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3 buenas sentencias sobre tema corcuera

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  • 3 buenas sentencias sobre tema corcuera

    Me llegó hace días la nueva entrega de El Derecho y no he aprovechado hasta hoy para echarle un vistazo. He encontrado diversas sentencias sobre temas de cacheos y otras lindezas corcuera en general que por su interés trato de extractaros. Ahí van:

    1.- TSJ Valencia , sec. 3ª , S 21-03-2001. Pte: Nieto Martín, Fernando

    RESUMEN.- Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que acordó imponer al actor una sanción patrimonial y la incautación de sustancias tóxicas por la comisión de una infracción administrativa grave en materia de seguridad ciudadana: tenencia de drogas. No aparece en el boletín de denuncia cual fue el modo de obtención de la droga encontrada en la cartera de documentos del demandante: exhibición y entrega voluntaria de la misma, o examen forzoso instado por los funcionarios de Policía. Ya en sede administrativa se opuso el examen irregular de la cartera, por haberse efectuado contra la expresa voluntad de quien se vio afectado por la actividad de control público que dio lugar a la aprehensión de una cierta cantidad de sustancias tóxicas.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Es objeto de impugnación en este recurso contencioso-administrativo la resolución adoptada el día 22 de noviembre de 1996 por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, confirmada en vía de recurso el 6 de junio de 1997 por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, que acordó imponer a D. David una sanción pecuniaria de 50.100 pesetas y la incautación de sustancias tóxicas por la comisión de una infracción administrativa grave en materia de seguridad ciudadana consistente en "la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas" conducta que se encuentra tipificada en el artículo 25.1 LO 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana .

    Esta atribución de responsabilidad parte de las declaraciones recogidas en el boletín de denuncia 666/1996, de 6 de julio, de la Guardia Civil de la localidad de Tavernes Blanques, de conformidad con el que a las 2,55 horas de la madrugada de ese día y encontrándose el sancionado en el aparcamiento de la discoteca "R." (localidad de Meliana), "al ser identificado se le encontró en el bolsillo hachís".

    A partir de un argumento nuclear se articula la pretensión de invalidez que en el proceso formula la parte recurrente: la actividad de control desarrollada por la Guardia Civil del Puesto de Tavernes Blanques no comprobó que el ahora recurrente dispusiese de una cierta cantidad de droga tóxica de forma visible, aparencial, sino que ésta se obtuvo -según la tesis mantenida por la Administración demandada en sede del correspondiente expediente sancionador- tras practicar un registro personal a D. David.

    Y, de este modo, en el escrito de demanda se detalla (hecho primero) que "... se refleja en la denuncia que la sustancia prohibida se encontraba en un lugar no visible, como un bolsillo, que ha de quedar en la esfera de la intimidad de mi patrocinado, desde nuestro punto de vista, el hecho de tener en el bolsillo, es decir, en un lugar destinado a la privacidad, una mínima sustancia legal no supone tenencia ilícita sino mediante una interpretación extensiva de la norma".

    En segundo término, la defensa en juicio del demandante opone la falta de veracidad de las afirmaciones nominales mantenidas por parte de los funcionarios de la Guardia Civil que levantaron la denuncia mencionada "supra" y que formularon el documento de ratificación que obra al folio 14 del expediente administrativo:

    "... que en la fecha, lugar y hora consignados en la correspondiente denuncia, al proceder al cacheo e identificación del denunciado ante la sospecha de que pudiera portar algún estupefaciente, le fue hallada la sustancia motivo de la denuncia en uno de los bolsillos del pantalón" a la vista de que "mi patrocinado indica que se procedió a registrar el vehículo de su propiedad y que precisamente a él no le fue ocupada sustancia ilegal alguna", "... se opta por dejar indefenso a mi patrocinado al no acordarse la práctica de diligencias de descargo".

    El Sr. Abogado del Estado, por su parte, destaca que la representación procesal de D. David no toma en consideración la presunción de certeza que el ordenamiento jurídico (artículo 137.3 Ley 30/ 1992 ) concede a los hechos objetivos comprobados por parte de los agentes de la autoridad: aquí, tenencia de drogas tóxicas.

    La certeza legal de la conducta ilícita que se asigna a éste.

    "... se han respetado escrupulosamente las garantías del procedimiento sancionador, concediéndose en todo momento plazo para realizar alegaciones al interesado ..." (FD cuarto, escrito de contestación a la demanda).

    SEGUNDO.- La Sala ha resuelto ya un conflicto de tintes objetivos similares al que es objeto de enjuiciamiento en esta litis al haber concedido una respuesta a la alegación de la parte actora en los autos que dieron lugar a la sentencia 1.320/1997, de 18 de diciembre, y, del mismo modo, en una sentencia de 15 de septiembre de 1998 según las que el control de los documentos y objetos que un ciudadano lleve en su cartera de objetos personales supone una actuación ajena a la órbita de potestades públicas que el ordenamiento jurídico, y a los efectos de la protección de la seguridad ciudadana, concede a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

    En esta resolución judicial se incidía sobre dos presupuestos al objeto de alcanzar la conclusión de ilicitud de la conducta policial en cuestión: a.- no aparecer en el boletín de denuncia cual fue el modo de obtención de la droga encontrada en la cartera de documentos del demandante: exhibición y entrega voluntaria de la misma por parte de éste; examen forzoso instado por los funcionarios de Policía de que se trate; b.- haber opuesto ya el recurrente, en sede administrativa, el examen irregular de esa cartera de documento, por haberse efectuado contra la expresa voluntad de quien se vio afectado por la actividad de control público que dio lugar a la aprehensión de una cierta cantidad de sustancias tóxicas. De estos dos presupuestos ambos se respetan en el proceso lo que, para la Sala y del modo en que luego se explicitará, permite extrapolar el criterio fijado en lo que hace a ese análisis de documentación en relación con el que los únicos datos de aportación objetivo que constan en el expediente administrativo son los ya recogidos "supra" "al proceder al cacheo e identificación del denunciado le fue hallada la sustancia motivo de la denuncia en uno de los bolsillos del pantalón", y ello tomando en esencial consideración los límites legales recogidos en la LO 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en lo que hace al cauce instrumental preciso para obtener la incautación de la droga que, para su propio consumo, porte algún ciudadano.

    Y es aquí se obvia la limitación objetiva que, a este respecto, incluye el artículo 19.2 de tal disposición legal según el que "para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos".

    Dice, en esta sede, la sentencia 1.320/1997:

    "En esta denuncia no se detalla, con la precisión suficiente, si la cantidad de "hachis" que portaba en tal fecha D. David apareció de forma visual y aparente ante los funcionarios actuantes de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en el momento de mostrar la persona cuya identificación se había solicitado su cartera de documentos o si, por el contrario, la droga fue incautada en función del examen no voluntario o forzado de dicha cartera y ello a pesar de constar en tales documentos la filiación concreta del aquí recurrente y la propiedad del ciclomotor que conducía; la especificación de estas opciones fácticas resulta de indudable trascendencia al objeto controvertido en la litis, dado que el legislador estatal posibilita, con exclusividad, la identificación de aquellos ciudadanos a los efectos del "ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomienda la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", pero no el cacheo o el control de sus bienes fuera del supuesto de hecho que define el artículo 19.2 de ese texto leal : "Para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos".

    Ello así, sólo la presencia visual de la droga en la cartera de documentos de D. David, presencia derivada de forma automática e inmediata de la labor de identificación que estaba desarrollando la Guardia Civil del puesto de Tabernes Blanques en el aparcamiento de la discoteca "R.", de Meliana, justifica una "ocupación" legítima y conforme a Derecho de ésta, ejecución fáctica de la aprehensión de la droga que, según lo ya expuesto "supra", no coincide con la realidad vigente el 6 de julio de 1996.

    Lo expuesto impone, por tanto, la estimación de la pretensión impugnatoria articulada en el proceso por la parte actora, sin imposición de las costas procesales causadas en estos autos a ninguno de los litigantes (artículo 131 LJ ).

    COMENTARIO.- Resuelve el tema de los cacheos abusivos de los asnetes de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del estado en el sentido de que se consideran ilegales si se hacen de lugares o de cosas que pertenecen a la intimidad (la cartera, los bolsillos, supongo que las guanteras de los coches que están cerradas –esto me lo digo yo-, etc.). Bien, coño, bien!

    2.- TSJ Cast-León (Bur) , S 16-02-2001, Pte: Sáez Chacón, Carmen

    RESUMEN.- La Sala estima el recurso formulado frente a resolución sancionadora, por infracción administrativa leve en materia sanitaria. Concluye al respecto que los agentes intervinientes no se han ratificado en su denuncia, ni en vía administrativa ni, posteriormente, en vía judicial, ratificación necesaria cuando el denunciado niega formalmente los hechos, por lo que no puede entenderse que aquélla tenga atribuido el especial valor probatorio a que se refieren los arts. 137, 3 Ley 30/92 y 17, 5 RD 1.398/93, sin que la Administración haya efectuado la actividad probatoria de cargo suficiente para entender acreditados los hechos.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- Se impugna a medio de este recurso jurisdiccional la resolución de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, de fecha 26-8-98, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto por el actor contra la dictada por el Delegado Territorial de Burgos de 3-3-96, que le impone una sanción de multa de 250.000 ptas. por la comisión de una infracción administrativa leve en materia sanitaria, consistente en el suministro de bebidas alcohólicas de más de 18º a un menor de 18 años.

    CUARTO.- El recurrente niega los hechos imputados y alega que se ha conculcado el derecho a la presunción de inocencia.

    El Tribunal Supremo ha venido declarando con reiteración que existe una identidad plena entre los principios que informan el Derecho administrativo sancionador y la potestad punitiva penal, y como uno de los principios cardinales del Derecho Penal contemporáneo es aquel que proclama la presunción de inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada, principio consagrado al máximo nivel normativo en el art. 24 de la Constitución, es claro que, como ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia de 16-12-86, dicha presunción produce la inmediata consecuencia procesal de desplazar la carga de la prueba del acusador, y en este caso de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en el correspondiente procedimiento contradictorio, debe aportar los elementos de prueba que sirvan de soporte al supuesto de hecho cuya calificación como falta administrativa se pretende, y si tal actividad probatoria no se ha producido, es evidente que el relato o descripción de los acontecimientos por la autoridad o sus agentes no supone una presunción de veracidad que obligue al inculpado a demostrar su inocencia, invirtiéndose así la carga de la prueba (STS 5-3-96 ).

    QUINTO.- En el presente caso, los hechos constitutivos de la infracción se recogen en la denuncia formulada por los agentes de la Guardia Civil, sin embargo, tales hechos han sido negados en todo momento por el denunciado.

    Queda acreditado en autos que en el expediente sancionador número ..., seguido ante la Subdelegación del Gobierno en Burgos, con el Pliego de Alegaciones, el demandante presentó una declaración manuscrita de D. Gontxal, firmada también por D. Esteban, según la cual el combinado de Licor 43 con Coca-Cola era para el último -mayor de 18 años-, quien al momento de levantarse la denuncia por la Guardia Civil había salido a su casa a por la cartera que había olvidado, siendo la razón de que no explicaran tal extremo el nerviosismo que les produjo el insistente registro de los Agentes por si llevaban "una china de hachís".

    Queda incorporada a los autos una copia autenticada remitida por la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

    Tal declaración viene ratificada en vía judicial mediante prueba testifical de ambos firmantes, D. Esteban, quien nuevamente afirma que el combinado estaba siendo consumido por él y que abandonó momentáneamente el local por haber olvidado la cartera, y D. Gontzal, quien confirma lo anterior y dice estar consumiendo una cerveza cuando fueron abordados por miembros de la Guardia Civil.

    Frente a ello, los agentes intervinientes no se han ratificado en su denuncia, ni en vía administrativa ni, posteriormente, en vía judicial, ratificación necesaria cuando el denunciado niega formalmente los hechos, por lo que no puede entenderse que aquélla tenga atribuido el especial valor probatorio a que se refieren los arts. 137.3 de la Ley 30/92 y 17.5 del RD 1.398/93, de 4 de agosto , sin que la Administración haya efectuado la actividad probatoria de cargo suficiente para entender acreditados los hechos, procediendo, en consecuencia, estimar el recurso por concurrir la causa de nulidad prevista en el apartado a) del art. 62 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

    COMENTARIO.- Los hechos no versan exactamente sobre el hachís sino que iba sobre un tema de menores y de alcohol, pero a los efectos que nos interesan resulta que se entiende que no existe hay presunción de veracidad si el expedientado niega los hechos, obligando con dicha negativa a los agentes a ratificar su denuncia. Bueno, tampoco está mal.

    3.- TSJ Murcia , sec. 1ª , S 22-12-2000, Pte: Castillo Rigabert, Fernando

    RESUMEN.- Pese a rechazar la Sala la falta de competencia sancionadora del delegado de gobierno, la prescripción de la infracción grave y la caducidad del expediente sancionador, estima el recurso y anula la multa impuesta por falta de tipidicidad de la conducta imputada.Y ello porque, siendo la acción ilícita el consumo en lugares públicos de sustancias tóxicas o su tenencia ilícita, aunque no esté destinada al tráfico y siempre que no constituya infracción penal, de los hechos reconocidos se constata que el actor se encontraba al momento del "cacheo" en el interior de un vehículo, en una zona rural sin concurrencia de persona alguna salvo un acompañante y sin consumir, lo que en modo alguno es subsumible en la norma aplicada.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- A las 00'10 horas del día 20 de septiembre de 1997, la Guardia Civil intervino al ahora demandante, en el paraje "C." de Fuente Alamo, 0'34 grasmos de resina de resina de cannabis (hachis) que llevaba en el interior del bolsillo de su pantalón. Incoado el correspondiente expediente sancionador, por posible infracción del art. 25. 1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y tras su tramitación, se impuso una sanción de multa de 51.000 ptas. Interpuesto recurso ordinario fue desestimado por el acto que se recurre en esta vía jurisdiccional.

    CUARTO.- A pesar de la desestimación de todos los motivos de impugnación referidos al procedimiento, que fue legalmente tramitado, y a pesar de que los hechos han quedado debidamente acreditados por las pruebas practicadas, la Sala ha de estimar el recurso puesto que los hechos probados carecen de tipicidad, cuestión que es controlable de oficio por este Tribunal. El art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana sanciona, como infracciones graves, el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. El informe emitido por los Guardias Civiles actuantes deja claro los siguientes extremos:

    a) que el lugar donde fue sorprendido el denunciado es una zona rural donde no existe vecindario;

    b) que salvo el denunciado y su acompañante no había más personas;

    c) que ambos se hallaban en el interior de un vehículo;

    d) que no se encontraba consumiendo sustancia estupefaciente alguna.

    De tan rotundas manifestaciones, la Sala concluye que la conducta es atípica, pues estaban en el interior del vehículo, en una zona rural sin concurrencia de persona alguna. Procede, por tanto, la estimación del recurso.

    COMENTARIO.- Tampoco está mal. Sigo mirando.

    Un saludo.

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