La danza de la impunidad - asesinos, jefes del narcotráfico, amnistiados

Para cristalizar de su política de Seguridad Democrática, eje del Plan de Desarrollo “hacia un Estado Comunitario”, el gobierno autoritario de Álvaro Uribe Velez propuso, por intermedio de su ultraderechista Ministro del Interior Fernando Londoño, desde el pasado 21 de agosto, al Poder Legislativo colombiano, un proyecto legislativo para dejar en la absoluta impunidad los delitos atroces cometidos por los grupos paramilitares durante las ultimas tres décadas.

11.10.2003 (Por Horacio Duque, ANNCOL)

“Los jefes paramilitares, asesinos que han masacrado a docenas de civiles, podrían evitar la cárcel o salir de ella con solo una firma. La ley también daría impunidad a los carteles de la droga, pues muchos de los jefes del narcotráfico también son paramilitares”.

(Editorial del The New York Times, 20 de septiembre de 2003)


Se trata de la iniciativa legislativa “por la cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”.

El texto de la iniciativa presentada esta organizado en tres capítulos. El primero de los cuales ofrece la versión gubernamental de conceptos como victima, reparación y reparación simbólica; el segundo establece los mecanismos procesales para la suspensión de la pena; y el tercero indica las penas alternativas a la prisión.

El contenido del proyecto es como la invitación a una tenebrosa danza de la impunidad en la que los peores asesinos disponen el escenario según su macabra conveniencia.

Trasgrediendo significados y principios, la administración presenta como “rebeldes políticos” a quienes están insertos en estructuras paraestatales configuradas para proteger y expandir los poderes de las capas privilegiadas de la sociedad colombiana: terratenientes, ganaderos, capos de la droga, multinacionales, políticos del bipartidismo liberal-conservador y generales de la republica, mediante el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los delitos de guerra.
Tanto la policía chulavita conservadora de los años cuarenta como las actuales “autodefensas” que dirige Carlos Castaño, son organizaciones paramilitares organizadas por los grupos nacionales y regionales de poder del bipartidismo, con la intervención activa de las Fuerzas Armadas, para conservar y expandir las formas sociales de privilegio y exclusión mediante el terror, el genocidio, el asesinato y el desplazamiento forzado de la población.

En el caso específico de las Fuerzas Militares, su promoción sostenida de tales estructuras ilegales corresponde a una concepción política que las hace indispensable para el mantenimiento de sus espacios de poder e influencia en el Estado. Los generales y la alta oficialidad ven a los paramilitares como la prolongación de su poder político en la estructura estatal prevaleciente.
Por su naturaleza, no se trata de contrapuntos al sistema de dominación vigente en Colombia. Por el contrario hacen parte sustancial de los circuitos del poder oligárquico existente en nuestra nación. El intento por equipararlos a las guerrillas revolucionaras no pasa de ser un truco para legitimar el paso que se propone el gobierno con su estrategia legislativa.

El acto de favorabilidad con los paramilitares, promovido por el gobierno del señor Uribe Velez, no es más que la prolongación de una coincidencia política identificada en el proceso electoral presidencial de los años 2000 y 2001.

El permanente sabotaje de Carlos Castaño y los paramilitares a la política de paz del gobierno de Andrés Pastrana cristalizado en el fracaso de los diálogos con el ELN en la proyectada “zona de encuentro” en el sur del departamento de Bolívar y en la suspensión de las negociaciones con las FARC, se sumaba a la obstinada oposición del señor Uribe Velez, en nombre de una retrograda constelación de elites regionales resentidas con la estrategia nacional de Andrés Pastrana, para buscar una salida negociada a la guerra civil colombiana mediante los diálogos en San Vicente del Caguan.
Es la alianza que se impone en las elecciones con un candidato presidencial que recoge las más regresivas y autoritarias estrategias de desarrollo político, las cuales reflejan el ideario de los grupos paramilitares colombianos.

Emerge entonces el modelo fascista que se implementa ahora en Colombia por Uribe Velez. Parte de ese modelo es la legalización de los grupos paramilitares mediante la ley de impunidad que se debate en las cámaras legislativas. Legalización que prevé la inclusión de los soldados mercenarios en las estructuras de coerción existentes como las redes de cooperantes y los soldados campesinos.
Por supuesto que esta ley esta siendo resistida por la sociedad porque la misma es una agresión a las normas elementales del derecho. Su simple formulación transgrede las normas universales de los derechos humanos y del derecho penal internacional.

Pretender, como lo quiere Uribe Velez, la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal de los grupos paramilitares de Carlos Castaño como autores de graves violaciones de los derechos humanos, así como de su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque se les excluya, mediante una ley, de toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización de daño causado a sus victimas, es un acto criminal que demanda el concurso de la comunidad internacional para impedir su materialización.

Puede ocurrir que los crímenes de los paramilitares sean amnistiados en Colombia por el gobierno fascista de Uribe Velez, pero ellos deben saber que existen en el derecho internacional de los derechos humanos normas que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y normas que establecen la cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad.

Entre tanto, el mero hecho de haber formulado la iniciativa legislativa ya coloca el actual gobierno entre los trasgresores de las normas del derecho penal internacional. Asunto que debe ser objeto de investigación por la Corte Penal Internacional, tal como nos proponemos denunciarlo con varias organizaciones y ciudadanos colombianos ante dicha institucion.

www.anncol.org

Alberto siente algo de temor por su futuro y por el de los otros desmovilizados que el 25 de noviembre se reinsertarán.



Noviembre 15 de 2003
Joven paramilitar que se desmovlizará reconoce que seguirá armado y en el narcotráfico

El 25 de noviembre, este joven será uno de los 800 integrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Auc que abandonarán el conflicto.

La quinta vez que Alberto* salió de la cárcel de Bellavista, después de pagar tres años de encierro, el Bloque Cacique Nutibara (Bcn) ya había comenzado a aparecerse en el barrio donde él se había criado y convertido en delincuente.

Para seguir con vida y dentro del 'negocio', él, un ágil ladrón de carros y motos, hoy de 25 años, comenzó en el 2001 a seguir las órdenes de ese bloque, comandado por 'Don Berna' o 'Adolfo Paz', que el próximo 25 de noviembre, desmovilizará a 800 de sus hombres.

"Ya uno tenía que pedirles permiso para robar; como se dice, había que 'copiarles' a las autodefensas, porque el que no lo hacía se moría". Eran días que en el barrio, en el occidente de Medellín, aparecían dos o tres 'pillos' muertos al día.

Aunque para esa época el reclutamiento fue a la brava, Alberto hoy está convencido de la causa paramilitar. "Ellos organizaron el barrio, los marihuaneros tienen su 'zona de distensión', las cuadras están muy tranquilas. Si por mí fuera yo no me desmovilizo, no creo en eso, pero la orden viene de arriba, de Montería. Entonces, hay que hacer caso", dice el muchacho con cierto respeto hacia Carlos Castaño.

Recién ingresado al Cacique Nutibara, en la época en que no había enemistad con el bloque Metro, fue enviado a entrenamiento militar a un campamento en San José del Nus, en el nordeste antioqueño. Fueron tres meses de combates contra la guerrilla de las Farc en esa zona del departamento.

Luego volvió al barrio y comenzó a manejar el negocio de la marihuana en el sector. "Toda la marihuana que entra al área metropolitana es con permiso del Cacique Nutibara. ¿Que si voy a dejar de vender marihuana cuando me desmovilice? Nooo. ¿y es que el vicio se va a acabar?", dice en tono francote el muchacho, que también se mantiene con lo que le dejan varios taxis de su propiedad.

La mayoría de los muchachos que se desmovilizarán en su sector (unos 20) no son tan pudientes como él. Ellos viven de los 120 ó 150 mil que el Bcn les entrega por el cobro de 'vacunas' a empresas transportadoras y del rebusque con la marihuana. También con una que otro robo esporádico.

"Ellos se van para La Ceja (el sitio de capacitación en el que permanecerán los 800 reinsertados durante unas tres semanas); pero yo no voy a ir. Yo me desmovilizo, pero no me voy a ir a meter allá. Yo tengo mi plante (platica para poder vivir) y me gusta la buena vida".

Sin desparpajo vuelve y reconoce que no va a dejar el negocio de la venta de marihuana. Pero sí agacha la cabeza cuando habla de los asesinatos y de los robos que ha cometido en estos años.

"Yo he matado mucha gente. Me arrepiento de haber puesto a sufrir a tantas 'cuchas' (mamás). Y de haber 'picado' (desguazado) tanto carro, sabiendo que hay gente que lo compra con tanto esfuerzo".

También confiesa que no entregará todas las armas. "¿Cómo va a andar uno por ahí sin un pulmón?, ¿Y usted cree que los compañeros de Blanquizal -barrio de la comuna 13 donde hubo gran presencia guerrillera hasta hace un año- se van a quedar sin armas sabiendo que los milicianos se pueden volver a meter? Uno sí entrega 'fierros', pero no todos".

De eso no duda ahora ni desde hace siete meses, cuando el jefe paramilitar del barrio les comenzó a mencionar la palabra desmovilización. Desde eso los convocan a por lo menos una reunión mensual, en la que les explican cómo va el proceso.

Una de las cosas que ilusiona a Alberto, y a otros muchachos de su parche (grupo), con todo esto de la desmovilización es que va a poder terminar de estudiar. Él, por ejemplo, quiere graduarse de bachiller y aprender mecánica automotriz. Se imagina como el dueño de un taller para también ganar plata honradamente y seguir con los gustos que se da hoy: viajar 5 ó 6 veces al año a la costa Atlántica, y vestirse con buena ropa.

"Todos estamos esperanzados en que nos van a dar estudio, un trabajo bueno y parte de un dinero mientras uno se coloca".

A pesar de la tranquilidad casi insolente con que habla de todo, del vicio, de los crímenes y de las armas que no va a soltar, Alberto se pone tenso, nervioso, cuando se le pregunta si cree que las cosas van a terminar bien y el proceso de paz del presidente Uribe va a ser un éxito.

"Yo no sé qué va a pasar con nosotros. Yo lo que no quiero es que nos pase lo que les pasó a los milicianos, que se fueron matando entre ellos cuando se desmovilizaron en el 94".

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

MEDELLÍN

http://eltiempo.terra.com.co/coar/no...R-1324050.html

Propone líder de los paramilitares acuerdo de inmunidad a cambio de desmovilización

Por AFP
Grupo Reforma

Bogotá, Colombia (18 noviembre 2003).- Carlos Castaño, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pidió ayer al Gobierno del Presidente Álvaro Uribe firmar con Washington un acuerdo similar al que recientemente se suscribió por el tema del Tribunal Penal Internacional (TPI) para dar inmunidad a los paramilitares que se acojan a un proceso de paz.

El planteamiento está hecho en una carta abierta dirigida por Castaño al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo y publicada este lunes en la página de internet de las AUC.

Sobre este plan alternativo de desmovilización paramilitar, obstaculizada por falta de consenso sobre un proyecto legislativo de castigo sin cárcel para autores de delitos atroces, Castaño indicó que era tomando como un asunto serio.

"Esto vuelve el proceso viable y le estaríamos demostrando al país que es seria nuestra determinación, y que estamos en el ánimo de encontrar un camino hacia la superación del conflicto'''', según Castaño.

El plan contempla acuerdos internacionales para superar obstáculos como las exigencias de los Estados Unidos de solicitar en extradición a los jefes paramilitares acusados de narcotráfico y de las Naciones Unidas que han advertido que la paz con los paramilitares no puede generar impunidad.

"Colombia acaba de firmar un acuerdo con los Estados Unidos sobre el Tribunal Penal Internacional", dice Castaño, quien propone "algo del mismo estilo en otras condiciones y proporciones".

Recientemente Colombia suscribió con Estados Unidos un acuerdo bilateral para eximir de la competencia de la Corte Penal Internacional a los ciudadanos estadounidenses que cometan delitos en su territorio.

El líder de AUC insiste en el "sometimiento a la justicia'''' de los paramilitares, a cambio de "penas alternas'''', contempladas en un proyecto de ley que está a consideración del Congreso para que los combatientes puedan ser castigados con penas excarcelables, a cambio de reparación de los daños causados a las familias de sus víctimas y la devolución de bienes conseguidos ilícitamente.

La legislación está estancada, debido a las objeciones internacionales y a la oposición de muchos congresistas que no aceptan aplicar castigos simbólicos (sin cárcel) a los jefes paramilitares que están condenados o acusados de masacres, desplazamientos masivos, secuestros y otros delitos atroces.

Los paramilitares están abocados a un proceso de paz con el Gobierno colombiano, que debería desmovilizar a unos 20 mil hombres a finales del 2005. Hace casi un año que Castaño y otros jefes paramilitares anunciaron la decisión de negociar con el Gobierno el fin de su lucha contrainsurgente.

Las partes firmaron un acuerdo el 15 de julio pasado para iniciar un proceso gradual de desmovilización, una vez que las fuerzas armadas tomen el control de las zonas que van a desalojar para evitar que esos espacios sean copados por la guerrilla.

Unos 800 hombres del llamado "Bloque Nutibara" iniciarán su desmovilización la próxima semana.

Los paramilitares surgieron a comienzos de la década de los años 90 en zonas de influencia de la guerrilla y ausencia de las fuerzas militares, patrocinados por ganaderos y hacendados, que buscaban librarse de los secuestros, asesinatos y extorsiones de los guerrilleros.

http://www.mural.com/internacional/articulo/321615/
(...)

Colombia
Paramilitares colombianos dejan las armas a cambio de impunidad
Human Rights Watch denuncia la inmunidad de la que disfrutan los líderes paramilitares en el proceso de paz en curso. Asesinos condenados a decenas de años salen por la televisión como si nada hubiera pasado.

Liliana Marcos / Canal Solidario (26/11/2003)
“El programa es una farsa. En lugar de darles un micrófono a estos criminales, el Gobierno debería concentrarse en detenerlos y llevarlos ante la justicia”, palabras tan duras eran las que salían de la boca de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, después de que 800 combatientes paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, abandonaran las armas en vivo y en directo, durante un programa televisivo retransmitido desde el Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín, anteayer a las siete de la mañana.

Poco después de ganar las presidenciales, el liberal Álvaro Uribe le tendía la mano a los paramilitares ofreciéndoles un acuerdo de paz que estos aceptaban a condición de lograr la inmunidad internacional para sus crímenes. El 15 de julio de este año, el Acuerdo de Santa Fe de Ralito sentaba las bases de lo retransmitido por televisión. El martes toda Colombia pudo ver por televisión la culminación de este proceso y las declaraciones de los líderes de las AUC, hombres condenados por asesinatos y masacres que se benefician del proceso de paz para seguir en libertad.

Éste es el caso de Carlos Castallo, jefe de las AUC presente también en esta retrasmisión y que, en su biografía autorizada, reconoce ser responsable de asesinatos como el del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, muerto por disparos en 1990 y por el que está condenado a 22 años de cárcel. Por la matanza de 15 personas en El Aro en 1997, un juez del Departamento de Antioquia le condenó a 44 años. Los testigos de esta matanza recuerdan cómo los paramilitares le sacaron los ojos y le cortaron la lengua y los testículos a una de sus víctimas antes de matarlo. Junto con Castallo aparecían otros de los ‘hombres más buscados’ como Salvatore Mancuso, acusado y condenado por asesinatos o Diego Murillo Bejarano, famoso narco relacionado con Pablo Escobar cuya fortuna podría ser legalizada a expensas del proceso de paz.

Torturas

La organización estadounidense alerta sobre el riesgo que supone que hombres como Castallo sigan en libertad ya que, aunque los combatientes de bajo rango se inserten socialmente, los jefes de estos grupos armados pueden reclutar a nuevos miembros y organizarse de nuevo. Los antiguos que ahora dejan las armas pasarán tres semanas bajo custodia del ejército esperando que se aclare su situación laboral y judicial. Varios empresarios de la zona han prometido puestos de trabajo para estos paramilitares que ahora abandonan las armas. Su integración es fundamental para que el proceso continúe.

Coincidiendo con este nuevo avance en un proceso de paz más que cuestionado, Amnistía Internacional saca a la luz un nuevo informe sobre el aumento de la práctica de torturas en el país andino que presenta, a su vez, ante el Comité de Tortura de la ONU. Entre julio de 1996 y junio de 2001, la organización defensora de derechos humanos ha contabilizado la tortura de más de 1.200 personas, el 88% de ellas fueron asesinadas posteriormente.

En cuanto a los responsables, según AI, el 55% de los casos las torturas son cometidas por paramilitares, el 11% por las propias fuerzas de seguridad y el 7% por los grupos armados de oposición. En el resto de los casos se ignora quién es el agresor.

Colombia, que lleva casi medio siglo enfrascada en una guerra civil en la que se mezclan guerrilleros, soldados, paramilitares, narcotraficantes y ayuda militar extranjera, vio morir, sólo en el 2002, a más de 4.000 civiles por motivos políticos; otras 1.000 personas desaparecieron, 400.000 se convirtieron en desplazados internos y casi 3.000 fueron secuestradas, la mitad por grupos de oposición o paramilitares.
http://www.canalsolidario.com/web/no...a=4416&grupo=1

Paras siguen lucha a pesar de acuerdo

Por Enrique Ibáñez.
Agencia EFE
1/3/2004



Amparados en la noche, un grupo de 150 paramilitares del Bloque Centauros, desde los llanos orientales en el centro de Colombia, se aprestan a realizar un viaje de ocho horas por llano, monte y selva, para reforzar a sus compañeros que combaten en el sur oriente con sus archienemigos, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Para ellos el proceso de negociación emprendido por el Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque no con todos los bloques, no ha hecho más que comenzar y la fecha de finales de 2005, cuando debería culminar ese proceso con la entrega de armas, la desmovilización y la reinserción de estos combatientes irregulares, se ve muy lejana.

"Se ha trazado un plan de trabajo y debemos esperar para ver en qué para todo esto", dice con cautela el comandante "Jorge", máximo jefe del Bloque Centauros, que con más de 4,000 hombres domina esa zona que abarca casi todo el departamento del Meta, y es el segundo en importancia de las AUC, tras los que dirigen los principales jefes de esa organización, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, en el noroeste.
(...)http://www.sun-sentinel.com/elsentin...a-noticias-cci

Paramilitares cometen 16 masacres durante tregua
http://www.adital.org.br/asp2/notici...&noticia=11076


BOGOTA (AFP).— El gobierno colombiano denunció el incumplimiento de un cese del fuego unilateral anunciado por los grupos paramilitares de extrema derecha y demandó de éstos que se ubiquen de inmediato en zonas de concentración para avanzar en un diálogo de paz, que es verificado por la OEA.

El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, aseguró el jueves que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han cometido en el último año 362 asesinatos, 16 masacres y 180 secuestros pese a haber declarado un cese de hostilidades el 1 de diciembre de 2002, en el marco de un proceso de paz.
(...)
http://www.laopinion.com/latinoameri...20182750603281

La representante Rocío Arias le pedirá esta semana a España que reciba a los desmovilizados de las autodefensas en un plan de intercambio para que estudien en la Universidad de Barcelona. La parlamentaria uribista considera que la Unión Europea debe vincularse al proceso de paz con esa agrupación.
La propuesta será planteada durante el Foro de Experiencias sobre alternatividad penal que se realizará en el país ibérico y al cual también asistirán al alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, y el senador Rafael Pardo.
Rocío Arias, representante uribista: “Sería interesante que los jóvenes reinsertados del bloque Cacique Nutibara tuvieran la experiencia de ir a Barcelona a recibir una capacitación de la división de estudios para la paz , y especialistas de allá vengan a ver cómo ha sido el proceso de paz de Medellín, que se metan a las comunas y que lo acompañen desde todo punto de vista”.
La congresista Arias le pedirá a Estados Unidos que excluya a las autodefensas de la lista de capos de la droga; y a Europa, que se vincule al proceso de paz con esa agrupación.
http://www.cmi.com.co/Contenido/contenido.asp?Nota=52

Asesinar no es grave. Proveer a la sana juventud norteamericana del polvo blanco sin el cual no puede vivir es un crimen de leso Imperio
Por Antonio Caballero

http://semana.terra.com.co/opencms/o....html?id=78550


Y resulta que lo que les preocupa de la ley de alternatividad penal, o como se llame en su nueva versión, no es que perdone a los paras, sino el peligro de que se puedan colar en ese perdón los narcos.

Hace casi 20 años, cuando la erupción de lodo del nevado del Ruiz sepultó el pueblo de Armero, lo que preocupó a las autoridades y a los comentaristas bienpen-

santes de la época no fue que hubiera habido 20.000 muertos en una población de 25.000 habitantes, sino que los damnificados que a continuación reclamaron casa nueva fueran 40.000. Tenía que haber muchos colados. El mismo extraño fenómeno aritmético se había presentado poco antes, cuando el terremoto de Popayán: había más damnificados que popayanejos. Y sí, claro, eran colados, por la sencilla razón de que este es un país de damnificados. Cuando por algún milagro

-una erupción volcánica, un terremoto- las autoridades dan algo, en vez de quitarlo, todo el mundo se apunta. Es natural.

También es natural, o por lo menos comprensible, la preocupación de las autoridades cuando se cuela la gente en tales casos: porque un damnificado cuesta más que un muerto. Pero en el caso actual, el de los paras perdonados y los colados narcos, no es así. Por el contrario: cuesta muchísimo más un para que un narco. Y por añadidura, aunque se puede aceptar en gracia de discusión la hipótesis de que no todos los narcos de este país sean paras, y en consecuencia pueda haber narcos avispados que se cuelen disfrazados de paras (como en la reciente entrega de paras en Medellín se colaron unos cuantos centenares de desechables uniformados: seudo-narco-para-militares: se nos están acabando los prefijos), lo que sí sabe todo el mundo es que todos los paras son narcos. Desde el principio: el MAS, aquel 'Muerte a Secuestradores' que montaron los Ochoa y Pablo Escobar cuando el M-19 secuestró a Blanca Nieves Ochoa y pidió rescate, era un grupo narco-para-militar. Hasta hoy: este recién aparecido Vicente Castaño que al parecer mandó matar a su hermano Carlos

-aunque a lo mejor no- financia su grupo armado para con los recursos que le dan sus actividades de narco. Como lo hacía su hermano Carlos, aunque verbalmente criticara el negocio. Y como lo hacía también antes el también misteriosamente desaparecido y a lo mejor muerto y a lo mejor no hermano de los dos, Fidel Castaño, que en su momento se hizo célebre por repartir tierras entre los campesinos a quienes había despojado de sus tierras.

O sea. Que al perdonar paras se está perdonando narcos: para-narcos.

Pero lo que las autoridades del gobierno, y los parlamentarios levemente críticos del gobierno, y los editorialistas y los columnista de prensa consideran intolerable es el delito narco, y no el delito para. Lo de masacrar pueblos enteros y descuartizar gente con motosierra, lo de expulsar a miles de campesinos de sus parcelas para quedarse con ellas, lo de asesinar "selectivamente" (para poner un solo caso) a los periodistas irrespetuosos, como el humorista Jaime Garzón, no es cosa grave. Peccata minuta, como dicen los cardenales del Vaticano. Cosa que se puede no solo perdonar y olvidar, sino incluso premiar con la exoneración de la posible extradición y con la entrega en firme, para que sirva de "casa por cárcel", de las fincas robadas a los expulsados: en algunos casos un municipio entero, y hasta medio departamento por "cárcel". Pues los paras son, como dice con involuntario humor negro el ex ministro contratista Fernando Londoño en la columna de prensa con que le premiaron su pirueta de Invercolsa, gente de bien que quiere contribuir a la pacificación del país entregando las armas. Hay que ayudarles. Hay que garantizarles que no perderán sus bienes ni sus derechos, por si acaso en el futuro quieren ser, o quieren volver a ser, alcaldes de sus pueblos, representantes o senadores de sus departamentos, presidentes de la República. Es buena gente. Son patriotas.

Lo que no se puede perdonar, en cambio, es el delito de narcotráfico. Para decirlo más exactamente: el delito de contrabando de drogas prohibidas por el gobierno de los Estados Unidos. Asesinar no es grave. Proveer a la sana juventud norteamericana del polvo blanco sin el cual es incapaz de vivir es un crimen de leso Imperio.

Y nuestras autoridades y nuestros comentaristas se inclinan, reverentes: que no se cuelen los narcos.

PELEA DE TIGRE Con burro amarrado
por German Silva Losada
Porqué tanta preocupación por el chacal ?

Pasmosa y vergonzosa la forma como los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, como el mando militar y las altas cortes del estado saltan de sus mullidas poltronas a proteger y brindar todas las garantías a los jefes paramilitares, “desaparecidos y en riesgo” por el fuego amigo de las vendetas entre sus bandas mafiosas desbandadas; contrastando con el desamparo, la estigmatización y la persecución a los deudos y las víctimas que esos escuadrones dejan con la guerra sucia que involucra incluso a los protectores.

La manera como el Gobierno y los organismos del Estado, reaccionan, desplegando todas las fuerzas por tierra, mar y aire para rescatar y proteger a sus comandantes, mientras que desplazados, amenazados, victimas y secuestrados, estan en abandono y alto riesgo, comprueba que los defensores de la paz, los DD.HH., la vida, la democracia y la justicia, siguen resistiendo en una pelea de tigre con burro amarrado. Mientras las víctimas desprotegidas con los mordiscos del hambre no duermen, esperando cualquier zarpazo, del sicariato, de los agiotistas, los arrendadores, los privatizadores, los burócratas, los corruptos, con el llanto de los chicos, el quejido de todas las enfermedades sin remedio, en ranchos desbarrancados por el invierno; los victimarios gozan de todas las comodidades del sistema y de la protección amorosa del gobierno.

Los argumentos no faltan, como que estan en “un proceso de paz”, que nadie siente porque siguen sus matanzas de norte a sur o que hay que convencerlos de que no se maten entre ellos para que todos hagan el monólogo con el régimen, que nos recuerda el de aquella reciente obra de teatro, o de que se van a tirar la selección de los 7 paracapos que deben entrar en conversaciones para la extradición como lo ordenan los gringos etc.

Con esta doble moral el gobierno confirma las acusaciones de que el paramilitarismo es una política de estado, que éste es un diálogo de Yo con yo y que el tal proceso no es mas que un sofisma para que los victimarios con crímenes de lesa humanidad se constituyan en partido político para legalizar su presencia en el gobierno, el congreso, los mandos, .y. que ironía, en la fiscalía y las altas cortes!, como lo demuestran parlamentarios y medios internacionales. Y hasta se pregunta uno, ¿Será para fortalecer la parafernalia hacia la reelección y la cínica invasión mercenaria a Venezuela?

La verdad mondad y lironda, es que el paramilitarismo que nació para defender a narcotraficantes ligados a los mas sucios y encumbrados intereses y poderes económicos, que empezaban a ser golpeados por las guerrillas, fueron cooptados enseguida en defensa de la política de ultraderecha militarista para desarrollar la guerra sucia de la fuerza pública, que ésta no podía seguir desarrollando ante la lluvia de protestas y cuestionamientos en el país y en el exterior. Y a renglón seguido las principales multinacionales militares y civiles del imperio, entraron a utilizarlos como testaferros y mercenarios, en la defensa de sus megaproyectos geopolíticos en la fértil tierra colombiana.

Así como el narcotráfico logró inundar y copar todos los espacios y estrados civiles y militares, del estado, de su mano el paramilitarismo infestó entidades y organismos estatales, practicando el terrorismo de estado.

Que haya preocupación para brindar garantías y proteger a familiares civiles de los combatientes, que no participan en el conflicto, incluso muchos que estan en contra de ellos, es un deber enmarcado en la legislación de DD.HH. del DHI y los protocolos, que las organizaciones sociales y populares defienden. La familia, incluso amigos, no tienen la culpa de que hijos o familiares tomen la decisión de enrolarse en las filas de alzados en armas. Hacen parte de la población civil y como tal el estado debe velar por su protección y seguridad.

Lo alarmante es que dentro de las “pescas milagrosas” de la seguridad “democrática”, como dentro de las listas de nombres, objetivo militar de los escuadrones en las que siguen cayendo líderes sociales y de izquierda, como gente del común, se contempla también a los familiares y hasta antiguos condiscípulos de guerrilleros, que nada tienen que ver con el conflicto, como va quedando demostrado con atroces masacres y crímenes contra los líderes y con las detenciones masivas en todas las regiones colombianas. Se repite ahí la macabra doble moral, que sólo tiene explicación en la necesidad de matar dos pájaros de un solo tiro: adelantar la guerra contra la izquierda y la oposición so pretexto de la guerra antiterrorista, mientras se abre paso a la legalización política y económica del paramilitarismo con el pie derecho en el poder.

Pero el verdadero afán del gobierno, preocupadísimo por sus chicos de alto rango y especial riesgo, radica en que el fenómeno paramilitar empieza a devolvérsele y convertírsele en una papa caliente. Si el ‘monólogo de la vagina’ con sus críos, se encharca en la fosa pútrida de sus crímenes, su compromiso con el narcotráfico y la pelea campal por feudos pdoridos y sucios intereses que apenas empieza, sus convenios confesos y secretos con el bushianismo salvaje y torturador, de la extradición, del apoyo incondicional a sus aventuras demenciales por el mundo, de la militarización de cada centímetro del suelo colombiano con lo último en guaracha de la tecnología de punta del arsenal gringo y asesores mercenarios, en una palabra su estrategia de seguridad “democrática” sobre la que aún cabalga, se le empezará a hundir con todo su proyecto reeleccionista.

Y claro como como líderes del Gobierno, la CIA y los israelitas, dentro de los genocidas, los Castaño Gil, manejan información suficiente y de primera mano, que fuera del redil pueden comprometer los pueden comprometer mucho mas.

La seguridad narco-democrática
por Carlos Vargas / Agencia Prensa Rur Tuesday February 15, 2005 at 01:13 PM


El eje del acuerdo político que se cocina entre narcos y Gobierno está en el rechazo al pago de impuestos al grupo guerrillero, establecidos en la famosa Ley 002 de la insurgencia y que afecta por igual los intereses de la oligarquía, los imperialistas y la lumpenburguesía mafiosa, verdadero poder detrás del trono que hoy ocupa uno de sus hijos.


prensa_rural@colombia.com


La seguridad narco-democrática

por Carlos Vargas
Prensa Rural
12 de febrero de 2005

Informa El Tiempo en su edición digital del sábado 12 de febrero, que los narcotraficantes del Valle y Antioquia ofrecen dar información contra las FARC-EP a cambio de beneficios. Esto no es ninguna novedad y no debe sorprender a los observadores avisados.

El narcotráfico, desde sus orígenes en Colombia, ha estado vinculado a la contrainsurgencia. Y el paramilitarismo, en su manifestación más actual, surge directamente de los ejércitos privados de la mafia, puestos a disposición de las políticas de seguridad dictadas desde el Pentágono.

El eje del acuerdo político que se cocina entre narcos y Gobierno está en el rechazo al pago de impuestos al grupo guerrillero, establecidos en la famosa Ley 002 de la insurgencia y que afecta por igual los intereses de la oligarquía, los imperialistas y la lumpenburguesía mafiosa, verdadero poder detrás del trono que hoy ocupa uno de sus hijos.

La oferta de los narcos le cae como anillo al dedo al gobierno de Uribe Vélez, pues abriría las puertas a la legalización de las fortunas de los mafiosos que aún no hacen parte de la mesa de negociación de las AUC en Santa Fe de Ralito, donde se encuentran, en calidad de "comandantes" de esta curiosa organización militar que vende franquicias al mejor postor, capos de la talla de Salvatore Mancuso, Víctor Mejía Múnera (uno de los 'Mellizos') y Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordo Lindo').

Llama la atención que entre los nuevos cooperantes de la "seguridad democrática" se encuentre el ex policía Wilber Varela, alias 'Jabón', de quien se dice, estaba en Venezuela y proveyó inteligencia y recursos para el secuestro del ciudadano Rodrigo Granda, el 'Ricardo González' de la Comisión Internacional de las FARC-EP.

La propuesta de los mafiosos está dirigida a buscar su impunidad en las cortes norteamericanas, pues son conscientes de que en Colombia nunca han sido ni serán realmente perseguidos por las autoridades. Y, como bien lo saben los narcos, sobre la flexibilidad de los Estados Unidos frente al narcoterrorismo existen serios antecedentes.

A pesar de la política expuesta reiteradamente por el Departamento de Estado norteamericano de no negociar con terroristas, funcionarios de la embajada de los EU se reunieron con representantes de las AUC en mayo del 2003, para discutir las acusaciones existentes contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Stewart Tuttle, jefe de la división de Asuntos Políticos de la embajada gringa, y su asistente Alex Lee estuvieron en tales encuentros, y es claro que ninguno de ellos hubiera arriesgado su carrera reuniéndose con terroristas sin tener una autorización de sus superiores.

Un funcionario de la Embajada declaró que simplemente se trató de "reiterar el deseo" de que Mancuso y Castaño se entregaran a las autoridades norteamericanas. ¿Es decir que, si estuvieran en Afganistán o Pakistán, Tuttle y Lee se hubieran reunido con representantes de Al Qaeda para "reiterar su deseo" de que Osama bin Laden se entregara?

Dos años después, Tuttle ya no ve la necesidad de "reiterar el deseo" de los EU de poner a Mancuso tras las rejas. Y es difícil creer que el gobierno colombiano haya cancelado sus planes de extraditar a Mancuso sin consultar con la administración Bush. Falta saber quién y, sobre todo, a cambio de qué, dio luz verde desde la Casa Blanca para ese acuerdo.

Ni el gobierno gringo, ni mucho menos el colombiano, han estado interesados en acabar con el narcotráfico. La información que ofrecen hoy los narcotraficantes colombianos entrará sin duda a engrosar los procesos contra los líderes sociales, como la dirigente campesina araucana Luz Perly Córdoba, o insurgentes como 'Simón Trinidad', acusados de "narcotráfico".

Curiosa guerra contra las drogas ésta que se ensaña contra el campesinado cocalero de las regiones controladas por las FARC-EP, a la vez que reparte indulgencias a manos llenas para los verdaderos capos del narcotráfico, envueltos en banderas de paz y reconciliación entre los colombianos.

http://www.prensarural.org

¿Quiénes son los narcotráficantes?

¿Por qué no legalizan el consumo de drogas ilícitas? Los vínculos del “doptor Varito” Uribe Vélez con el Cartel de Medellín y con los minicarteles de hoy. Crímenes de Lesa Humanidad. El problema es que necesitan la “guerra contra las drogas” como caballito de batalla para mantener su control y su entrometimiento –injerencia. La empresa Coca Cola no dice la verdad sobre los ingredientes de la bebida, así como no dice la verdad sobre la orden que dio de asesinar los dirigentes sindicales que trabajan para ella en Colombia. El Homo ineptus saboreó una degustación de la justicia popular en Dinamarca, escribe Alllende La Paz.


Foto: 21.03.2005 [Allende La Paz/ANNCOL] El informe del International City Group sobre la “lucha contra las drogas” pone de presente la mediatización ordenada por el imperio desde sus centros de poder.

Se ha dicho, repetido una y mil veces, que mientras haya demanda (drogadictos, y en Estados Unidos ya son más de 32 millones), habrá oferta. Es la ley del capitalismo de mercado del que tanto se ufanan los nuevos ideólogos imperiales. De ahí que el énfasis sobre sólo uno de los aspectos del fenómeno, tiene otra causa.

Esa causa la encontramos en los Documentos Santa Fé I, II, IV y en la Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad (D.C.B.I.) que establecen que, luego de la derrota que les infringió el heroico pueblo de Vietnam y de la caída del modelo de “socialismo real”, el imperio debe para mantener su injerencia en nuestros países latinoamericanos utilizar –como en efecto lo ha hecho- el “sanbenito” del narcotráfico.

Entonces se sataniza la siembra, procesamiento y tráfico de las llamadas “drogas ilícitas”. Porque hay unas drogas que son “lícitas”: alcohol, nicotina (tabaco), y medicamentos que pueden causar adicción, ej, morfina y sus derivados, los llamados “opioides” y otras como anestésicos del tipo de la ketamina (esto según me dice mi médico de cabecera).

Cabe recordar que en un tiempo la bebida que representa al imperio, la Coca-Cola, contenía “coca” dizque en pocas cantidades, la cual producía adicción en sus consumidores, lo cual, claro está, era lícito para la multinacional que la produce. No sabemos –y pensamos como “indio suramericano” bravo y malicioso- que quizá la empresa Coca Cola no dice la verdad sobre los ingredientes de la bebida, así como no dice la verdad sobre la orden que dio de asesinar los dirigentes sindicales que trabajan para ella en Colombia.

Legalización del consumo

Entonces al amparo de sus doctrinas se han diseñado planes –“guerras” las llaman los ideólogos imperiales, que siempre sueñan con “guerrear” desde sus escritorios- contra el tráfico de las drogas. Pero no diseñan ningún, ninguno oígase bien, plan contra el consumo. Ni siquiera son capaces de contemplarlo como un problema de salud pública.

Es conocida la propuesta de las FARC sobre la legalización del consumo, propuesta que hace eco a una similar de intelectuales del mundo que firmaron un manifiesto en tal sentido hace ya algunos años, entre ellos nuestro querido Nóbel, “Gabito” García Márquez. Propuesta que significa ni más ni menos: “muerto el perro, se acaba la rabia”.

Lo que equivale a decir que si la preocupación de las águilas imperiales –comedoras de carroña, como todas las águilas imperiales- es que las FARC esté recibiendo beneficios económicos con el “impuesto al gramaje” –mas no de la siembra, producción, procesamiento y tráfico de las drogas, fases en las que definitivamente no están comprometidos- para financiar su lucha armada insurgente contra el terrorista estado colombiano, y su preocupación es por estrangularlas económicamente, pues ellos tienen el as bajo la manga. Legalicen el consumo y “sanseacabó”.

Pero no. La cosa no es tan simple para las águilas imperiales y sus mandaderos, los oligarcas colombianos. La cuestión es económica. Las utilidades que produce la comercialización de las “drogas ilícitas” entran al sistema financiero estadounidense y les ayuda a “paliar” (otro término de mi médico) el déficit fiscal crónico que padece Estados Unidos, el cual es del orden de 60 billones de dólares al año.

Noam Chomsky por allá por 1996 (¿cierto?) decía que la comercialización de las drogas producía 500 mil millones de dólares al año. Y de esos, el 80 % se quedaba en los bancos de los Estados unidos, o sea, 400 mil millones. Que si los sumamos a los 32 mil millones de dólares que produce la marihuana producida en los Estados Unidos, serían 432 mil millones de dólares que ayudan a tapar en parte el hueco fiscal.

Entonces, para la farisaica moral gringa, no es problema el consumo de drogas ilícitas (se acuerdan cómo amasó el Kennedy padre su fortuna?¨). El problema es que necesitan la “guerra contra las drogas” como caballito de batalla para mantener su control y su entrometimiento -injerencia, se dice elegantemente, me dice mi filólogo de cabecera- en nuestros países latinoamericanos.

¿Quiénes son los narcotraficantes?

Aclarando el anterior punto, pasemos a mirar con una lupa bien grande, quiénes son los narcotraficantes y a quiénes favorece el narcotráfico en Colombia.

La “bonanza marimbera” durante la década de los 70 –precisamente durante la administración del “compañero, compañero” López Michelsen- inundó de dólares la economía colombiana, especialmente en la Costa Norte.

Más adelante, es sustituída por la coca, importada desde Perú y Bolivia, y los mafiositos costeños son reemplazados por la mafia antioqueña. Se conforma el Cartel de Medellín, integrado por los Hermanos Ochoa (“arreglaron” el chico con el estado colombiano y hoy disfrutan de su inmensa fortuna), Carlos Lehder (preso en USA), Gonzalo Rodríguez Gacha, “el mexicano” (aliado del ejército en la masacre contra la Unión Patriótica y asesinado en una operación de la DEA) y comandado por Pablo Escobar Gaviria (primo hermano del expresidente Gaviria Trujillo, quien murió en una operación del llamado “bloque de búsqueda”, comandado por agentes de la DEA).

El cartel de Medellín convierte el tráfico en una operación masiva, de aviones cargados de drogas que regresaban con “tulas” llenas de dinero, al punto que no contaban los dólares si no que los pesaban. Tal poder económico les permitió permear todos los ámbitos de la sociedad colombiana. De los capos del narcotráfico “comían” en primer lugar los políticos ávidos de dineros para sufragar sus costosas campañas políticas, los jueces y magistrados de la República, los funcionarios públicos, hasta el sector financiero que practicaba operaciones de lavado y los empresarios industriales, que lloraban riendo al enterarse de la muerte del “patrón”.

Ni qué decir del estamento militar que se alió con los capos narcos y conformó los llamados grupos narccoparmilitares, instrumento de la “guerra sucia” que adelantaban contra el movimiento popular, asesinando, masacrando, desapareciendo y desplazando forzosamente a millones de colombianos, así como favoreciéndose económicamente al punto que son famosas las fortunas de algunos generales de la República.

Desaparecido prácticamente el Cartel de Medellín y su competidor el Cartel de Cali, el negocio es tomado por más de 400 minicarteles que continúan enviando la droga al país del norte. Sin embargo, el poder del narcotráfico continúa siendo tal en Colombia, que ha llevado a uno de sus socios como inquilino de la Casa de Nariño.

El padre de Álvaro Uribe Vélez, Jorge Alberto Uribe Sierra, fue uno de los socios de don Fabio Ocho, el patriarca del Clan Ochoa. Cuando Uribe Sierra muere en la operación militar adelantada por las FARC, Álvaro Uribe Vélez trata de llegar al sitio de los acontecimientos en un helicóptero de Pablo Escobar. (Qué coincidencia, jerto?)

El “doptor Varito” Uribe Vélez jamás de los jamases rompió sus vínculos con los narcotraficantes. Muy por el contrario, los fue profundizando con sus amigos los Arango y con otros de diferente pelambre. Para mantenerse a cubierto de ojos fisgones, su amiguito Morenito Villegas, es quién ha mantenido los contactos con los narcos. Antes y ahora, que es su secretario privado en el Palacio de Nariño. Y es quien maneja cuentas secretas para mandar asesinar a sus contradictores políticos y sus enemigos del negocio mafioso, a la vez que funge como especie de coordinador del clan mafioso.

Entendiendo los vínculos de Álvaro Uribe con el Cartel de Medellín se entiende la venganza que adelanta contra el Cartel de Cali, extraditando a los hermanos Rodríguez orejuela, quienes contribuyeron con su organización “Los Pepes” a la caza del “patrón” Pablo Escobar. De igual manera es entendible el “odio visceral” que siente contra la insurgencia armada y contra el movimiento popular. Al saberlo, sentimos lástima por él, pero en ningún momento podemos justificarlo porque ese odio ha producido la muerte de miles de miles de colombianos. Cuánta sangre derramada por su deseo de venganza!!!

Los damnificados de la “guerra contra las drogas”

Los campesinos colombianos son los grandes damnificados en esta historia. Por un lado sufrieron una contrarreforma agraria cuando el entonces presidente César Gaviria Trujillo –el primo de Pablo Escobar Gaviria- implantó la “apertura económica” y quebró a millones de campesinos y pequeños sectores de la agro-industria, a quienes sólo les quedó como recurso para sobrevivir el expandir la frontera agrícola para sembrar el producto agrícola ideal según la visión de mercado capitalista: la coca, ya que el narco le daba la semilla, le financiaba los meses muertos e iba a comprarle el producto –la pasta de base de coca- a su sitio de siembra.

Ahora padece la llamada “guerra contra las drogas”. Sus tierras son asperjadas más de 12 veces con Round up Ultra, producido por la multinacional estadounidense Monsanto, en vez de una sola que es lo normal, intoxicando no sólo la planta de coca sino sus cultivos de pan coger, sus animales, las aguas superficiales y subterráneas, los suelos, y sufriendo repercusiones en su salud. (Ver en www.herbicidas.com/).

Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta denunciaron la presentación de malformaciones genéticas en más de 1.200 niños indígenas cuyas madres han soportado la aspersión con Glifosato en sus zonas. (Ver en www.rebelion.org/) Igual ha sido denunciado el aumento en el número de abortos en la población campesina que sufre la aspersión con el químico.

No hay estudios serios que demuestren la inocuidad de la aspersión de Glifosato en esta presentación –Round up Ultra- sobre la salud de la población residente en las áreas asperjadas. Ojalá no suceda igual que con el DDT, que después de 30 años de uso continuado se vino a saber que se acumulaba en el organismo, o como el Pâraquat que esterilizó a miles de miles de trabajadores de las bananeras.

Los crímenes de la mafia narcoparamilitar que pretende empotrarse en la Casa de Nariño no quedarán impunes. Ya Francisquillo Santos, el Homo ineptus, saboréo en Dinamarca un degustación de lo que la justicia popular les hará paladear en el futuro. Serán juzgados por Crímenes de Lesa Humanidad. (Ver en www.anncol.org/).