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Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

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  • Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

    Hola.
    Por favor, a ver si alguien puede ayudarme.
    Mi hijo mediano, de 19 años, que es un casta, no hace mas que meterse en lios.
    en estos momentos tenemos dos multas por un importe de 500 y pico cada una por llevar estupefacientes (creo que marihuana y algo de coca).
    Me gustaria poder recurrirlas pero no se como y los abogados a los que he preguntado me dicen que no se pueden recurrir, es decir, que no vale de nada hacerlo.
    En una de ellas, hay varias cosas, los apellidos puestos del reves y la direccion mal.Dice que las sustancias fueron analizadas en un laboratorio y que mi hijo falto el respeto al agente y se nego a identificarse.
    Esta es ya una "Resolucion Expediente Sancionador".
    Es del Ayuntamiento de Castellon y la puso la policia local.
    Si es necesario puedo poner aqui una copia de las cartas pero como son muy largas no se...
    Me podeis ayudar porfavor?
    Gracias

  • #2
    Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

    Hola, si puedes pon lo que te mandan en las ultimas cartas que hayas recibido de cada una, supongo que facilitará bastante las cosas a los que saben ya que asi te podrán postear un modelo u otro de recurso, yo tb estoy recurriendo una pero no se si te valdrán los modelos que me pusieron a mi, puesto que son solo de marihuana y hachis pero mira este hilo igual te ayuda, pero lo mejor es que lo pongas y si warnock o amaralia lo ven te pueden postear algo mas concreto, suerte y un saludo.

    este es mi hilo http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...ad.php?t=94835
    Basta ya de hipocresia, vive y deja fumar

    Comentario


    • #3
      Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

      zenkyu punva. En un ratillo a ver si puedo escanear algo y lo pongo.

      Comentario


      • #4
        Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

        Hola de nuevo.
        Os copio la carta de notificacion de expediente sancionador que me llego.
        Tengo que decir que los apellidos los han puesto del reves, que lo de la falta de respeto no es del todo cierto (es algo muy subjetivo ) y lo de la negativa a identificarse fue porque no tenia el dni, ya que lo habia perdido un tiempo antes y tenemos denuncia de dicho extravio ante la Gª civil. Que, para proceder a la identificacion, la policia local llamo a casa, hablo conmigo y asi lo dieron por identificado y lo dejaron salir del cuartelillo.
        Bueno, pues eso, que os copio la carta y a ver que tipo de recurso cabria en este caso.
        Muchas gracias de antemano.



        "t.,"
        EXCMO. AYUNTAMIENTO
        DE
        CASTELLON DE LA PLANA
        [Fecha: ABR., 2008: Reg.Salida: 601.- Negociado de Seguridad Ciudadana
        Asunto: ]
        Notificación Resolución Expediente Sancionador
        Expte. nO
        REMITE: AYUNT AMIENTO DE CASTELLON
        SEGURIDAD CIUDADANA




        El Ilmo. Sr. Teniente Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de Seguridad Pública, el día 17/04/2008,
        Dicto el Decreto del tenor literal siguiente
        "Vistas las actuaciones que obran en el expediente sancionador nO xxxxxxx incoado a D. xxxxxx
        con DNI xxxxxx se desprenden los siguientes,
        ANTECEDENTES DE HECHO:
        En fecha 21/08/2007, se incoa el expediente sancionador mediante Decreto en relación con la denuncia
        formulada por la Policía Local, de fecha 04/08/2007 (Boletín núm. 2233), a D. xxxxxxxxx, con domicilio
        en la calle xxxxxxxxxxxxxx por el hecho de "tenencia de sustancias estupefacientes",
        "falta de resp'eto al Agente de Policía" y "negativa a la identificación", en la calle Martín Alonso / Pérez Dolz
        infringiendo el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
        Ciudadana, del que se practica notificación en fecha 24/08/2007.
        No constan presentadas alegaciones en tiempo y forma.
        FUNDAMENTOS DE DERECHO:
        Revisado el expediente, consta que se han seguido todos los trámites y se han respetado las garantías
        determinadas en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante
        Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto.
        El hecho descrito por el agente de pOlicía en el Boletín de denuncia es perfectamente claro y
        determinante de la conducta realizada por el interesado y por supuesto incardinable en el tipo legal definido
        por la Ley 1/92 en su artículo 25.1 que establece que constituyen infracciones graves a la seguridad
        ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita,
        aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
        siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o
        instrumentos utilizados para su consumo.
        De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5 del RD 1398/93, de 4 de agosto, los hechos
        constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad tendrán valor probatorio, sin
        perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los
        propios administrados. '-
        De la comisión de la referida infracción resulta responsable D. xxxxxxxxxxx, tal como ha quedado
        acreditado en los hechos y fundamentos de derecho anteriores ya que la parte no acredita prueba alguna en
        contrario.
        Consta en el expediente acta de la audiencia previa de la Junta Local de Se~uridad de fecha 17 de
        diciembre de 2007, así como informe analítico de la sustancia aprehendida del Area de Sanidad de la
        Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana de fecha 13/04/2008.
        A la vista del informe emitido por el instructor del expediente, conformado por la Jefa de la Sección
        Administrativa de Seguridad y Calidad Ciudadana, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 29.2
        de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y al amparo de las
        facultades delegadas por la Alcaldía, mediante Decreto de fecha 6 de julio de 2007, resuelvo:
        Primero.- Imponer a D. xxxxxxxxxxxx, con DNI xxxxxxxxx y domicilio en la calle xxxxxxxxxxxxxxx una sanción pecuniaria de 507 euros por el hecho de "tenencia de sustancias
        estupefacientes", "falta de respeto al Agente de Policía" y "negativa a la identificación", infringiendo el artículo
        25.1 de la Ley Orgánica 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana.
        Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado y dar cuenta al Area de Gestión Económica".
        Lo que le comunico a Ud. para su conocimiento y efectos, significándole que podrá interponer recurso
        y efectuar el pago de la sanción, en los términos que se especifican al dorso de la presente notificación.
        Castellón de la Plana, a 21 de abril de 2008.
        La Jefa de la Sección Administrativa de
        Seguridad y Calidad Ciudadana.

        Comentario


        • #5
          Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

          Es la primera carta que llega o habeis firmado otros avisos de correos, pregunta a tu hijo y a los demás miembros de la casa.
          Le dieron denuncia cuando le incautaron las sustancias?
          Saludos
          La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
          Hazte socio AICC

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          • #6
            Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

            Buenas me gustaria si fuera posible que me ayudaras, ayer sali de cenar con un amigo i fuimos al lado de mi coche a fumar un cigarro, se paro un furgon de mosus i me multaron por un trozo de hachis que abia en el suelo, no era mio. no me dieron copia de la multa ni nada ademas me registraron el coche, luego se pararon otros dos coches i me multaron por faltar el respeto a un agente, solo por decirle que me tratara de usted, soi estudiante i no tengo dinero para pagar las multas crees que podrian declararme insolvente o podria recurir. Toma te dejo mi correo si puedes ayudarme te lo agradeceria gracias bt_maestrobuddha@hotmail.com gracias de nuevo

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            • #7
              Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

              hola de nuevo warcock:
              He estado buscando por si habia una notificacion anterior ya que tengo dos hijos y me llueven las multas, tanto de trafico como de estas (no sera la ultima vez que te pido ayuda...voy a ser de las habituales en este foro) pero he encontrado que si, tengo una "NOTIFICACION INCOACION EXPEDIENTE SANCIONADOR" fechada el 21 de Agosto de 2007 a la que no efectue ninguna alegacion porque pense que nada se podia hacer.
              Por cierto quiero recordarte que los apellidos estan del reves (el primero por el segundo y viceversa) por si eso es defecto de forma o no se que.
              He recojido la carta el dia 15 de Mayo, asi que tengo, desde ese dia un mes para intentar algo.
              Por favor, dime que puedo hacer y te doy las gracias una vez mas.
              Mapi
              Editado por última vez por mapi; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/36507-mapi en 27/05/2008, 22:14 .

              Comentario


              • #8
                Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                porfa decidme algo que se me acabara el tiempo para recurrir...tengo un mes desde el dia 15 de Mayo y ademas ahora me ha llegado otro aviso de correos para recojer otra carta de otra multa a la que alegue copiando de una de las alegaciones que aqui vi. Aysss, ke se me acumula la faenaaa Que hago con esta nueva carta???? Me espero hasta el ultima dia para recojerla? Y luego os copio la anterior, el recurso y la nueva???
                Socorritooo

                Comentario


                • #9
                  Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                  Qué día te dejaron el aviso de correos?
                  Yo creo que ha caducado, envía este escrito a ver qué dicen

                  Debes adaptarlo a tu caso

                  A LA ATENCIÓN DEL SR ALCALDE
                  RECURSO DE REPOSICIÓN

                  .......... ........ ...........cuyas demás circunstancias constan en el EXPEDIENTE ----/-- tramitado por EL AYUNTAMIENTO a que me dirijo, por una presunta infracción del art. 25.1 de la L.O. 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana, comparece y como mejor proceda, DICE Que en el expediente de referencia le ha sido notificada la resolución
                  sancionadora recaída en el mismo por la que se impone a la hoy recurrente la sanción de 500,00 euros, y no estando conforme con su contenido, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, viene a interponer RECURSO DE REPOSICION y ello en base a las siguientes:

                  A L E G A C I O N E S

                  PRELIMINAR.- Queel procedmiento ha caducado, habiendo trancurrido con creces el plazo de 6 meses establecido en la Ley 30/92, a contar desde el 21 de agosto de 2007, el procedmiento caducó el 22 de febrero de 2008.


                  PRIMERA: Que los hechos denunciados no son ciertos, debiendo deberse la denuncia a un error o a cualquier otra circunstancia, pues aunque efectivamente me encontraba el día de los hechos en el lugar que reza en la denuncia, no portaba sustancia estupefaciente alguna.

                  El artículo 25.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana dice que constituyen infracciones graves el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituyan infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

                  Por su parte, el artículo 20 de la citada Ley dispone en su punto 1 que los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

                  Ahora bien, en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en el referido precepto toda vez que, muy contrariamente a lo que señala la DILIGENCIA DE EXPOSICION DE HECHOS que se me remite, el expedientado no se encontraba consumiendo sustancia estupefaciente alguna el día de los hechos
                  ni llevaba visible la cantidad de sustancia que supuestamente se le intervino, ni menos aún hacía ostentación de la misma.

                  Incluso el Tribunal Supremo, en sentencia de 24-2-97, ha considerado discutible la legitimidad del cacheo, como sometimiento a las normas policiales de vigilancia e investigación, en defensa de la legalidad, del orden y de la seguridad ciudadana, agregando que es un acto ?en el que la arbitrariedad y la proporcionalidad se constituirán en definidores de la cuestión...?.

                  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de enero de 2000 en un supuesto de naturaleza similar señalaba ?Y en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en referido precepto, toda vez que según se desprende de la propia denuncia de la Guardia Civil, el expedientado, ni estaba consumiendo droga, ni tan siquiera llevaba visible la ínfima cantidad de hachís que se le intervino, ni menos aun hacía ostentación del mismo; por el contrario, lo que sí se afirma literalmente en aquella sólo estaba cerca de las dependencias personales del recurrente en una cajetilla de tabaco? y, en aplicación de la jurisprudencia antes mencionada, estima el recurso contencioso administrativo, sin entrar en ninguna otra consideración..

                  Y en este concreto caso que se plantea se aprecia una total arbitrariedad por cuanto se procedió al registro de la persona del sancionado y de su vehículo sin más, porque sí, sin que existiera indicio ni motivo que diera pie a pensar que se estuviera cometiendo un ilícito de ningún tipo, existiendo una total falta de proporcionalidad entre el servicio que efectuaban las fuerzas de Seguridad del Estado y el ?registro? que se realizó.

                  Al no existir indicio de prueba alguno que motivara el registro -o cacheo- realizado por los funcionarios policiales, que no pudo tener otro motivo o justificación que las sospechas despertadas por la indumentaria y aspecto del sancionado, razones que por su mismo carácter discriminatorio demuestran por sí mismas, la inconstitucionalidad e ilegalidad de dichos registros.

                  Al comprobar que la versión ofrecida por los agentes distaba mucho de lo acontecido en la realidad esta parte solicitó la práctica de pruebas testificales sin que la resolución motive ni se refiera a esta solicitud ni a los motivos por los que se deniega la práctica de las mismas. Como argumentaremos posteriormente, esta actuación administrativa viola el derecho constitucional a la defensa así como el principio de contradicción que ha de estar presente en todo procedimiento sancionador.

                  SEGUNDA: Señalar también, que aunque el Art. 137.3 de la L.O. de 26 de Noviembre de 1992 en su primera parte otorga credibilidad y fiabilidad a los hechos constatados por funcionarios, aunque debiera poder el sancionado exponer su versión de lo sucedido a través de la prueba testifical propuesta, en virtud del reconocimiento de la condición de autoridad, los agentes no pueden certificar la naturaleza estupefaciente de una sustancia.

                  De ello resulta que sea preceptivo el análisis de la sustancia que determine de manera inequívoca su naturaleza estupefaciente. Es evidente que debiera desprenderse del informe pericial remitido de manera inequívoca la naturaleza estupefaciente de la sustancia, con el concreto contenido en THC de dicha sustancia y los métodos de análisis aplicados, así como constar el sello del laboratorio autorizado a realizar este tipo de análisis. Ésta constituye una prueba de cargo imprescindible para iniciar el expediente sancionador por una supuesta infracción de consumo de estupefacientes en vía pública.

                  Debería figurar por tanto en dicho informe analítico la composición química exacta de la sustancia con el fin de conocer el supuesto contenido en -9 T.H.C.( Delta-9 tetrahidrocannabinol), elemento que sirve para diferenciar entre cáñamo psicoactivo y cáñamo industrial, siendo este contenido en -9T.H.C. el único que puede probar la psicoactividad o no de los derivados del cannabis.


                  Sin embargo, los informes analíticos emitidos no pueden ser tenidos como válidos, ya que siendo ésta la única prueba de cargo para iniciar este expediente sancionador, es necesario figuren en dicho informe analítico la composición química exacta de las sustancias que se dicen incautadas al expedientado así como el método de análisis efectuado. También resulta imprescindible el sello del laboratorio de la división de estupefacientes del ministerio de sanidad y consumo al ser el único con competencias para llevar a cabo pruebas analíticas de esta naturaleza.

                  Ni el contenido de THC figura en el análisis remitido, siendo por lo tanto aplicable el "in dubio pro reo" hasta conocer si la sustancias incautadas al expedientado contienen los porcentajes requeridos de T.H.C. para poder ser declaradas como sustancias psicotrópicas o estupefacientes; ni consta el método de análisis efectuado ni consta sello de laboratorio autorizado alguno.

                  El documento de análisis de la sustancia carece a nuestro juicio de lo requerido en los Art. 46.2 y 46.4 de la L.O. de 26/NOV. 92, referentes a la validez de los documentos públicos administrativo. Este criterio viene dado por la falta del preceptivo sello o garantía del laboratorio que supuestamente ha llevado a cabo el análisis, no existiendo en el documento remitido como análisis sello de laboratorio autorizado alguno.

                  El informe debería contener el sello del laboratorio de la división de estupefacientes del ministerio de sanidad y consumo que es el único con competencias para llevar a cabo dichas pruebas analíticas.


                  En este caso no se observan los requisitos legales pertinentes para dicho reconocimiento, porque el documento emitido como análisis carece del valor probatorio exigible a dichas pruebas periciales, según se desprende de la segunda parte del enunciado del Art.-137.3 anteriormente citado.

                  Asimismo, resulta contrario al principio de presunción de inocencia, recogido en el Art. 137.1 de la L.O. de 26 de Noviembre de 1992 el hecho de que se remitan simplemente los resultados de los análisis efectuados por el laboratorio pero no se especifique el método, modalidad o clase de pericia realizada.

                  Mencionar a efectos de conocimiento del juzgador, que de acuerdo con lo expuesto en la legislación vigente expuesta a continuación es necesario conocer el porcentaje de T.H.C. contenido en una sustancia para declararla como grifa o hachís e incluirla en las listas prohibitivas internacionales, ya que una sustancia legal como es el cáñamo industrial también daría positiva en una analítica realizada con similares técnicas.


                  Ley 17/67 de 8 de abril de 1967, de normas reguladoras sobre estupefacientes, donde se establecen entre otras las siguientes cuestiones:

                  Art. 9 "Los preceptos anteriores no serán de aplicación al cultivo de la planta de la Cannabis destinada a fines industriales, siempre que carezcan de principio activo estupefaciente".

                  Art. 10 "La actuación de los servicios de control de estupefacientes a que se refiere el presente capítulo se llevará a cabo con la colaboración de los servicios del Ministerio de Agricultura en la forma que se instrumentará reglamentariamente". (Hoy en día esta instrumentación reglamentaria viene dada a través de las disposiciones de la U.E. en la materia).

                  El artículo 52 del Reglamento de la C.E.E. Nº1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003 establece que los Estados miembros ?establecerán un sistema para verificar el contenido de tetrahidrocanabinol de los cultivos plantados? Es por tanto el análisis del THC el que determina la naturaleza estupefaciente o no de la sustancia incautada, de acuerdo con un procedimiento que el nuestro país no parece haberse establecido hasta la fecha. Es evidente que el expediente administrativo debería dejar constancia de que se ha verificado el contenido de tetrahidrocanabidol y la aplicación de una sanción a una sustancia en la que no consta el contenido de THC supone una violación del derecho a la presunción de inocencia recogida en el Art. 24.2 de la Constitución Española ya que no queda acreditado que se trate de sustancia estupefaciente alguna.

                  Insistir en que este informe analítico, el cual adolece de graves defectos técnicos, es la única prueba de cargo existente para determinar la comisión o no del ilícito administrativo y según nuestro criterio no ha quedado suficientemente probado tal ilícito administrativo, al haberse practicado una analítica que omite datos imprescindibles para conocer la verdadera composición y naturaleza de las sustancias intervenidas al expedientado.

                  Que la omisión de estos datos van en perjuicio de las garantías legales del administrado y vulnera de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el Art. 137.1 de la L.O. 30/92 de 26 de Noviembre y en el Art. 24.2 de la Constitución Española. Hemos de señalar como el propio Tribunal Supremo en Sentencia 89/2002 señala que ?en todo caso, se estima que el T.H.C. es substancia estupefaciente, salvo en supuestos de observarse una práctica inexistencia del mismo, en el producto aprehendido.? Es de entender que es precisamente el nivel de THC, que se considera indebidamente superfluo, el que determinaría si me encontraba en ese momento consumiendo sustancia estupefaciente alguna, circunstancia que no queda acreditada en el expediente.



                  TERCERA.- En la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recoge entre otros mi derecho constitucional a la mejor defensa posible, entendiendo a tal fin que no es suficiente con la notificación de la incoación del procedimiento sancionador sino que además es preciso que se me ponga en conocimiento los hechos concretos objeto de la denuncia y el resultado del análisis que dio lugar a la incoación del presente procedimiento por cuanto que la versión recogida en el escrito que me ha sido notificado dista mucho de la realidad según se podría comprobar si en el presente procedimiento se hubiesen realizado las pruebas propuestas por esta parte..

                  En Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 15-9-98 se decía literalmente: "La posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sancionadora se configuran en un estatuto jurídico de garantías que comprende también el derecho de defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la atracción del artículo 24 de la Constitución. La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo.

                  Ciertamente, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial.

                  En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 pone de relieve la independencia del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo, de modo que la indefensión que en aquél se cause no siempre cabrá subsanarla en la vía judicial, señalándose que: "La resolución administrativa debe dictarse, respetando el sistema de garantías establecido en las normas rectoras del procedimiento, sistema de garantías cuyo designio final es la defensa del administrado frente a la Administración. Si este sistema no se respeta, el acto administrativo resulta viciado. La defensa posible ante la Jurisdicción no elimina la realidad y significación jurídica de la indefensión producida ante la Administración, so pena de confundir los papeles de ésta y aquélla, no le corresponde a la Jurisdicción imponer las sanciones, de ahí que las garantías legales para su imposición no puedan cumplirse ante ella, cuya misión se reduce a controlar si tales garantías se observa ron o no por la Administración".

                  La Ley 30/92 ha retenido el derecho constitucional de defensa -artículo 24- como derecho a alegar y probar en el marco del procedimiento administrativo sancionador -artículo 136-. Por tanto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del expediente sancionador.

                  Que hasta este momento no se ha representado en el desarrollo del procedimiento sancionador el principio de contradicción, al no haberse remitido todos los documentos solicitados hasta la comparecencia personal, vulnerado la normativa vigente y la necesaria contradicción en los procedimientos sancionadores, lo cual produce una grave indefensión en el aquí administrado.

                  La omisión de estos datos van en perjuicio de las garantías legales del administrado y vulnera de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el Art. 137,1 de la L.O. 30/92 de 26/Nov. y en el Art. 22.4 de la Constitución Española.

                  Tampoco se ha respetado el principio de contradicción exigible en todo procedimiento sancionador, al no haberse tampoco practicado las pruebas propuestas. Ni siquiera se ha motivado de manera alguna la negativa a su práctica, siendo pruebas que se reputaron y que se siguen reputando imprescindibles para mi correcta Defensa y de los que se me ha privado con clara vulneración de los principios constitucionales que me asisten. Habiendo sido denegada la práctica de pruebas propuesta en legal forma por esta parte, tal y como consta en el expediente, ni siquiera se emite resolución alguna rechazando motivadamente dicha prueba (tal como exige el artículo 80.3 de la Ley 30-1992)

                  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 15 de septiembre de 1998 estima el recurso contencioso administrativo presentado por la imposición de una multa por vulneración del artículo 24 de la Constitución Española que prohíbe la indefensión. El Tribunal considera que ?La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo?.


                  CUARTA.- Así las cosas, la resolución que se recurre pone fin a un procedimientos sancionador que carece de soporte probatorio exigible, según las normas legales conocidas por el instructor y la jurisprudencia referida, y en el que se han vulnerado principios fundamentales del procedimiento sancionador, tal y como viene configurado en nuestra normativa y es exigido por jueces y tribunales.

                  QUINTA.- Que se ha dado validez a un análisis expresamente impugnado por el recurrente, siendo así que ni siquiera se ha proveído sobre la solicitud de nuevo análisis con mi intervención, debiéndose reputar en consecuencia nula de pleno derecho dicha prueba por haberse obtenido con vulneración de los principios constitucionales.

                  SÉPTIMA.- Asimismo la resolución recurrida NO RESUELVE ADECUADAMENTE TODAS CUESTIONES PLANTEADAS POR EL INTERESADO, ESTIMÁNDOLAS O DESESTIMÁNDOLAS FUNDADAMENTECONFORME A DERECHO como exigen la ley y la práctica jurisprudencial, SINO QUE SE LIMITA A RESOLVER "QUE LAS ALEGACIONES FORMULADAS NO DESVIRTÚAN LOS HECHOS DENUNCIADOS", incumpliéndose también el requisito de motivación del acto administrativo, en un procedimiento sancionador como el presente, con lo que se vulnera flagrantemente el derecho de defensa de esta parte, y se vacían de finalidad los recursos y alegaciones, cuando el órgano competente ni siquiera argumenta su resolución sobre las alegaciones del interesado, así como sobre la denegación de las pruebas propuestas, a cerca de las que ni se pronuncia.

                  OCTAVA.- Además y subsidiariamente a lo expuesto, atendiendo a las circunstancias que concurren en el expediente, en concreto a la naturaleza y cantidad de sustancia incautada así como el fin resocializador y no exclusivamente retributivo de las sanciones administrativas, en aplicación del principio de proporcionalidad que establece el art. 131.3 de la Ley 30/92, debiera en cualquier caso procederse a dictar resolución con incautación de la sustancia intervenida, sin imposición, por esta vez, de sanción económica, por entender que es más ajustada a derecho", en lugar de una sanción de 500 euros, sanción de finalidad exclusivamente recaudatoria ajena al bien jurídico protegido por la Ley Orgánica 1/1992 que es el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico. Resulta evidente que la versión del sancionado dista mucha de la que se recoge en el expediente pero, aunque fuera cierta y se hubiese acreditado la naturaleza estupefaciente a través del preceptivo análisis, se desprendería un consumo privado en un vehículo privado y en una zona no transitada como es un polígono industrial, quedando afectada la seguridad pública en un grado realmente nimio.


                  En su virtud de lo expuesto

                  S O L I C I T O:

                  Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y, en su virtud, por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICION contra la resolución dictada en el procedimiento al margen de referencia y, previos los trámites pertinentes, dicte en su día resolución por la que, alzando la aquí recurrida, se acuerde no haber lugar a imposición de sanción alguna, acordando el archivo del presente procedimiento sancionador.

                  Subsidiariamente de imponga sanción por la que se incauta la supuesta sustancia intervenida sin imposición de sanción económica alguna.


                  Es justicia que pido en a de de 2008
                  Editado por última vez por warnock; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/29-warnock en 03/06/2008, 11:33 .
                  La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
                  Hazte socio AICC

                  Comentario


                  • #10
                    Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                    Hola otra vez.
                    Os cuento como estan las cosas ahora mismo con respecto a esta multa.

                    1º 04-08-2007 Dia de autos

                    2º 21-08-2007 fecha de notificacion incoacion expediente sancionador

                    3º 22-04-2008 fecha de notificacion resolucion expediente sancionador (recojido en correos 15-05-2008)

                    4º 7-junio-08 formulo alegaciones con vuestra plantilla ante el alcalde de castellon (alego, entre otras cosas que ha prescrito)

                    5º 23-07-2008 fecha notificacion recurso de reposicion (la recojo el 30-07-08)

                    Os copio la alegacion y esta ultima notificacion y a ver que puedo hacer...
                    Por cierto tengo hasta el dia 30 de Septiembre para recurrir si cabe

                    Por cierto, siguen mandando los apellidos al reves

                    Por cierto, mi hijo, el infractor, ha comenzado por voluntad propia un tratamiento deshabituador (serviria de algo alegar eso??)

                    RECURSO QUE ENVIE EL 7 DE JUNIO DE 2008

                    A LA ATENCIÓN DEL SR ALCALDE
                    RECURSO DE REPOSICIÓN

                    ....XXXXX XXXXX XXXX,.cuyas demás circunstancias constan en el EXPEDIENTE XXX/2007 tramitado por EL AYUNTAMIENTO a que me dirijo, por una presunta infracción del art. 25.1 de la L.O. 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana, comparece y como mejor proceda, DICE Que en el expediente de referencia le ha sido notificada la resolución sancionadora recaída en el mismo por la que se impone a la hoy recurrente la sanción de 507,00 euros, y no estando conforme con su contenido, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, viene a interponer RECURSO DE REPOSICION y ello en base a las siguientes:

                    A L E G A C I O N E S

                    PRELIMINAR.- Que el procedimiento ha caducado, habiendo transcurrido con creces el plazo de 6 meses establecido en la Ley 30/92, a contar desde el 21 de agosto de 2007, el procedimiento caducó el 22 de febrero de 2008.


                    PRIMERA: Que los hechos denunciados no son ciertos, debiendo deberse la denuncia a un error o a cualquier otra circunstancia, pues aunque efectivamente me encontraba el día de los hechos en el lugar que reza en la denuncia, no portaba sustancia estupefaciente alguna.

                    El artículo 25.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana dice que constituyen infracciones graves el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituyan infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

                    Por su parte, el artículo 20 de la citada Ley dispone en su punto 1 que los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

                    Ahora bien, en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en el referido precepto toda vez que, muy contrariamente a lo que señala la incompleta EXPOSICION DE ANTECEDENTES DE HECHOS que se me remite, el expedientado no se encontraba consumiendo sustancia estupefaciente alguna el día de los hechos
                    ni llevaba visible la cantidad de sustancia que supuestamente se le intervino, ni menos aún hacía ostentación de la misma.

                    Incluso el Tribunal Supremo, en sentencia de 24-2-97, ha considerado discutible la legitimidad del cacheo, como sometimiento a las normas policiales de vigilancia e investigación, en defensa de la legalidad, del orden y de la seguridad ciudadana, agregando que es un acto ?en el que la arbitrariedad y la proporcionalidad se constituirán en definidores de la cuestión...?.

                    La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de enero de 2000 en un supuesto de naturaleza similar señalaba ?Y en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en referido precepto, toda vez que según se desprende de la propia denuncia de la Guardia Civil, el expedientado, ni estaba consumiendo droga, ni tan siquiera llevaba visible la ínfima cantidad de hachís que se le intervino, ni menos aun hacía ostentación del mismo; por el contrario, lo que sí se parece afirmarse es que sólo estaba cerca de las dependencias personales del recurrente y, en aplicación de la jurisprudencia antes mencionada, estima el recurso contencioso administrativo, sin entrar en ninguna otra consideración..

                    Y en este concreto caso que se plantea se aprecia una total arbitrariedad por cuanto se procedió al registro de la persona del sancionado sin más, porque sí, sin que existiera indicio ni motivo que diera pie a pensar que se estuviera cometiendo un ilícito de ningún tipo, existiendo una total falta de proporcionalidad entre el servicio que efectuaban las fuerzas de Seguridad del Estado y el ?registro? que se realizó.

                    Al no existir indicio de prueba alguno que motivara el registro -o cacheo- realizado por los funcionarios policiales, que no pudo tener otro motivo o justificación que las sospechas despertadas por la indumentaria y aspecto del sancionado, razones que por su mismo carácter discriminatorio demuestran por sí mismas, la inconstitucionalidad e ilegalidad de dichos registros.

                    Al comprobar que la versión ofrecida por los agentes parece distar mucho de lo acontecido en la realidad esta parte considera la necesidad de pruebas testificales sin que la resolución motive ni se refiera a las mismas ni a los motivos por los que no se practican . Como argumentaremos posteriormente, esta actuación administrativa viola el derecho constitucional a la defensa así como el principio de contradicción que ha de estar presente en todo procedimiento sancionador.

                    SEGUNDA: Señalar también, que aunque el Art. 137.3 de la L.O. de 26 de Noviembre de 1992 en su primera parte otorga credibilidad y fiabilidad a los hechos constatados por funcionarios, aunque debiera poder el sancionado exponer su versión de lo sucedido a través de la prueba testifical propuesta, en virtud del reconocimiento de la condición de autoridad, los agentes no pueden certificar la naturaleza estupefaciente de una sustancia.

                    De ello resulta que sea preceptivo el análisis de la sustancia que determine de manera inequívoca su naturaleza estupefaciente. Es evidente que debiera desprenderse del informe pericial remitido de manera inequívoca la naturaleza estupefaciente de la sustancia, con el concreto contenido en THC de dicha sustancia y los métodos de análisis aplicados, así como constar el sello del laboratorio autorizado a realizar este tipo de análisis. Ésta constituye una prueba de cargo imprescindible para iniciar el expediente sancionador por una supuesta infracción de consumo de estupefacientes en vía pública.

                    Debería figurar por tanto en dicho informe analítico la composición química exacta de la sustancia con el fin de conocer el supuesto contenido en -9 T.H.C.( Delta-9 tetrahidrocannabinol), elemento que sirve para diferenciar entre cáñamo psicoactivo y cáñamo industrial, siendo este contenido en -9T.H.C. el único que puede probar la psicoactividad o no de los derivados del cannabis.


                    Sin embargo, los informes analíticos emitidos no pueden ser tenidos como válidos, ya que siendo ésta la única prueba de cargo para iniciar este expediente sancionador, es necesario figuren en dicho informe analítico la composición química exacta de las sustancias que se dicen incautadas al expedientado así como el método de análisis efectuado. También resulta imprescindible el sello del laboratorio de la división de estupefacientes del ministerio de sanidad y consumo al ser el único con competencias para llevar a cabo pruebas analíticas de esta naturaleza.

                    Ni el contenido de THC figura en el análisis remitido, siendo por lo tanto aplicable el "in dubio pro reo" hasta conocer si la sustancias incautadas al expedientado contienen los porcentajes requeridos de T.H.C. para poder ser declaradas como sustancias psicotrópicas o estupefacientes; ni consta el método de análisis efectuado ni consta sello de laboratorio autorizado alguno.

                    El documento de análisis de la sustancia carece a nuestro juicio de lo requerido en los Art. 46.2 y 46.4 de la L.O. de 26/NOV. 92, referentes a la validez de los documentos públicos administrativo. Este criterio viene dado por la falta del preceptivo sello o garantía del laboratorio que supuestamente ha llevado a cabo el análisis, no existiendo en el documento remitido como análisis sello de laboratorio autorizado alguno.

                    El informe debería contener el sello del laboratorio de la división de estupefacientes del ministerio de sanidad y consumo que es el único con competencias para llevar a cabo dichas pruebas analíticas.


                    En este caso no se observan los requisitos legales pertinentes para dicho reconocimiento, porque el documento emitido como análisis carece del valor probatorio exigible a dichas pruebas periciales, según se desprende de la segunda parte del enunciado del Art.-137.3 anteriormente citado.

                    Asimismo, resulta contrario al principio de presunción de inocencia, recogido en el Art. 137.1 de la L.O. de 26 de Noviembre de 1992 el hecho de que se remitan simplemente los resultados de los análisis efectuados por el laboratorio pero no se especifique el método, modalidad o clase de pericia realizada.

                    Mencionar a efectos de conocimiento del juzgador, que de acuerdo con lo expuesto en la legislación vigente expuesta a continuación es necesario conocer el porcentaje de T.H.C. contenido en una sustancia para declararla como grifa o hachís e incluirla en las listas prohibitivas internacionales, ya que una sustancia legal como es el cáñamo industrial también daría positiva en una analítica realizada con similares técnicas.


                    Ley 17/67 de 8 de abril de 1967, de normas reguladoras sobre estupefacientes, donde se establecen entre otras las siguientes cuestiones:

                    Art. 9 "Los preceptos anteriores no serán de aplicación al cultivo de la planta de la Cannabis destinada a fines industriales, siempre que carezcan de principio activo estupefaciente".

                    Art. 10 "La actuación de los servicios de control de estupefacientes a que se refiere el presente capítulo se llevará a cabo con la colaboración de los servicios del Ministerio de Agricultura en la forma que se instrumentará reglamentariamente". (Hoy en día esta instrumentación reglamentaria viene dada a través de las disposiciones de la U.E. en la materia).

                    El artículo 52 del Reglamento de la C.E.E. Nº1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003 establece que los Estados miembros ?establecerán un sistema para verificar el contenido de tetrahidrocanabinol de los cultivos plantados? Es por tanto el análisis del THC el que determina la naturaleza estupefaciente o no de la sustancia incautada, de acuerdo con un procedimiento que el nuestro país no parece haberse establecido hasta la fecha. Es evidente que el expediente administrativo debería dejar constancia de que se ha verificado el contenido de tetrahidrocanabidol y la aplicación de una sanción a una sustancia en la que no consta el contenido de THC supone una violación del derecho a la presunción de inocencia recogida en el Art. 24.2 de la Constitución Española ya que no queda acreditado que se trate de sustancia estupefaciente alguna.

                    Insistir en que este informe analítico, el cual adolece de graves defectos técnicos, es la única prueba de cargo existente para determinar la comisión o no del ilícito administrativo y según nuestro criterio no ha quedado suficientemente probado tal ilícito administrativo, al haberse practicado una analítica que omite datos imprescindibles para conocer la verdadera composición y naturaleza de las sustancias intervenidas al expedientado.

                    Que la omisión de estos datos van en perjuicio de las garantías legales del administrado y vulnera de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el Art. 137.1 de la L.O. 30/92 de 26 de Noviembre y en el Art. 24.2 de la Constitución Española. Hemos de señalar como el propio Tribunal Supremo en Sentencia 89/2002 señala que ?en todo caso, se estima que el T.H.C. es substancia estupefaciente, salvo en supuestos de observarse una práctica inexistencia del mismo, en el producto aprehendido.? Es de entender que es precisamente el nivel de THC, que se considera indebidamente superfluo, el que determinaría si me encontraba en ese momento consumiendo sustancia estupefaciente alguna, circunstancia que no queda acreditada en el expediente.



                    TERCERA.- En la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recoge entre otros mi derecho constitucional a la mejor defensa posible, entendiendo a tal fin que no es suficiente con la notificación de la incoación del procedimiento sancionador sino que además es preciso que se me ponga en conocimiento los hechos concretos objeto de la denuncia y el resultado del análisis que dio lugar a la incoación del presente procedimiento por cuanto que la versión recogida en el escrito que me ha sido notificado dista mucho de la realidad según se podría comprobar si en el presente procedimiento se hubiesen realizado las pruebas propuestas por esta parte..

                    En Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 15-9-98 se decía literalmente: "La posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sancionadora se configuran en un estatuto jurídico de garantías que comprende también el derecho de defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la atracción del artículo 24 de la Constitución. La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo.

                    Ciertamente, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial.

                    En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 pone de relieve la independencia del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo, de modo que la indefensión que en aquél se cause no siempre cabrá subsanarla en la vía judicial, señalándose que: "La resolución administrativa debe dictarse, respetando el sistema de garantías establecido en las normas rectoras del procedimiento, sistema de garantías cuyo designio final es la defensa del administrado frente a la Administración. Si este sistema no se respeta, el acto administrativo resulta viciado. La defensa posible ante la Jurisdicción no elimina la realidad y significación jurídica de la indefensión producida ante la Administración, so pena de confundir los papeles de ésta y aquélla, no le corresponde a la Jurisdicción imponer las sanciones, de ahí que las garantías legales para su imposición no puedan cumplirse ante ella, cuya misión se reduce a controlar si tales garantías se observa ron o no por la Administración".

                    La Ley 30/92 ha retenido el derecho constitucional de defensa -artículo 24- como derecho a alegar y probar en el marco del procedimiento administrativo sancionador -artículo 136-. Por tanto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del expediente sancionador.

                    Que hasta este momento no se ha representado en el desarrollo del procedimiento sancionador el principio de contradicción, al no haberse remitido todos los documentos imprescindibles hasta la comparecencia personal, vulnerado la normativa vigente y la necesaria contradicción en los procedimientos sancionadores, lo cual produce una grave indefensión en el aquí administrado.

                    La omisión de estos datos van en perjuicio de las garantías legales del administrado y vulnera de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el Art. 137,1 de la L.O. 30/92 de 26/Nov. y en el Art. 22.4 de la Constitución Española.

                    Tampoco se ha respetado el principio de contradicción exigible en todo procedimiento sancionador, al no haberse tampoco practicado las pruebas propuestas. Ni siquiera se ha motivado de manera alguna la negativa a su práctica, siendo pruebas que se reputaron y que se siguen reputando imprescindibles para mi correcta Defensa y de los que se me ha privado con clara vulneración de los principios constitucionales que me asisten. Habiendo sido denegada la práctica de pruebas propuesta en legal forma por esta parte, tal y como consta en el expediente, ni siquiera se emite resolución alguna rechazando motivadamente dicha prueba (tal como exige el artículo 80.3 de la Ley 30-1992)

                    La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 15 de septiembre de 1998 estima el recurso contencioso administrativo presentado por la imposición de una multa por vulneración del artículo 24 de la Constitución Española que prohíbe la indefensión. El Tribunal considera que ?La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo?.


                    CUARTA.- Así las cosas, la resolución que se recurre pone fin a un procedimientos sancionador que carece de soporte probatorio exigible, según las normas legales conocidas por el instructor y la jurisprudencia referida, y en el que se han vulnerado principios fundamentales del procedimiento sancionador, tal y como viene configurado en nuestra normativa y es exigido por jueces y tribunales.

                    QUINTA.- Que se ha dado validez a un análisis inexistente y/o incompleto expresamente y ni siquiera se ha proveído sobre la posibilidad de nuevo análisis con mi intervención, debiéndose reputar en consecuencia nula de pleno derecho dicha prueba por haberse obtenido con vulneración de los principios constitucionales.

                    SÉPTIMA.- Asimismo la resolución recurrida NO RESUELVE ADECUADAMENTE TODAS CUESTIONES PLANTEADAS POR EL INTERESADO, ESTIMÁNDOLAS O DESESTIMÁNDOLAS FUNDADAMENTECONFORME A DERECHO como exigen la ley y la práctica jurisprudencial, SINO QUE SE LIMITA A RESOLVER "QUE LAS ALEGACIONES FORMULADAS NO DESVIRTÚAN LOS HECHOS DENUNCIADOS", incumpliéndose también el requisito de motivación del acto administrativo, en un procedimiento sancionador como el presente, con lo que se vulnera flagrantemente el derecho de defensa de esta parte, y se vacían de finalidad los recursos y alegaciones, cuando el órgano competente ni siquiera argumenta su resolución sobre las alegaciones del interesado, así como sobre la denegación de las pruebas propuestas, a cerca de las que ni se pronuncia.

                    OCTAVA.- Además y subsidiariamente a lo expuesto, atendiendo a las circunstancias que concurren en el expediente, en concreto a la naturaleza y cantidad de sustancia incautada así como el fin resocializador y no exclusivamente retributivo de las sanciones administrativas, en aplicación del principio de proporcionalidad que establece el art. 131.3 de la Ley 30/92, debiera en cualquier caso procederse a dictar resolución con incautación de la sustancia intervenida, sin imposición, por esta vez, de sanción económica, por entender que es más ajustada a derecho", en lugar de una sanción de 500 euros, sanción de finalidad exclusivamente recaudatoria ajena al bien jurídico protegido por la Ley Orgánica 1/1992 que es el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviese destinada al tráfico. Resulta evidente que la versión del sancionado dista mucha de la que se recoge en el expediente pero, aunque fuera cierta y se hubiese acreditado la naturaleza estupefaciente a través del preceptivo análisis, se desprendería un consumo privado en un vehículo privado y en una zona no transitada como es un polígono industrial, quedando afectada la seguridad pública en un grado realmente nimio.

                    NOVENA.- En cuanto a las otras dos infracciones a las que hace referencia el expediente, se hace constar que la identificación fue demostrada con una llamada telefónica a su domicilio, ya que no estaba en posesion de dni al haber sido este sustraido pocos dias antes de la fecha de los hechos (existe denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Segorbe) y el supuesto de falta de respeto a la autoridad es una consideración subjetiva de los propios agentes quizas motivada por el trato discriminatorio sufrido en el registro o cacheo, que como se ha demostrado anteriormente carecia de ningun fundamento.


                    En su virtud de lo expuesto

                    S O L I C I T O:

                    Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y, en su virtud, por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICION contra la resolución dictada en el procedimiento al margen de referencia y, previos los trámites pertinentes, dicte en su día resolución por la que, alzando la aquí recurrida, se acuerde no haber lugar a imposición de sanción alguna, acordando el archivo del presente procedimiento sancionador.

                    Subsidiariamente se imponga sanción por la que se incauta la supuesta sustancia intervenida sin imposición de sanción económica alguna.

                    EN XXXXXX A 12 DE JUNIO DE 2008



                    XXXX XXXXX XXXXX





                    .NOFIFICACION RECURSO REPOSICION


                    Ajuntament de Castelló
                    Notificación
                    Fecha:23 JUl 2008 N° Reg. Salida -
                    N/Referencia: XXX/ Negociado Administrativo de
                    Seguridad. Exp: XXXX.
                    S/ Referencia:
                    Asunto: Notificación Recurso Reposición.
                    Destinatario:
                    D. XXXX XXXX XXXXX
                    C/ XXXXXXXX
                    ( XXXX)- Xxxxxx (Castellón).
                    El Ilmo. Sr. Teniente Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Seguridad
                    -Públié~enfécha-22°dejulio de 2008,-dictó eHJecíeto-del tenor literalsiguiente:~
                    "Vistas las actuaciones que obran en el expediente sancionador nO472/2007 incoado
                    a D. XXXXXX XXXXX XXXXX, DNI XXXXX, se desprenden los siguientes,
                    "Antecedentes de Hecho.
                    Mediante Decreto del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de
                    Seguridad Pública de fecha 21 de agosto de 2007 se incoa expediente sancionador
                    en relación al boletín de denuncia formulado por la Policía Local, número 2233, de
                    fecha 4 de agosto de 2007, a XXXXX XXXXX XXXX, con DNI XXXXXXXXX y con
                    domicilio en la calle XXXXXXXXX de XXXXX (Castellón), por los hechos de
                    "tenencia de sustancias estupefacientes", " originar desórdenes leves en vía pública
                    por falta de respeto al Agente de Policía" y "negativa a la identificación", constitutivos
                    de infracción grave prevista en el Art. 25.1 e infracción leve prevista en el artículo
                    26.i) y 26.h) en relación con el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
                    de Protección de la Seguridad Ciudadana, del que se practica notificación en fecha 24
                    de agosto de 2007.

                    No habiendo presentado alegaciones en tiempo y forma, mediante resolución
                    de fecha 17 de abril de 2008, se acuerda imponer a Antonio Gil Roca una sanción
                    pecuniaria de 507 euros, de la que se practica notificación en fecha 15 de mayo de
                    2008

                    En fecha 12 de junio de 2008 XXXXX XXXXXX XXXX interpone recurso de reposición
                    contra la citada resolución en el que manifiesta que, el procedimiento ha caducado
                    "habiendo transcurrido con creces el plazo de 6 meses establecido en la Ley 30/92",
                    que los hechos no son ciertos, porque aunque se encontraba el día de los hechos en
                    el lugar de la infracción "no portaba sustancia alguna", asimismo en el mismo escrito
                    expone que "ni llevaba visible la cantidad de sustancia estupefaciente que
                    supuestamente se le intervino, ni menos aún hacía ostentación de la misma", también
                    solicita prueba testifical, "puesto que los agentes, en virtud del reconocimiento de la
                    condición de autoridad, no pueden certificar la naturaleza estupefaciente de una
                    sustancia".


                    1. Fundamentos de derecho:
                    El artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de
                    la Seguridad Ciudadana, establece que constituyen infracciones graves a la seguridad
                    ciudadana la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas
                    tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos
                    o transportes públicos, siempre que no constituya infracción penal, así como el
                    abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su
                    consumo.
                    El artículo 26.i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de
                    la Seguridad Ciudadana, establece que constituyen infracciones leves a la seguridad
                    ciudadana "alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o
                    establecimientos públicos.
                    De conformidad con el artículo 26.h) de la citada Ley Orgánica establece
                    constituyen asimismo infracciones leves a la seguridad ciudad" Desobedecer los
                    mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo
                    aispuesto en la presente Ley, cuanao ello no constituya infracción penal".
                    El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992 establece en su apartado 1° que "Los
                    agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de
                    sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar
                    las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho
                    el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas
                    requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la
                    seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de
                    Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
                    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5 del Reglamento del
                    Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, Real Decreto 1398/93,
                    de 4 de agosto y el artículo 137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
                    Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92, de
                    26 de noviembre, los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la
                    condición de autoridad tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
                    defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios
                    administrados.
                    El artículo 42.5 c) de la citada Ley 30/92, de 25 de noviembre, establece que el
                    transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
                    resolución se podrá suspender cuando deban solicitarse informes que sean
                    preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano -de la misma o
                    distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá
                    comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser
                    comunicada a los mismos.
                    En el apartado 4° del decreto de incoación del presente expediente
                    sancionador, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Seguridad
                    Pública resuelve suspender el plazo máximo legal para la resolución del expediente,
                    en aplicación del artículo 42.5.c) citado anteriormente, hasta la audiencia de la Junta
                    Local de Seguridad y en caso de tenencia ilícita, hasta la verificación de la sustancia
                    mediante analítica oficial.
                    El consumo o tenencia ilícita de drogas o sustancia estupefacientes en
                    vehículos particulares, siempre que se hallen en vías públicas, ha de entenderse
                    incluido en el ámbito de la conducta sancionable, sin que por ello se efectúe una
                    interpretación analógica o expansiva de un precepto sancionador.
                    En efecto, los automóviles, como pertenencia dominical son por regla general
                    "un simple objeto de investigación", y carecen -salvo supuestos extremos en los que
                    se habite en los mismos- de la protección que a la intimidad domiciliaria presta y
                    otorga el artículo 18.2 CE -STS de 21 de abril de 1995 (Ref. Arz. 2871), y 1 de abril de
                    1996 (Ref. Arz. 2845), entre otras muchas.

                    11. Conclusiones.
                    Revisado el expediente consta que se han seguido todos los trámites y se han
                    respetado las garantías determinadas en el Reglamento del procedimiento para el
                    ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado mediante Real Decreto 1398/93, de 4
                    de agosto.

                    Consta en el expediente informe analítico del Área de Sanidad de la
                    Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana de la sustancia aprehendida
                    por los Agentes de la Policía Local de fecha 14 de marzo de 2008, haciendo constar
                    que los análisis se han realizado según los protocolos recomendados por la División
                    de Estupefacientes de las Naciones Unidas, y siendo el resultado del análisis
                    practicado, 5,2 gramos de sustancia identificada como haschish, sustancia sujeta al
                    Control de estupefacientes y sicotrópicos y de circulación prohibida en España, así
                    -- comoeT8cta de audiencia previadela-JuntaLocarCle-Sé-gurioad de fecha 17 de
                    diciembre de 2007.

                    Habiéndole notificado el decreto de incoación en fecha 24 de agosto de 2007,
                    y habiendóle concedido un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
                    documentos o informaciones que estimase convenientes o proponer prueba, no
                    presentó ningún documento ni propusó ninguna prueba, por lo que no se le pudo
                    contestar como afirma en la alegación n07 del recurso de reposición presentado.
                    Según el artículo 26 h) en relación con el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992),
                    de 21 de febrero, se debe entender la infracción en la resistencia o negativa infundada a
                    identificarse, es decir, una vez no se ha procedido a su identificación voluntaria aunque
                    finalmente se faciliten los datos, la infracción preceptuada ya ha sido cometida.
                    Finalmente, habiendo solicitado informe a los Agentes de Policía Local
                    intervinientes, éstos se ratifican en la denuncia emitida en su día, especificando que el
                    día que acontecieron los hechos objeto de denuncia, los Agentes realizaban servicio
                    ordinario cuando se observa un vehículo en la calle Martín Alonso, realizando
                    "maniobras extrañas y rebasando semáforo en rojo", "al indicarle que reduzcan la
                    marcha se observa como desde el interior del vehículo derraman por la ventanilla
                    algún tipo de sustancia, en forma de polvo color blanco", posteriormente procediendo
                    a identificación de los ocupantes del vehículo, se niegan en reiteradas ocasiones,
                    teniendo que ser trasladados a dependencias de la Comisaría Nacional de Policía
                    para-su-identificación, -encontrándose-posible-sustancia----estupefatiente en-er -
                    inculpado; motivos por los cuales, se les extendió el correspondiente boletín de
                    denuncia; se les reconoce a estos hechos valor probatorio, constituyendo base
                    suficiente para la adopción de la resolución que proceda.

                    Por todo lo expuesto anteriormente se propone la adopción por el órgano
                    competente de la siguiente Propuesta de resolución:

                    111. Propuesta de resolución.
                    1°._ Desestimar el recurso de reposición presentado por XXXXXX XXX XXXX, DNI
                    XXXXXXXXXX, con domicilio en Avd. XXXXXXX de XXXXX (Castellón) e imponerle
                    una sanción pecuniaria de 507 euros, 307 euros por el hecho de "tenencia de
                    sustancias estupefacientes" infringiendo el artículo 25.1 de la Ley 1/92, de 21 de
                    febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y 200 euros por los hechos de
                    "originar desórdenes leves en vía pública por falta de respeto al Agente de Policía" en
                    la calle Martín Alonso / Pérez Dolz de esta Ciudad y "negativa a la identificación",
                    infringiendo el artículo 26 .í) Y artículo 26 h) en relación con el artículo 20 de la citada
                    Ley 1/92, conforme a lo expuesto anteriormente.
                    2°._ Informar al interesado que contra el acto que se notifica, que pone fin a la
                    vía administrativa, y es resolutorio de un recurso de reposición, puede interponerse
                    recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
                    de Castellón de la Plana en el plazo de dos meses desde el día siguiente a aquél en
                    que se practique la notificación.".
                    Castel~la Plana, a 22 de julio de 2008.
                    La Jefa de la Seccr~n A
                    (P.O. del Titular
                    Editado por última vez por mapi; https://www.cannabiscafe.net/foros/member/36507-mapi en 17/09/2008, 16:31 . Razón: PORKE HE PUESTO DATOS PERSONALES

                    Comentario


                    • #11
                      Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                      Si no te notificaron que se suspendía el procedimiento la suspensión no tiene efectos.
                      Debes decir que según el art.58 de la ley 30/92 (te lo pongo abajo para que tambien pueda reproducirse en el escrito), que deben notificar al interesado las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, como son tus derechos en el procedimiento administrativo, y que si no se notifica una resolución, el acto administrativo no produce efectos jurídicos.
                      Artículo 58. Notificación. Redacción según Ley 4/1999, de 13 de enero.

                      1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.

                      2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,

                      3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

                      * LO IMPORTANTE ES QUE SI SE SUSPENDIÓ Y NO TE LO NOTIFCARON HA CADUCADO EL PROCEDIMIENTO, YA QUE LA SUSPENSIÓN NO TIENE EFECTOS PARA TI AL NO HABER TENIDO CONOCIEMINTO DE LA MISMA.

                      El problema es que tienes que ir a juicio para probarlo. Si no tienes dinero puedes acudir a los servicios de asistencia jurídica gratuita de tu provincia. En el enlace de abajo hay algunos
                      http://www.cannabiscafe.net/foros/sh...ad.php?t=78625
                      La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
                      Hazte socio AICC

                      Comentario


                      • #12
                        Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                        warnock, no entiendo bien lo que tengo que decir en el escrito del que me hablas y solo tengo hasta el dia 30 de este mes para formular alegaciones.
                        Lo cierto es ke me pierdo un poko y ademas, cuando copio algunos de los modelos que me aconsejais, a veces he cometido algun error por no haber sabido adaptarlo a mi caso concreto.
                        Me podrias copiar lo que tengo que escribir y yo le cambio los datos y eso??
                        Gracias de nuevo, eres muy amable

                        Comentario


                        • #13
                          Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                          Hola:
                          Me dirijo a Warnok porke el es kien me ha estado guiando en los pasos que debia seguir.

                          Al ultimo mensaje que te envie, antes que este, no me respondiste pero yo envie al ayuntamiento de Castellon, en sobre administrativo, el dia 30 de Septiembre (ultimo dia para alegar) el siguiente escrito:

                          A LA ATENCIÓN DE LA JEFATURA DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA

                          xxxxxx xxxxx xxxxxxx.cuyas demás circunstancias constan en el EXPEDIENTE xxx/xxxx tramitado por EL AYUNTAMIENTO a que me dirijo, por una presunta infracción del art. 25.1 de la L.O. 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana, comparece y como mejor proceda, DICE :

                          Que no estando de acuerdo con la propuesta de resolución que se dicta con fecha 23 de julio de 2008 y que dice asi:

                          “Informar al interesado que contra el acto que se notifica,que pone fin a la
                          vía administrativa, y es resolutorio de un recurso de reposición, puede interponerse
                          recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
                          de Castellón de la Plana en el plazo de dos meses desde el día siguiente a aquél en
                          que se practique la notificación.".


                          FORMULA LAS SIGUIENTES ALEGACIONES:

                          Que no se me notifico en tiempo y forma que se suspendía el procedimiento, por lo que la suspensión no tiene efectos, según el art.58 de la ley 30/92 (reproducido en el parrafo siguiente), ya que se debe notificar al interesado las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, como son mis derechos en el procedimiento administrativo, y que si no se notifica una resolución, el acto administrativo no produce efectos jurídicos.
                          Artículo 58. Notificación. Redacción según Ley 4/1999, de 13 de enero.

                          1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.

                          2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,

                          3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

                          YA QUE SE SUSPENDIÓ Y NO ME LO NOTIFICARON, HA CADUCADO EL PROCEDIMIENTO, YA QUE LA SUSPENSIÓN NO TIENE EFECTOS PARA MI AL NO HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA MISMA.

                          En su virtud de lo expuesto

                          S O L I C I T O:

                          Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y, en su virtud, por interpuesto en tiempo y forma contra la resolución dictada en el procedimiento y, previos los trámites pertinentes, dicte en su día resolución por la que, alzando la aquí recurrida, se acuerde no haber lugar a imposición de sanción alguna, acordando el archivo del presente procedimiento sancionador.

                          Subsidiariamente se imponga sanción por la que se incauta la supuesta sustancia intervenida sin imposición de sanción económica alguna.

                          Asimismo y, para que conste, al margen de todo lo expuesto, el aquí concurrente comunica a la autoridad competente que desde hace un mes ha iniciado tratamiento deshabituador de estupefacientes por las presiones familiares a que ha sido sometido como consecuencia de los actos que han dado lugar al procedimiento que nos ocupa.

                          EN xxxxxxx A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008


                          Hoy, 28 de Octubre y parece que haciendo caso omiso al escrito me han enviado lo siguiente, que es una providencia de apremio:


                          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
                          SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACiÓN
                          C/ Ceramista Guallart Carpí, 2 (Bajos)
                          12005 CASTELLÓN DE LA PLANA
                          --------------------------------.. .. ------ NOTIFICACiÓN
                          PROVIDENCIA DE APREMIO

                          HORARIO HABITUAL DE PAGOS (Excepto verano):
                          DE LUNES A VIERNES: de 9 a 13H. Y de 16 a 18H.
                          SÁBADOS: de 9 a 13H.
                          TeL 964 3411 30 - Fax 964 3411 31

                          objeto tributario
                          N° recibo Matrícula/N° Fiiº--.Er:i!l'yipa_1 m

                          Año - Concepto: 2008 SANCION-Sanciones

                          EXP.xxx/xx

                          INFRACCION ART.261) y 26 H) L.O.1/92 SEGURIDAD CIUDADANA L 3671522-0 DECRET0220708

                          INFRACCION ART.25.1 L.O.1/92 SEGURIDAD CIUDADANA GRAVE 3671521-0 DECRET0220708


                          200,00 €
                          307,00 €
                          ~.!OT.~.:E! cómputo de recargo e interés de demora es aproximado- Se ef~Gt!Jará el definitivo en el momento de pago. ¡
                          Principal:
                          Recargo:
                          507,00 € Intereses:
                          101,40 € Costas:
                          5,21 €
                          O,OO€
                          Total: 613,6 €
                          _______J
                          I! I!' !\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII1I1I1111111111
                          NA12002044000011241414
                          ~--,~- \ I
                          000011241414
                          88/1 Q¡,
                          045803188E
                          fecha emisión 23/10/2008
                          I . ~ - - I
                          xxx xxxx xxxxxx
                          AVDA xxxxxxxxx, xx
                          xxxx xxxxxxx
                          castellon

                          Esto parece la torre de Babel, yo contesto ellos no hacen ni caso .....no se que puedo hacer ahora porke en vez de evitarme de pagar 500 ahora me piden mas de 600.
                          Me echas una mano warnock?

                          Comentario


                          • #14
                            Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                            Pues si que te ha salido barato el recurso.

                            Y por cierto, mientras tanto el nene, que? no ha ahorrado nada para contribuir a la ''causa''. Por que si no lo habeis puesto en antecedentes, es evidente que esta situación se volverá a repetir.
                            Quemadmodum gladius neminem occidit, occidentis telum est

                            Comentario


                            • #15
                              Re: Multas, Multas Y Mas Multas, Me Ayudais A Recurrir??

                              Donde estais???
                              Ya no me responde nadie?
                              Anda porfa que no se que hacer ahora...

                              Comentario

                              Trabajando...
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