amapola y coca alrededor del mundo y por últimos reducir el flujo de drogas que llega a nuestro país”, concluyó el Presidente Burton.
    “Esencialmente, todo el gobierno de los EEUU ha cerrado hileras contra usar los micoherbicidas”, dijo Jeremy Bigwood, un pesquisador de micoherbicidas y coautor del estudio financiado por la Fundación MacArthur, "Microherbicides: Biocontrol or Biowarfare?" [Microherbicidas: ¿Control Biológico o Guerra Biológica?]. “Toda la pesquisa sugiere que sería extremadamente peligroso usarlos. Ellos son tóxicos y no son específicos, y mutan. Son pequeñas fábricas químicas que producen químicos tóxicos y ellos pueden atacar a los humanos”.
    Los políticos envueltos en hacer presión por el uso de sustancias así son “la sección de hinchada de los micoherbicidas” y son ciegos a los peligros – tanto científicos como políticos – de recurrir a ellos”, dijo Bigwood. “Esto es esencialmente la guerra biológica, y Burton y sus amigos están intentando forzar el poder ejecutivo a hacer esto contra su voluntad. El gobierno de los EEUU no quiere nada con esto. Apenas piense sobre cómo las FARC en Colombia pueden usa esto como golpe de propaganda; la respuesta sería instantánea y dramática. Asimismo, si ellos amenazan usar esto en Afganistán, esa sería una verdadera mala noticia. El Talibán no tiene mucha simpatía en el mundo occidental, pero empiece a fumigarlos con esa cosa y eso cambiará rápidamente”.
    Mientras tanto, el proyecto de apropiaciones del secretario antidroga sigue adelante. Llamando al Dip. Strangelove, llamando al Dip. Frankenstein…

    9. Marihuana: Comisarios de Pennsylvania Occidental Dicen Despenalicen la Marihuana

    http://espanol.stopthedrugwar.org/cr...cidental.shtml

    Según la ley de Pennsylvania, la tenencia de hasta 30 gramos de marihuana – poco más de una onza – es una ofensa menor punible con hasta 30 días de cárcel y una multa de $500. La tenencia superior a 30 gramos también es una contravención punible por hasta un año de cárcel. Si algunos comisarios de Pennsylvania occidental hiciesen su voluntad, eso cambiaría. Despenalicen la marihuana, dijeron ellos al Allegheny Times a fines de la semana pasada – al menos las pequeñas cantidades.
    Los altos policías de la pequeña ciudad entrevistados por el Times citaron el número en recursos policíacos y inocuidad relativa de la marihuana compara con otras drogas. “Procesar toma un montón de tiempo de la policía y crea gastos con horas extra”, dijo el Comisario de la Policía de Ambridge, Dave Sabor, un oficial veterano de 37 años. Una típica detención por marihuana cuesta a su departamento de $60 a $100 en gastos con horas extra en la sala de justicia, dijo Sabor, y consume mucho tiempo de los oficiales en la escritura de la denuncia y las apariciones en el tribunal.
    Sería mejor despenalizar la tenencia de cantidades de “uso personal”, dijo él. La simple tenencia de marihuana debería ser tratada como infracción sumaria, como la perturbación del orden o las infracciones del tránsito, dijo Sabor. Son las infracciones sumarias, no hay detención y no hay antecedente criminal. En vez de eso, una citación es emitida.
    El Comisario de la Policía del Municipio de New Sewickley, John Daley, dijo al Times que estaba de acuerdo con Sabol. “Sólo darles una citación sumaria con una multa apropiada establecida por la legislatura, eso serviría. Puede funcionar, sólo no para las grandes cantidades”, dijo Daley.
    El Comisario en funciones del Municipio de Rochester, Joe DeLuca, dijo en muchos casos que eso ya está ocurriendo de hecho. Muchos infractores primarios son acusados sólo con perturbación del orden, dijo él.
    “Yo puedo decir que muchos oficiales, cuando ellos atrapan a alguien con solo un pitillo, eso será reducido a una infracción sumaria, porque es una cantidad tan insignificante, en vez de proceder con la contravención por tenencia”, dijo DeLuca.
    Para ser claro, los comisarios no están defendiendo al aflojamiento al e
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