Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

SENTENCIAS TARRAGONA

Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • SENTENCIAS TARRAGONA

    Tarragona, 5 Mar. 2001.

    Visto ante la Secc. 2.ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por Jaime L. P., Oscar M. P., Gerard C. P. y Francisco M. P., representados por el Procurador Sr. Recuero y defendido por el Letrado Sr. Prieto Rodríguez, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Tarragona con fecha 1 Jun. 2000 en procedimiento abreviado seguido por delito contra la salud pública, en el que figuran como acusados los apelantes.

    Hechos Probados

    Se aceptan íntegramente los hechos declarados probados en la sentencia recurrida.

    Fundamentos Jurídicos

    Primero: Se formula recurso de apelación por la representación de los condenados Oscar M. P., Jaime L. P., Gerard C. P. y Francisco M. P. En primer lugar se reproducen en el escrito de recurso de apelación diversas cuestiones previas alegadas, en su momento, por la Defensa de los acusados en el acto de Juicio Oral. Tales cuestiones previas han sido objeto de detallada respuesta en la sentencia objeto de recurso. La primera de estas cuestiones alude a la nulidad del registro domiciliario practicado en el inmueble de la calle Cristina Alta núm. X de El Vendrell. Se alega, en primer lugar, falta de proporcionalidad de la medida adoptada que permite vulnerar el derecho de la inviolabilidad del domicilio proclamado por el art. 18.3 de la CE. La TC S 207/1996 de 16 Dic., citada por la sentencia recurrida, alude al triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que debe presidir la valoración sobre la procedencia de la autorización de una entrada y registro en un domicilio cuya inviolabilidad está constitucionalmente amparada. Cabe considerar que, en el presente caso, la observación efectuada por unos agentes de la Policía Local, como consecuencia de una actuación no dirigida al descubrimiento o averiguación de hechos constitutivos de infracción contra la salud pública, constató la posible existencia de una plantación de plantas de marihuana. No cabe duda de que la entrada y registro en el domicilio particular donde se hallaban tales plantas constituía una actuación, no solo idónea para la averiguación de tales hechos y la ocupación de dichas plantas, sino también necesaria por cuanto no existía otro medio de acceder a las mismas. Por lo que se refiere al juicio de estricta proporcionalidad, y con independencia de las consideraciones efectuadas en el escrito de recurso sobre la admisibilidad en ciertos sectores sociales de actos de cultivo de plantas de esta clase, lo cierto es que tales conductas se hallan tipificadas como delito en el art. 368 del CP y ha de considerarse suficientemente amparada, en cuanto a su proporcionalidad, la vulneración, judicialmente autorizada y practicada conforme a las prescripciones contenidas en la LECrim., del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando con tal proceder pueden descubrirse y ocuparse efectos de un delito. Hemos de refrendar las consideraciones efectuadas por la juzgadora de instancia en cuanto a la plena legalidad de la diligencia de registro acordada por el órgano instructor sin que pueda predicarse nulidad alguna de tal diligencia en lo relativo a su fundamentación y oportunidad. Por lo que se refiere a su concreta práctica, tampoco puede apreciarse circunstancia alguna que deba acarrear la nulidad de lo actuado y de cuantas pruebas deriven de la misma. En efecto, la TS S 13 Jul. 1998, también citada en la sentencia recurrida, considera que el identificado como «interesado» en el art. 569 de la LECrim., no ha de ser necesariamente el imputado o imputados en relación con los hechos cuyo descubrimiento o investigación se pretende con la diligencia sino que ha de ser la persona cuyo derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio se ve vulnerado con el registro, es decir, el titular del derecho de propiedad o, en su caso, de posesión del inmueble. En este caso, se ha acreditado la presencia de la titular del citado inmueble y madre de uno de los acusados, Gloria P. En el presente caso, además concurre la circunstancia de desconocerse, en el momento en que se acordó y llevó a la práctica la diligencia de registro domiciliario, la identidad de los imputados por estos hechos. Se acordó la entrada y registro en base a la observación visual por parte de unos agentes de Policía Local de plantas de marihuana en un domicilio particular y, por tanto, quien debía estar presente en la diligencia de entrada y registro era la titular de dicho inmueble. Con posterioridad se tuvo conocimiento de que la propiedad de tales plantas podía corresponder a un hijo de la misma llamado Oscar, procediéndose a su detención, detención que no se había producido en el momento de procederse a la entrada y registro. Ninguna vulneración de derecho fundamental ni causa de nulidad de la diligencia de entrada y registro se deriva del hecho de que no se haya hecho constar a todos y cada uno de los intervinientes en la diligencia de entrada y registro desde el momento en que se deja constancia de la presencia del Secretario Judicial, de la titular de la vivienda y de los agentes de la Guardia Civil de El Vendrell, como fuerza actuante. Del mismo modo, cabe considerar que el número de plantas finalmente intervenidas no guarda necesaria discordancia con lo expuesto en el acta de entrada y registro que, al hacer referencia a una brazada de hojas puestas a secar y a unos tallos y raíces recién cortados, incluye una serie de elementos vegetales posteriormente numerados como plantas que dan como resultado la totalidad de lo intervenido, en cualquier caso, bajo la fe pública del Secretario Judicial que es quien hace entrega de las mismas a los agentes de la Guardia Civil para su remisión al correspondiente laboratorio para su análisis. Hemos de concluir, por tanto, la plena validez de la entrada y registro practicada en la vivienda citada, con desestimación del presente motivo de recurso de apelación.

    Segundo: Un segundo motivo de recurso viene relacionado igualmente con una cuestión previa planteada por la Defensa de los acusados. Se alegaba la vulneración del derecho al secreto familiar como fundamento para interesar la nulidad de las pruebas testifícales de Gloria P. S. y de Ricard M. P. La sentencia recurrida ha considerado la efectiva nulidad de la declaración testifical prestada ante la Guardia Civil por Ricard M. al entender que el contenido de la misma era claramente inculpatorio para el acusado Oscar M. P. y que había sido prestada sin advertencia por parte de los agentes que interrogaban del derecho a ser dispensado de declarar contra su hermano, de conformidad con lo dispuesto en el art. 416.1 de la LECrim. No puede predicarse lo mismo, sin embargo, de la declaración prestada por Gloria P. que se limita a manifestar que, de sus hijos, el único que frecuenta el domicilio de la calle Cristina Alta de El Vendrell es el mayor de ellos llamado Oscar que suele ir allí con sus amigos. El contenido de dicha declaración no permite imputar a Oscar M. P. conducta alguna constitutiva de delito, pese a dar origen a una serie de averiguaciones que culminan con la detención del mismo y de los restantes acusados. En cualquier caso, la prueba de cargo esencial que permite atribuir a los acusados su participación en los hechos declarados probados no procede de las declaraciones prestadas por Gloria P. o por Ricard M. sino de las declaraciones autoinculpatorias prestadas por los acusados. Tales declaraciones aparecen desvinculadas del contenido de las testificales anteriormente referidas y no puede establecerse una conexión de antijuridicidad entre las mismas. No puede admitirse que la justificación aducida por la parte apelante en relación con el motivo de la autoinculpación de Oscar M. P. tenga relación con uno u otro contenido de las declaraciones prestadas por su madre y hermano que, pese a estar dispensados legalmente del deber de declarar en lo que pudiese perjudicar al acusado, hubiesen sido igualmente llamados por las fuerzas de seguridad, toda vez que el precepto antes citado también establece el derecho de los familiares a manifestar lo que consideren oportuno. En cualquier caso, el simple descubrimiento de plantas de marihuana en una vivienda propiedad de la madre del acusado ya suponía una implicación de la misma y una obligación de ser oída en declaración por la autoridad competente al objeto de justificar tales hechos. Debe, por tanto, desestimarse la pretensión de que la nulidad de la declaración policial de Ricard M. pueda extenderse a las restantes pruebas de cargo existentes en la presente causa.

    Tercero: Se alega, en tercer lugar, y reproduciendo la cuestión previa planteada en su momento por la Defensa de los acusados, la nulidad del dictamen pericial obrante en las actuaciones (folios 58 y ss. y folios 88 y ss.) al haberse imposibilitado un análisis contradictorio. Se alega por la parte recurrente que la falta de conservación en el laboratorio de muestras de las plantas intervenidas ha impedido la práctica de contra-análisis a instancia de la defensa impidiendo la debida contradicción de los informes periciales y, por tanto, situando en indefensión a los acusados. La propia sentencia recurrida reconoce la existencia de una vulneración del art. 338 de la LECrim., en la medida en que no consta la autorización judicial a la destrucción de las plantas remitidas. Sin embargo, ha de coincidirse con la juzgadora de instancia en el hecho de que no toda infracción de norma procesal ha de acarrear la vulneración de derechos fundamentales y, por ende, la declaración de nulidad del medio de prueba. En el presente caso, emitido informe por el Instituto de Toxicología, informe que ha sido ratificado en el acto de Juicio Oral sometiéndose a los debidos principios de publicidad, oralidad y contradicción de las partes, se recibió el mismo en las actuaciones sin que por la defensa de los entonces imputados se efectuase ninguna objeción ni se solicitase ningún contra-análisis. Es en el traslado a la defensa de los acusados para formular conclusiones provisionales cuando se solicita, como prueba anticipada, la determinación del grado de tetrahidrocannabinol (THC), principio activo de la planta de marihuana que contiene la sustancia psicoactiva considerada perjudicial para la salud por el Convenio de las Naciones Unidas de 1961, cuando se tiene conocimiento de la inexistencia de muestras sobre las que practicar tal prueba. Por las peritos que han comparecido al acto de juicio oral se ha tenido conocimiento de la imposibilidad de conservación de una materia vegetal que, al no estar seca, se licúa y pudre, no pudiendo conservarse más allá de un mes desde su remisión. Por otra parte, a la hora de determinar si el derecho de defensa de los acusados se ha visto vulnerado por la imposibilidad de practicar la prueba de determinación del grado de tetrahidrocannabinol ha de acudirse a la necesidad de tal determinación para su derecho de defensa. En tal sentido, ha de reproducirse la mención que la propia sentencia recurrida efectúa de la TS S 12 Jul. 1999 que, en un supuesto análogo, entiende que en relación con el hachís, y a diferencia de lo que ocurre en las drogas que causan grave daño a la salud, no procede descuento por sustancias de corte o adulteración, carentes de principio activo, sino que toda la planta de hachís lo tiene, bien que en proporción diversa, por lo que hay que estar al peso total de la planta. Cabe considerar por ello que, siendo la determinación del grado de concentración o riqueza (THC) una prueba no necesaria para el derecho de defensa de los acusados y existiendo ya un informe emitido por el Instituto de Toxicología que da cuenta del peso de las plantas intervenidas y de los porcentajes de principio activo (sustancia psicoactiva) de tal variedad vegetal, cabe entender que la infracción del art. 338 de la LECrim., no ha constituido vulneración alguna de los derechos de defensa de los acusados, debiendo mantener su validez la prueba pericial practicada y los análisis en que se fundamenta la misma.

    Cuarto: Se alega, cono última cuestión previa reproducida en el recurso de apelación, la indefensión de los acusados en la fase de instrucción. Manifiesta la parte recurrente que el Abogado del turno de oficio que fue designado a los acusados desempeñó un papel pasivo durante toda la instrucción de la causa para, posteriormente, renunciar a la defensa de tres de los acusados por entenderla incompatible con la del cuarto de los acusados. Ante tal circunstancia los acusados hubieron de designar un Letrado que les asistiese cuando ya había finalizado la fase de instrucción de las diligencias previas. En tal sentido, ha de manifestarse que los acusados fueron informados en todo momento de su derecho a designar Abogado Defensor que les asistiese (desde su primera declaración en calidad de imputados), habiendo de atribuirse exclusivamente a la inactividad de los mismos la tardía designación de quien los ha representado en la causa. Por otra parte, las diligencias que, en opinión del Letrado que firma el recurso de apelación, han sido omitidas por quien debía asistir a los acusados en la fase de instrucción por imperativos del turno de oficio, no se entienden como objetivamente necesarias en aras al derecho de defensa de los acusados, respondiendo al planteamiento de diversas estrategias defensivas que en modo alguno pueden comprometer la validez de las actuaciones desarrolladas durante la instrucción de la causa. Ha de desestimarse, por ello, este motivo de recurso de apelación.

    Quinto: Entrando en el fondo del asunto, el recurso de apelación impugna la calificación de los hechos llevada a cabo por la sentencia recurrida, alegando en primer lugar que no existe objeto material del delito. La impugnación del informe pericial efectuada con anterioridad sirve a la parte recurrente para considerar que no queda acreditada la naturaleza de las plantas intervenidas ni el peso de las mismas. Debe considerarse, sin embargo, que el contenido del fundamento tercero de la presente resolución permite entender suficientemente acreditado del informe pericial obrante a los folios 58 y ss. que las plantas intervenidas eran del género denominado cannabis sativa y que su peso, una vez deducido el porcentaje de humedad, así como el correspondiente a tallos y raíces, ascendía a 3.222 g. Impugna igualmente la parte apelante el hecho de que no se haya considerado por el juzgado de instancia la falta de determinación del grado de concentración del principio activo tetrahidrocannabinol (THC) como relevante a la hora de definir a tales plantas como contenedoras de sustancia susceptible de causar daño a la salud, aludiendo a la posibilidad de que el cultivo de cannabis pueda ser autorizado administrativamente con fines industriales siempre que su principio psicoactivo no exceda del 0,1%. Debe considerarse, sin embargo, que la jurisprudencia, de forma reiterada ha entendido que el grado de concentración del THC en nada afecta a la calificación de la cannabis sativa como una de las sustancias contenidas en el Convenio de las Naciones Unidas de 1961, toda vez que toda planta de esta clase contiene dicho principio activo. A tal efecto, ya se ha citado la TS S 12 Jul. 1999, pudiendo igualmente tomarse en consideración la cualificada opinión de los peritos que niegan la influencia del grado de riqueza en base en la calificación de la sustancia cuando se trata de marihuana o de griffa. Del mismo modo, ha de señalarse que el hecho de que el cultivo de dicha planta con fines industriales esté sujeto a autorización administrativa se fundamenta en el hecho de que la carencia de tal autorización y control determina la ejecución de un acto de cultivo de sustancias que causan daño a la salud tipificado penalmente. Se impugna igualmente por la parte apelante la valoración de la prueba efectuada por la juzgadora de instancia en relación con la finalidad de tráfico que subyacía en el acto de cultivo de cannabis sativa del que venían acusados los ahora recurrentes. En tal sentido, cabe considerar que los indicios sobre tal preordenación al tráfico del cultivo son plurales y permiten sin asomo de duda razonable atribuir tal finalidad a dichos actos. En efecto, la cantidad de plantas intervenidas comprensivas de principio activo susceptible de causar daño a la salud exceden ampliamente la cantidad que puede presumirse para autoconsumo, incluso teniendo en cuenta la existencia de cuatro acusados. En efecto, tal cantidad no llegaba a integrar el concepto legal de cantidad de notoria importancia pero se hallaba cercana al mismo. Por otra parte, concurre el indicio del valor que la marihuana plantada e intervenida podía alcanzar en el mercado y que se acredita conforme a la valoración obrante a los folios 77 y 78 de las actuaciones. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que no ha quedado acreditada la condición de los acusados como consumidores de cannabinoides. En efecto, salvo meras referencias a posible consumo esporádico de tales sustancias no se ha acreditado un consumo habitual y abusivo por parte de los mismos que pudiese justificar la posesión de tan gran cantidad de marihuana. Por último, cabe referir la declaración prestada por el acusado Oscar M. al folio 31 de las actuaciones manifestando que suponía que el excedente estaría destinado a la venta a terceros. En resumen, ha de considerarse que la valoración de la prueba en este aspecto efectuada de forma muy detallada por la sentencia recurrida se ha ajustado a derecho, existiendo prueba de cargo suficiente para justificar la condena de los acusados. Condena que correctamente ha recaído sobre los cuatro acusados sin que pueda tacharse, como sugiere la parte apelante, de indiscriminada. En efecto, los cuatro acusados reconocen su común acuerdo en el cultivo de la marihuana y su intervención en las labores de plantado, cuidado, regado y podado de las plantas, así como su posibilidad de acceso al lugar donde tal plantación se estaba desarrollando. Cabe entender, por tanto, que el título de participación como coautores ha quedado suficientemente acreditado en el procedimiento.

    Sexto: Una última impugnación efectuada en el recurso de apelación interpuesto hace referencia a la pena de multa impuesta. Tal impugnación indirectamente se refiere a la valoración efectuada de las plantas intervenidas con ocasión del registro en el domicilio de la calle Cristina Alta núm. X de El Vendrell. Considera la parte recurrente que no pueden valorarse en 700.000 ptas. unas plantas que estaban arrancadas y pudriéndose. Ha de hacerse constar, sin embargo, que la mayoría de las plantas intervenidas se hallaban plantadas y que otras estaban en proceso de secado, proceso que pudo verse alterado por la intervención de las mismas. Por otra parte, el proceso de putrefacción a que se han referido las peritos no se ha acreditado con carácter inmediato, sino a lo largo de un período de tiempo de aproximadamente un mes. Por último, cabe señalar que la valoración de la droga ha sido efectuada por la Unidad Territorial de Sanidad y Consumo de la Delegación del Gobierno en Catalunya (folios 77 y 78 de las actuaciones) sin que pueda efectuarse tacha alguna al contenido de dicho informe que da cuenta del valor que alcanza en el mercado la griffa (conjunto de preparados vegetales derivados de la cannabis sativa intervenida a los acusados).

    Comentario: siento la sentencia. Pensaba que en Tarragona solo había una sección muy benigna que fue la de la sentencia de la arsec. Pero hay una sección segunda francamente aterradora.

    Un par de comentarios: la sección pasa del grado de concentración por considerarla una prueba innecesaria y se basta y se sobra con el peso total y con la constancia de que existe thc, aunque sea en una proporción inapreciable.

    Los indicios que baraja la sección son: número de plantas que exceden del autoconsumo de cuatro personas habida cuenta que el peso (3.222 gramos según parece en seco) se halla cercano a la notoria importancia (la de antes del Pleno del Supremo), el alto valor que le da a la ?droga? la guardia civil, la no acreditación del consumo continuado sino esporádico por parte de los acusados y la declaración de uno de los acusados ante la policía -donde seguramente estaba muerto de miedo- de que creía que el posible excedente de ?droga? se iba a destinar a la venta.
    La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
    Hazte socio AICC

  • #2
    ST ABSOLUTORIA JUZGADO TORTOSA

    Aunque no sienta jurisprudencia menor como las de las Audiencias, la sentencia es algo mas que curiosa, una absolucion con 13 kilos y pico de peso neto. Los fundamentos juridicos de la magistrada son para enmarcarlos en todas las Audiencias Provinciales.-

    En Tortosa, a veinticinco de octubre de dos mil uno.

    Vistas en juicio oral y público por mí, Rocio Nieto Centeno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal de esta Ciudad las presentes actuaciones, Juicio Oral Núm 99/01
    procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Tortosa que siguió el Procedimiento Abreviado Núm.58/00 por presunto delito CONTRA LA SALUD PUBLICA contra los acusados PEDRO M.M. y PEDRO JOSE M. B., en situación de libertad provisional a resultas de esta causa.

    Han sido partes el Ministerio Fiscal representado por Cinta S. R. y los referidos acusados defendidos por los letrados Jordi Pons y Jordi Salvà, respectivamente.

    ANTECEDENTES DE HECHO

    Primero.- Los presentes autos se iniciaron en virtud de Atestado de los Mossos d'esquadra n 990/00. que dio lugar a la incoación por el precitado Juzgado instructor de las Diligencias Previas Núm.1 075/00 las cuales fueron seguidas por sus peculiares trámites hasta la celebración de del correspondiente Juicio Oral en este Juzgado de lo Penal.

    Segundo.-Tras la práctica en la vista oral de las pruebas que, propuestas por las partes en su momento procesal oportuno, habían sido admitidas, el Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos como constitutivos de un delito contra la Salud Pública previsto en el art. 368 del C. Penal del que era responsable el acusado PEDRO JOSE M. B., solicitando para el citado la pena de 2 años de prisión y multa de 1.392.584.-ptas. y pago de las costas procesales. Así mismo, retiró la acusación que venía manteniendo respecto al acusado Pedro B. M. solicitando la libre absolución del mismo.

    Tercero.- En idéntico trámite, el letrado defensor de M. B. se mostró disconforme con las conclusiones de las acusaciones y solicitó la libre absolución de su patrocinado.

    Por su parte el letrado defensor del acusado M.M. se mostró conforme con las conclusiones del Ministerio Público en lo que a su patrocinado se refiere en cuanto implicaban la libre absolución de su patrocinado.

    II. - HECHOS PROBADOS

    Único. - El día 22 de septiembre de 2000, los mossos d?esquadra hallaron once plantas de marihuana en la finca sita en partida Bernabé de Tortosa, propiedad del acusado Pedro M. M., mayor de edad y sin antecedentes penales, y que eran cultivadas por su hijo, el también acusado Pedro José M. B., que es consumidor habitual de marihuana. Dichas plantas tenían una altura aproximada de dos metros y medio y una anchura de un metro con un peso bruto de 37'500 Kg. y un peso neto aproximado de 13,6 Kg.

    III- FUNDAMENTOS DE DERECHO

    Primero. De conformidad con doctrina jurisprudencial constante e invariable, los actos de consumo de drogas tóxicas o estupefacientes no se hallan sancionados en el art. 368 CP y, por tanto, son atípicos e impunes, sucediendo lo mismo con los actos de producción ?cultivo, elaboración, fabricación- y con los preparatorios -tenencia y transporte- siempre y cuando claro está el destino de lo producido, poseído o transportado, sea el propio consumo del productor, tenedor o porteador; pero, antes al contrario, cuando los referidos actos se perpetren con intención de ulterior transmisión -directa o indirecta, onerosa o gratuita, total o parcial- a tercero, es decir, a otra u otras personas, los susodichos actos, por si mismos constituyen infracción subsumible en el antecitado artículo.

    También debe recordarse, tal y como señaló el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de noviembre de 1997, que "el cultivo de plantas que producen materia prima para el tráfico de droga es un acto característicamente peligroso para la salud pública, no obstante que en el caso no se haya llegado a producir un peligro concreto. La cuestión de la idoneidad no depende de la concreción del peligro, sino exclusivamente de la abstracta adecuación al mismo que ha establecido el legislador. Partiendo de esta doctrina, lo que procede valorar es si de tal cultivo se deriva base suficiente como para estimar que el mismo rebasa los límites de lo que podría considerarse constitutivo de un cultivo para consumo propio, dada la condición acreditada de consumidor del acusado, y en tal sentido ha de señalarse que la Audiencia de Tarragona condenó en sentencia de 27 -1-95 por el cultivo de 5 plantas vivas con peso bruto de 3500 gramos, sentencia en la que se destacó como de tal peso de las plantas había de deducirse entre el 20 y 25% por humedad y entre el 30 y 40% por tallos y raíces no aprovechable. A su vez en Sentencia de 18 de octubre de 1995, también esa Audiencia, se condenó por el cultivo de plantas, como las anteriores de hachis o marihuana, con ocupación de 6 vivas y de siete muertas, con un peso neto de 13 Kg. de las que se obtuvieron 715'289 gramos de unidades aptas para constituir marihuana.

    Habiendo señalado Tribunal Supremo en orden a la determinación del grado de pureza de la citada droga (STS 6-11?2000) que tanto el hachis como la griffa o la marihuana no son otra cosa que productos vegetales presentados en su estado natural en las que las sustancias activas están incorporadas a la propia planta de cuya composición forma parte en mayor o menor proporción según la calidad del cultivo, zona agrícola de procedencia y otras variables naturales, sin que quepa variar su composición congénita, y ,en la que la proporción de sustancia activa o tetrahidrocanabinol (THC) oscila en función de aquellas variables entre un 2% y un 10 %.

    Segundo.- En el supuesto de autos, el informe elaborado por el laboratorio de drogas de la Delegación de Gobierno de Cataluña permite constatar que las plantas analizadas fueron identificadas como ?grifa? y si bien es cierto que en el mismo no se contiene especificación alguna sobre la cantidad de estupefaciente que podía obtenerse de las plantas, asumiendo los datos contenidos en el informe pericial presentado por la propia defensa, tenemos que las once plantas incautadas, que pesaron 37.5 kg. en bruto, una vez secas arrojarían un peso neto de 13,6 kg. Por lo que, a la vista de la jurisprudencia mencionada en el anterior fundamento jurídico, estaríamos en condiciones de concluir que la sustancia estupefaciente que se podría haber obtenido rebasa los límites de lo que podría considerarse constitutivo de un cultivo para consumo propio por más que el acusado la utilizara ?fumada, en infusiones y en tortillas".

    Ahora bien, el hecho de que no exista una constatación fehaciente de la cantidad de estupefaciente que podría haberse obtenido y la proscripción de toda conjetura contraria al reo impiden a esta juzgadora tomar en cuenta el anterior argumento como único fundamento de una sentencia condenatoria. Y como quiera que no consta en las actuaciones si el acusado tenía en su poder más sustancias estupefacientes que la incautada o instrumentos u objetos que corroboren el tráfico y habida cuenta que se trata de una persona que posee un medio lícito de ganarse la vida ?in negocio de hosteleria (un mesón o tasca)- procede de conformidad con lo preceptuado en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y atendiendo al principio in dubio pro reo, acordar la libre absolución del mismo. Y todo ello, con independencia de las sanciones administrativas a que se hubiere hecho acreedor el acusado por un cultivo no autorizado y proscrito por la Ley 8 de abril 1967; Orden de 15 de noviembre de 1994, sobre el control de sustancias catalogadas susceptibles de desviación y últimamente Ley 31/96, de 10 de enero, y Reglamento, RD 8651/97, de 6 de junio.

    Tercero: En cuanto al otro acusado, procede su absolución toda vez que conforme a la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SS 54/85, 84/85, 168/90, 47/91, y 182/91 entre otras) que establece que el principio acusatorio que informa el proceso penal, exige la actuación de una acusación, una defensa y un órgano judicial, cada uno con una función correctora, correspondiendo a la acusación ejercitar la acción penal que debe conocer la parte contraria y debiendo el órgano judicial resolver dentro de los límites determinados por esa acusación. Por tanto al no existir en el caso presente acusación por haber sido retirada por el Ministerio en el acto del juicio oral, es por lo que por los argumentos expuestos, procede sin mas declarar su absolución.

    Cuarto.- En aplicación del art 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las costas procesales se declararán de oficio.

    Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


    F A L L O


    QUE DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a PEDRO M. M. y a PEDRO JOSÉ M.B. de los hechos objeto de enjuiciamiento, declarando de oficio las costas causadas.

    Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber, que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Excma. AUDIENCA PROVINCIAL de Tarragona en el plazo de 10 días desde su notificación.

    Firme que sea la presente resolución dedúzcase testimonio y de conformidad con lo establecido en la Ley 3/96 de 10 de enero y del Reglamento, RD 865/97 de 6 de junio remítase a la Subdelegación de Gobierno de Tarragona para la incoación del correspondiente expediente sancionador que pudiera derivarse de los hechos enjuiciados.

    Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación en autos, la pronuncio, mando y firmo.
    La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
    Hazte socio AICC

    Comentario

    Trabajando...
    X