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ST BALEARES

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    MULTA CORCUERA
    Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 15 de septiembre de 1998.

    Transcribo los fundamentos de derecho y luego comento:

    ?El 20 de septiembre de 1993, a las 19,30 horas, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía número ... y ... extendieron Acta en la que se hizo constar que. el recurrente, D. José María, se encontraba en la plaza C., en la ciudad de Palma de Mallorca, en posesión de un porro y un fragmento de hachís.

    Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 10 resolvió decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, en virtud de lo dispuesto en los artículos 641.1 y 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comunicándolo así a la Administración demandada el 10 de noviembre de 1993.

    El 22 de febrero de 1994 se acordó la incoación de procedimiento administrativo sancionador, presentando alegaciones D. José María el 14 de marzo siguiente en las que adujo que el porro estaba en el suelo y en el coche había 'un fragmento de algo", interesando el resultado del análisis de la sustancia intervenida y prueba testifical del Sr. B. y del Sr. M.

    Al respecto, el Jefe Superior de Policía informó el 26 de abril de 1994 que D. José María se encontraba "fumándose un porro".

    Así las cosas, sin más, D. José María fue sancionado -9 de mayo de 1994- con multa de 100.000 pesetas por la comisión de infracción prevista en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92.

    El 30 de mayo de 1994 se presenté recurso ordinario contra la sanción en el que se aducía, entre otras cosas, que faltaba propuesta de resolución y acuerdo respecto a la prueba propuesta por el sancionado.

    La Delegación del Gobierno, órgano que había impuesto la sanción, informó el 6 de junio de 1994 que los argumentos del recurso ordinario "no desvirtúan el fundamento de la resolución impugnada".

    Con todo, la Dirección General de Política Interior -17 de febrero de 1995- anuló la sanción y ordenó retrotraer el procedimiento, aunque sólo para que se formulase propuesta de resolución.

    El 7 de marzo de 1995 se formalizó propuesta de resolución, presentando alegaciones D. José María el día 23 siguiente en las que, en lo que importa, se interesó por tercera vez que se resolviese en cuanto a la proposición de prueba para poder así defenderse de la imputación en el seno del procedimiento administrativo.

    En los folios 34, 35 y 36 del expediente obra el resultado del análisis de la sustancia intervenida, completado en el juicio con la precisión de "que el cigarrillo estaba entero, sin indicios de haber sido encendido".

    Sin embargo, aun sin resolver por el Instructor del expediente en cuanto a la prueba testifical propuesta, el Delegado del Gobierno acordó el 24 de junio de 1995 imponer sanción a D. José María en los términos antes expresados.

    Dicha resolución fue notificada a Dª Begoña el 12 de julio de 1995 en el domicilio del recurrente.

    El 18 de agosto de 1995 se presentó recurso ordinario contra la sanción en el que, naturalmente, por cuarta vez ya, se insistía en que se habla impuesto la sanción sin que se hubiese resuelto respecto a la procedencia de las pruebas propuestas por el expedientado para poder defenderse en el seno del procedimiento administrativo de la imputación que se le efectuaba.

    La Delegación del Gobierno informo el 21 de septiembre de 1995 que el recurso era extemporáneo, pero la Dirección General de Política Interior lo desestimó fundado, en lo que importa, en la consideración de que el período de prueba era potestativo -artículo 17.1 del Real Decreto 1398/93-.

    Agotada de ese modo la vía administrativa, se instala la controversia en esta sede, esgrimiéndose nuevamente en la demanda que no fue resuelta en el expediente la proposición de prueba que se vino reiterando desde las primeras alegaciones presentadas.

    SEGUNDO.- La posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sancionadora se configuran en un estatuto jurídico de garantías que comprende también el derecho de defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la atracción del artículo 24 de la Constitución.

    La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo.

    Ciertamente, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no s e encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial.

    En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 pone de relieve la independencia del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo, de modo que la indefensión que en aquél se cause no siempre cabrá subsanarla en la vía judicial, señalándose que: "La resolución administrativa debe dictarse, respetando el sistema de garantías establecido en las normas rectoras del procedimiento, sistema de garantías cuyo designio final es la defensa del administrado frente a la Administración. Si este sistema no se respeta, el acto administrativo resulta viciado. la defensa posible ante la Jurisdicción no elimina la realidad y significación jurídica de la indefensión producida ante la Administración, so pena de confundir los papeles de ésta y aquélla, no le corresponde a la Jurisdicción imponer las sanciones, de ahí que las garantías legales para su imposición no puedan cumplirse ante ella, cuya misión se reduce a controlar si tales garantías se observa ron o no por la Administración".

    La Ley 30/92 ha retenido el derecho constitucional de defensa -artículo 24- como derecho a alegar y probar en el marco del procedimiento administrativo sancionador -artículo 136-.

    Por tanto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del expediente sancionador.

    Ahora bien, en todo caso, cuando se declare la improcedencia de la prueba propuesta deberá efectuarse mediante resolución motivada -artículo 137.4, párrafo segundo, en relación con el artículo 80.3 de la Ley 30/92-.

    Sin embargo, lo que en el caso ha ocurrido es que la Administración ni siquiera ha declarado improcedencia de la prueba propuesta por D. José María. Más sencillamente, ni la denegó, ni la admitió, ni la practicó.

    En consecuencia, la resolución sancionadora ha vulnerado el derecho constitucional de defensa en el marco del procedimiento administrativo sancionador con omisión del trámite esencial como la práctica -o la denegación mediante resolución motivada- de la prueba testifical propuesta.

    Así las cosas, concurren casos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 62.1 a) y e) de la Ley 30/92.

    Cumple, pues, la estimación del recurso?.

    Comentario: lo que la Sala de Contencioso dice no es que sea improcedente la sanción administrativa en sí misma sino que la declara nula porque entiende que, para imponerla, hay que seguir un procedimiento administrativo en el que se respeten también todas las garantías constitucionales, incluida la presunción de inocencia, cosa que no se hizo al prescindir-omitir en el procedimiento administrativo en cuestión la prueba válidamente propuesta por el sancionado. Bonita vía para entorpecer los procedimientos sancionadores y para conseguir con posterioridad la nulidad de los mismos.
    La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
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