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3º CARTA

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  • 3º CARTA

    HOLA A TODOS
    HE RECIBIDO LA TERCERA CARTA Y NO ESTOY SEGURO DE QUE HAYAN PASADO LOS SEIS MESES CORRESPONDIENTES PARA QUE PRESCRIBA LA DE NUNCIA

    EL EXPEDIENTE SE ABRIO 6/2/04
    Y YO HE RECIBIDO LA CARTA EL 23/9/04
    PERO LA CARTA LLEVA UN SELLO EN EL QUE PONE:
    AYUNTAMENTO DE MURCIA REGISTRO GENERAL 26/7/04

    INTENTARE INTRODUCIR LA CARTA AL COMPLETO ,
    PERO QUERIA SEBER SI PUEDO VOLVER A RECURIR? EN EL CASO DE QUE NO HAYAN PASADO LOS SEIS MESES.
    Y SI HAN PASADO LOS SEIS MESES QUE CLASE DE CARTA TENDRIA QUE MANDAR


    ESPERO RESPUESTA, HASTA LUEGO Y MUCHAS GRACIAS.

  • #2
    Hola
    Dime
    Fecha del acuerdo de iniciación (la que viene en la primera carta)
    Cómo has recibido esta última carta? ¿has tenido que firmar? En qué fecha la has firmado?
    La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
    Hazte socio AICC

    Comentario


    • #3
      HOLA WARNOCK
      NO TENGO MUY CLARO CUAL ES:
      ESCRIBO TEXTUALMENTE

      EXPTE. Nº :2409/2003
      IMPORTE: 300.51 EUROS
      FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2004
      ASUNTO: NOTIFICACION DECRETO


      Y YA COMIENZA A PONER MIS DATOS Y SOLTAR EL ROLLO

      PERO ADEMAS DE LO QUE YA TE HE ESCRITO LLEVA UN SELLO DE SALIDA EN EL QUE PONE:

      AYUNTAMIENTO DE MURCIA
      REGISTRO GENERAL
      11.02.04 006371
      SALIDA
      -------

      ESTA ULTIMA CARTA LA HE RECIBIDO COMO LAS ANTERIORES, MEDIANTE UN FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION EN MI PROPIA CASA, LA TUVE QUE FIRMAR (QUE EN REALIDAD LA FIRMO MI HERMANA)
      Y FUE FIRMADA EL DIA :23/9/2004

      MI DUDA ESTA EN QUE EN ESTA ULTIMA CARTA EN EL SELLO DE SALIDA PONE:

      AYUNTAMIENTO DE MURCIA
      REGISTRO GENERAL
      26.07.04 028622
      SALIDA
      -------
      Y YA NO SE SI LA FECHA ES LA DE SU SELLO DE SALIDA O LA FECHA EN QUE RECIBI YO LA CARTA.

      MUCHAS GRACIAS WARNOCK Y HASTA PRONTO.

      Comentario


      • #4
        Contando tento desde la fecha del acuerdo (que es la de referencia) como de la salida del ayuntamiento, el procedimiento ha caducado, y corresponde el archivo de las actuaciones y la anulación de la sanción.A LA ATENCIÓN DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR

        EXP número xxx/xxx

        xxx, mayor de edad, con domicilio en calle x nºx portal x piso x , de la ciudad de xx, provincia de xx, C.P. xx, titular del DNI nº xxxxxx, ante esta Administración comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

        Que paso por medio del presente escrito a interponer en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA contra la resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno en xxxx, que adelantamos no ha sido notificada a esta parte ni publicada en legal forma, en el expediente más arriba referenciado, y ello en base a las siguientes:


        A L E G A C I O N E S


        PRIMERA: Que los hechos denunciados no son ciertos, debiendo deberse la denuncia a un error o a cualquier otra circunstancia, pues aunque efectivamente me encontraba el día de los hechos en el lugar que reza en la denuncia, no portaba sustancia estupefaciente alguna.


        SEGUNDA: (Lesión de derechos susceptible de amparo constitucional 24.2 CE) Que los informes analíticos emitidos no pueden ser tenidos como válidos, ya que siendo ésta la única prueba de cargo para iniciar este expediente sancionador, es necesario figuren en dicho informe analítico la composición química exacta de las sustancias que se dicen incautadas al expedientado con el fin de conocer el supuesto contenido .


        Que este dato no figura en el análisis remitido siendo por lo tanto aplicable el "in dubio pro reo" hasta conocer si la sustancias incautadas al expedientado contienen los porcentajes requeridos para poder ser declaradas como sustancias psicotrópicas o estupefacientes.


        Que el documento emitido como análisis no prueba que las sustancias incautadas al expedientado sean tóxicas o estupefacientes.


        Señalar también, que aunque el Art. 137.3 de la L.O. de 26 de Noviembre de 1992 en su primera parte otorga credibilidad y fiabilidad a los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad, no se observan en este caso los requisitos legales pertinentes para dicho reconocimiento, por lo que el documento emitido como análisis por la dependencia de sanidad de la subdelegación de Badajoz carece del valor probatorio exigible a dichas pruebas periciales, según se desprende de la segunda parte del enunciado del Art.-137.3 anteriormente citado.


        Así mismo, resulta contrario al principio de presunción de inocencia, recogido en el Art. 137.1 de la L.O. de 26 de Noviembre de 1992 el hecho de que se remitan simplemente los resultados de los análisis efectuados por el laboratorio pero no se especifique el método, modalidad o clase de pericia realizada.

        Mencionar a efectos de conocimiento del juzgador, que de acuerdo con lo expuesto en la legislación vigente (Ley 17/67 de 8 de abril de 1967, de normas reguladoras sobre estupefacientes) es necesario conocer el porcentaje de principio activo contenido en una sustancia para declararla como sustancia psicotrópica e incluirla en las listas prohibitivas internacionales.


        Siendo las sustancias motivo del expediente sancionador cantidades mínimas según consta en la denuncia realizada por la Guardia Civil, es lógico pensar que no se han aplicado correctamente las técnicas de Analítica expuestas en el Anexo C del Reglamento de la C.E.E. N.º 1164/89, técnicas analíticas necesarias para poder determinar la naturaleza estupefaciente o no de la sustancias incautadas al expedientado, siendo por lo tanto aplicable al caso la presunción de inocencia recogida en el Art. 24.2 de la Constitución Española.


        Insistir en que este informe analítico, el cual adolece de graves defectos técnicos, es la única prueba de cargo existente para determinar la comisión o no del ilícito administrativo y según nuestro criterio no ha quedado suficientemente probado tal ilícito administrativo, al haberse practicado una analítica que omite datos imprescindibles para conocer la verdadera composición y naturaleza de las sustancias intervenidas al expedientado.


        Que la omisión de estos datos van en perjuicio de las garantías legales del administrado y vulnera de una forma clara la presunción de inocencia recogida en el Art. 137.1 de la L.O. 30/92 de 26 de Noviembre y en el Art. 24.2 de la Constitución Española.


        TERCERA.- (Actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido)
        Que dicho análisis, el cual adolece de graves defectos técnicos y jurídicos, no ha sido emitido por el área funcional competente, pues mientras que los hechos se dicen cometidos en Asturias, siendo la Subdelegación del Gobierno que tramitó el procedimiento e impuso la resolución que ahora se impugna la de Cantabria, el tan mencionado análisis fue emitido por el área de sanidad de la Subdelegación del Cantabria, manifiestamente incompetente, con lo que se infringen normas procesales sustantivas en un procedimiento sancionador como el presente, así como la presunción de inocencia, por ausencia de una actividad probatoria conforme a las normas procedimentales fundamentales del procedimiento sancionador.

        CUARTA.- (Derecho a la mejor defensa posible)
        En la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recoge entre otros mi derecho constitucional a la mejor defensa posible, entendiendo a tal fin que no es suficiente con la notificación de la incoación del procedimiento sancionador sino que además es preciso que se me ponga en conocimiento los hechos concretos objeto de la denuncia y el resultado del análisis que dio lugar a la incoación del presente procedimiento por cuanto que la versión recogida en el escrito que me ha sido notificado dista mucho de la realidad según se podrá comprobar.

        QUINTA.- (art 24 CE)
        En Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en fecha 15-9-98 se decía literalmente: La posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración sancionadora se configuran en un estatuto jurídico de garantías que comprende también el derecho de defensa en el marco del expediente administrativo como consecuencia de la atracción del artículo 24 de la Constitución. La prohibición de indefensión es la cláusula de cierre del sistema de garantías del ciudadano en el procedimiento administrativo sancionador, acogiendo del conjunto de derechos del artículo 24 de la Constitución, entre otros, el derecho a proponer y practicar las pruebas convenientes para salvaguardar las posibilidades reales de defensa en el ámbito del mismo.
        Ciertamente, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado a que se lleven a cabo en el procedimiento administrativo todas aquellas pruebas que se propongan, de manera que el instructor del expediente no se encuentra desapoderado para enjuiciar la pertinencia de las mismas y ordenar la forma en que han de practicarse, pero, por encima de todo, debe procurar la efectividad del principio de igualdad de armas en el procedimiento, sin que quepa que cualquier irregularidad en ese sentido tenga que repararse en el proceso judicial.
        En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 pone de relieve la independencia del procedimiento administrativo y del proceso contencioso-administrativo, de modo que la indefensión que en aquél se cause no siempre cabrá subsanarla en la vía judicial, señalándose que: "La resolución administrativa debe dictarse, respetando el sistema de garantías establecido en las normas rectoras del procedimiento, sistema de garantías cuyo designio final es la defensa del administrado frente a la Administración. Si este sistema no se respeta, el acto administrativo resulta viciado. La defensa posible ante la Jurisdicción no elimina la realidad y significación jurídica de la indefensión producida ante la Administración, so pena de confundir los papeles de ésta y aquélla, no le corresponde a la Jurisdicción imponer las sanciones, de ahí que las garantías legales para su imposición no puedan cumplirse ante ella, cuya misión se reduce a controlar si tales garantías se observa ron o no por la Administración".
        La Ley 30/92 ha retenido el derecho constitucional de defensa -artículo 24- como derecho a alegar y probar en el marco del procedimiento administrativo sancionador -artículo 136-. Por tanto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el instructor del expediente ha de permitir la práctica de los medios de prueba que el presunto responsable crea convenientes, siempre, claro está, que no sean ilícitos y sí adecuados -término de la Ley 30/92- o pertinentes -término empleado en el artículo 24 de la Constitución-, no siéndolo únicamente en aquellos casos en que no guardan relación con los hechos o no son significativos para alterar, modificar o influir la resolución final del expediente sancionador.


        SEXTA.- Que nuestros derechos han sido limitados por la nulidad del procedimiento y de las pruebas, así como vulnerado el principio de presunción de inocencia y nuestros derechos constitucionales, entre otros el derecho a la libre circulación por el territorio nacional (art. 19 de la Constitución Española), el derecho a la libertad ideológica, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley (art. 16), el derecho a la intimidad y el honor de las personas (art.18). el derecho a no ser obligados a declarar sobre su ideología y creencias (art. 16-2) y la garantía del principio de legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras restrictivas de los derechos individuales y la seguridad jurídica.


        SÉPTIMA.- Que en la resolución misma de este expediente se cita la jurispruencia del TS (de lo penal de 8 de octubre de 1999, 31 de marzo y 6v de octubre de 2000) acorde con estimar que para que el cacheo sea legítimo basta con las simples sospechas, y el órgano resuelve en estos términos "si bien es cierto que se exige una previa y racional sospecha para realizarlo, no se requiere una manifiesta conducta que evidencie la tenencia de drogas para justificar la intervención policial". Dicho esto se advierte que la previa y racional sospecha que es admitida por el mismo órgano que resuelve el procedimiento no existió, pues ni la deuncia dela GC ni su posterior informe sobre las alegaciones de esta parte, hay atisbo alguno que justificase la previa y racional sospecha que en la resolución se admite que justificaría el cacheo. Es por esto que el cacheo debe considerarse ilegítimo y la prueba obtenida mediante él, nula de pleno derecho, siendo la única prueba de cargo contra esta parte.
        OCTAVA.- Que la Propuesta de Resolución, carece de soporte probatorio suficiente, según las normas legales, de obligado conocimiento por el instructor, así como la jurisprudencia referida.

        NOVENA .- Que se ha vulnerado mi derecho de defensa y el derecho a la igualdad de las partes por cuanto que no me ha sido remitida la documentación, documentos que se reputaron y que se siguen reputando imprescindibles para mi correcta Defensa y de los que se me ha privado con clara vulneración de los principios constitucionales que me asisten, no habiendo podido ejercer los mencionados derechos en base a la insuficiencia de la información suministrada compresiva de los hechos imputados.


        DÉCIMA .- (Derecho a valerse de Pruebas)
        Que se ha dado validez a un análisis, siendo así que ni siquiera se ha proveído sobre la solicitud de nuevo análisis con mi intervención, debiéndose reputar en consecuencia nula de pleno derecho dicha prueba por haberse obtenido con vulneración de los principios constitucionales.

        UNDÉCIMA .- Que el procedimiento ha caducado, habiendo transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento sancionador, de 6 meses a contar desde el xx de xx de 200x.

        DUODÉCIMA .- Que la infracción ha prescrito, puesto que los hecho imputados sucedieron el día x de x de 200x, y ha transcurrido el plazo de un año de prescripción de la infracción imputada.



        DECIMOTERCERA .- (PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA EFICACIA DEL ACTO)
        Esta parte solicita asimismo la suspensión de la ejecución de la resolución que ahora se impugna, en base al artículo 111 de la Ley 30/92, dado que la impugnación cumple los requisitos impuestos por el mencionado precepto para proceder a acordarla, como son:
        - Prejuicio de difícil o imposible reparación del perjuicio causado, al no percibir el expedientado siquiera el salario mínimo interprofesional y tener que hacer frente a un alquilar en su ciudad de trabajo, viéndose en el caso tener que afrontar el pago en la penosa situación de perder el alquiler.
        - Impugnación fundamentada en las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, tal y como acontece con el escrito que se presenta.
        DÉCIMO CUARTA: Que aunque la infracción supuestamente cometida hay que calificarla por imperativo legal como de caracter GRAVE (sic), la aplicación del principio de proporcionalidad que ha de informar, tanto en el ámbito penal como en el administrativo sancionador la actuación de los poderes públicos, solicitamos que en caso de no ser estimadas las demás alegaciones, se imponga en la presente resolución una sanción de 100€,cantidad muy superior al precio de lo incautado, y no de 300,51 €, mínima fijada para sancionar conforme a la normativa vigente, infracciones de caracter GRAVE, dadas las circustancias que obran en el expediente, por entender que es mas ajustada a derecho.


        En su virtud de lo expuesto
        La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
        Hazte socio AICC

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        • #5
          gracias warnock por toda la informacion facilitada durante todo el proceso

          es posible que encuentres este mesaje en otro lugar ademas de este es que me lio un poco con submit repply o preview reply, bueno.

          me he dado cuenta al leer las alegaciones de que ademas de librarte por el trascurso de seis meses desde el comienzo del expediente sancionador, ¿tambien te puedes librar si pasa un año desde que te pillaron? aun que no seria el caso.

          entonces si ellos ya estan fuera de plazo y yo mando estas alegaciones dentro de los quice dias de plazo, (aunque ahora me dan 30 pero para alegar a lo judicial) el proceso ya ha acabado y no recibire mas carta o debo recibir alguna otra carta en la que me diga que estoy esento de la infraccion?.


          mil gracias, y una sonrisa en mi rostro, gracias.

          Comentario


          • #6
            Prescribe si pasa un año desde que te pillaron y no se inicia el procedimiento de la sanción, pero siempre lo alegamos por si cae.
            Deberías recibir otra carta, admitiendo o denegando el recurso de alzada.
            A ver qué dicen
            La minoría de personas que tienen problemas con una droga son puestos como ejemplo de lo mala que es, pero se pasa por alto a la mayoría que, consumiéndola, no los tiene. edhelday
            Hazte socio AICC

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